Empieza el primer juicio por supuesto enriquecimiento ilícito

Todo llega. Un funcionario público rendirá cuentas sobre su patrimonio por primera vez en la historia de la provincia. El ex juez federal N°2, Felipe Federico Terán, protagonizará el debut de este tipo de juzgamiento hoy a partir de las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF). Se trata del mismo estrado que ya lo condenó en 2014 -mediante una sentencia que aún no está firme- por maniobras con títulos del Estado afectados por la cesación de pagos declarada en 2002. Al igual que en esa ocasión, la suerte del acusado estará en manos de sus ex pares Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga.

La defensa pública de Terán tiene por delante la tarea de demostrar que puede justificar los aumentos que experimentó su patrimonio entre 1999 y 2005. En la última peritación, siete expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Defensoría General de la Nación concluyeron que el incremento sin causa asciende a $ 550.000 o U$S 183.000 según la cotización de la época. Un perito convocado por el ex juez, Ricardo Augusto Sal, manifestó, por el contrario, que los números cierran perfectamente.

En el período 1999-2005, Terán adquirió cinco inmuebles (uno en la provincia de Buenos Aires; tres en San Miguel de Tucumán y uno en Raco), y dos vehículos (un Mercedes Benz C250 y una camioneta Toyota Hilux), y vendió una propiedad en la capital del país y dos autos (un Renault Twingo y otra camioneta Toyota). Su familia vivía de los salarios del juez y de la jubilación de su esposa, Luisa Chiarello. Además, tenía un préstamo del Banco Nación.

El lapso investigado abarca los dos últimos años de ejercicio de la magistratura federal en Catamarca y los primeros del desempeño en Tucumán, donde Terán reemplazó al ex juez federal N°2, Ricardo Maturana. El funcionario cuestionado permaneció en ese despacho -hoy ocupado por Fernando Luis Poviña- hasta 2006, cuando el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó. Este desenlace -también inédito en la provincia- obedeció a las irregularidades detectadas en el trámite de juicios con títulos en default por una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación. Esa fiscalización también precipitó, en 2007, la renuncia con fines jubilatorios del ex juez federal N°1, Jorge Parache, quien no enfrentó juicios pese a haber recibido imputaciones más graves que las que determinaron la condena de Terán.

Prolongado durante 14 años, el proceso relativo al posible enriquecimiento ilícito dará pie a un juicio oral de dos días. En principio y si la exposición de las pruebas se desarrolla sin contratiempos (por ejemplo, la adhesión al paro convocado para las 10 de hoy por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional), el TOF daría su veredicto este mismo viernes. El Código Penal dispone que el funcionario público que cometiere el delito de enriquecimiento ilícito será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Aún si el tribunal considerara culpable a Terán por segunda vez, este no iría a la cárcel (se informa por separado).

El origen de la causa se remonta a una presentación del ex fiscal provincial Héctor Abraham Musi quien en 2003 denunció que Terán poseía numerosos inmuebles y vehículos imposibles de justificar con el ingreso que percibía como juez de primera instancia. En esa época, Terán controlaba una investigación que conectaba a Musi con la venta de vehículos todoterreno robados. Luego, el ex fiscal -destituido por la causa de las “4x4”- quiso retirar la denuncia, pero ya era tarde porque el delito en cuestión es de acción pública y debe ser investigado incluso de oficio. En 2015, Terán había dicho que estaba mal económicamente y que “se sentía para el diablo”.

El ex juez federal N°2, Felipe Terán, no iría a la cárcel aunque el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) considerara que se enriqueció en forma ilícita. Si fuera hallado culpable, podría recibir una segunda condena de ejecución en suspenso (tres años o menos de prisión). Pero todavía si los camaristas Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga impusieran una pena de prisión efectiva, el ex magistrado la cumpliría en su domicilio en razón de su edad (72 años). Terán ya recibió una pena de prisión de ejecución condicional y de inhabilitación especial de parte del mismo tribunal en septiembre de 2014, al ser juzgado por las maniobras con títulos públicos contenidas en las causas “Borquez” y “Camandona”. El beneficio de la libertad condicional, que aún está siendo discutido en la Cámara Federal de Casación Penal, no peligra puesto que el artículo 27 del Código Penal dispone que la suspensión cae por delitos cometidos a posteriori de la primera condena firme y no antes, como es el caso de Terán.

Si bien el ex magistrado será el primer funcionario público juzgado por posible enriquecimiento ilícito en Tucumán, este tipo de imputación rara vez llegó a juicio en el país, aunque las denuncias son cada vez más frecuentes. La Justicia sobreseyó al ex gobernador cordobés Eduardo Angeloz en 1998 y condenó a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray en 2004. En la provincia, hay procesos abiertos por supuesto enriquecimiento ilícito contra el gobernador Juan Manzur (fue sobreseído en el período 2009-2010); el secretario de la Legislatura, Claudio Pérez; el intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, y el matrimonio de funcionarios oficialistas que forman Alberto Olea y María del Carmen Carrillo, entre otros.