Política y seguridad

14 Nov 2017

Como ocurre cada semana desde hace meses, los rumores de cambios en el área de Seguridad vuelven a recorrer de punta a punta los pasillos de la Casa de Gobierno. Sus autores son los mismos que pasan gran tiempo haciendo política con la seguridad y no políticas para frenar la inseguridad. Ese flagelo que desangra a una sociedad dividida y harta por la falta de respuestas que, obviamente, no se conseguirá de un día para el otro, a pesar de las fórmulas que puedan presentar aquellos que aspiran ocupar esos cargos.

El mismo gobernador Juan Manzur reconoció que es probable que realice algunos retoques, pero nada más. Los oportunistas aprovecharon esas palabras para encender la usina de rumores. Hubo versiones lógicas, como sacarle la cartera de Seguridad al ministro Regino Amado, que seguirá al frente de Gobierno y Justicia, y pedirle la renuncia al secretario Paul Hofer. Pero hubo otras descabelladas, como la de cambiar a todos los comisarios de los puestos clave de la Policía de la Provincia. Es lógico que ello ocurra si son desplazados el jefe y el subjefe de la fuerza, pero no cuando diciembre está muy cerca. Ese no es un mes más, sino en el que se disparan las tasas de delitos porque hay mayor cantidad de dinero en efectivo en la calles, mayor actividad comercial y porque las personas suelen perder la poca tolerancia que tienen.

Manzur es un hombre precavido. No quiere adelantarse porque sabe que no puede cometer errores. Amado es un viejo zorro de la política al que quiere preservar para otras cuestiones, como por ejemplo, mantener en línea a los empleados estatales, como lo hizo en cada una de las paritarias de los dos últimos años, y haber sofocado algunos principios de incendios que se desataron en la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial. Hofer es un técnico, no un político que no pataleará si es que llegara a ser desplazado. Sabe que su plan Integral de Seguridad es rechazado en la provincia, pero aplaudido por las autoridades de la Nación por los resultados positivos que consiguió. Esos números podrían abrirles las puertas en otras provincias. Manzur piensa. Esos motivos dan vuelta en la cabeza del gobernador y es muy probable que sean las razones de la demora.

En realidad, a los tucumanos no les interesan mucho las cuestiones políticas, sino que se luche más contra la inseguridad. Saben que algo malo está pasando en la provincia y que se necesita más esfuerzo. En las estadísticas se pueden encontrar algunas pruebas para demostrar qué está pasando. En lo que va del año, según los casos publicados por LA GACETA, se produjeron 38 homicidios en situación de robo. De ese número, 15 personas murieron al ser atacadas por sus asaltantes, otros 16 presuntos ladrones fallecieron mientras delinquían, a cuatro les arrancaron la vida por intentar evitar un atraco y tres dejaron de existir por quedar en medio de robos.

En medio de esos números hay una historia que prueba que a la inseguridad no sólo se la combate con más patrulleros y con más policías. Se trata de un caso real que merece ser repetido una y otra vez para entender lo que está sucediendo en la provincia. La mujer de Diego Alfredo Díaz (31 años) se presentó en una comisaría para averiguar el paradero de este último. Con una honestidad brutal dijo que se había ido a robar junto con tres cómplices al cerro San Javier el jueves por la noche y que no había regresado a su casa. Los policías le dijeron que había muerto por los tres balazos que recibió por parte de un “justiciero”. “La declaración de esta mujer es a la vez sincera y chocante con nuestros valores. La delincuencia también va aumentando porque cada vez hay más factores que influyen en la exclusión social, como la política, la educación y el Gobierno, que hoy tiene otra mirada con respecto a la marginalidad y hasta con la protesta social”, opinó el abogado Andrés Villafañe, al hablar sobre este caso.

En la vereda del frente están los que no quieren ver una realidad social que excede los planes de corto plazo. Son los desubicados que celebran el “uno menos”. Son los que aplauden cada vez que un presunto delincuente cae abatido por las balas de un civil o de algún miembro de la fuerza de seguridad. “Mucha gente se alegra o aplaude cuando la víctima de un robo, para defenderse, mata al atacante. No tienen la más mínima idea de lo que les sucede después. Los que viven esta situación sufren un verdadero calvario y les puedo asegurar que es muy probable que no se recuperen nunca más”, dijo Álvaro Zelarayán, defensor de un comerciante que acabó con la vida de un supuesto ladrón al que descubrió robando su corralón.

A los que hacen política con la seguridad pareciera no haberles llamado la atención un pequeño detalle: por cuarta vez en menos de un año, el narcotráfico se abrazó de alguna manera a los dirigentes de nuestra provincia. Antonio “Tony” Lobo, sospechado de liderar una banda narco a escala internacional, se había amontonado al oficialismo para ungirse candidato a delegado comunal de El Puestito, departamento Burruyacu. El detenido habría elegido un lugar estratégico para cumplir con sus aspiraciones. Ese sector de la provincia limita al norte con Salta y al este con Santiago del Estero. Para los investigadores, es el sector donde llega (por vía terrestre y aérea), se acopia y se distribuye droga. La que invade nuestras calles y la que consumen el 80% de los que se presentan en Tribunales por haber cometido un delito.

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