Graves sucesos políticos en 1917

Hace justamente un siglo, en noviembre de 1917, tuvieron lugar en Tucumán incidencias políticas muy serias, que ocuparon la primera plana de la prensa nacional. Vale la pena echarles una comprensiva plumereada. Desde abril de ese año, conducía la provincia el primer gobernador de la Unión Cívica Radical que registraba su historia: Juan Bautista Bascary. Era un solterón de 45 años, mundano de la alta sociedad, viajero y lleno de amigos. Tenía excelente posición económica, como consignatario de azúcares. Su única experiencia política, hasta entonces, era una banca de concejal municipal.

El problema era que carecía de una Legislatura que lo respaldara. Tanto en Senadores como en Diputados, la mayoría estaba formada por la fracción conservadora del radicalismo dividido (la UCR “azul”) y el Partido Liberal, mientras tenían insignificante número los representantes de la UCR “roja”, el partido del gobernador. Era bastante previsible que, a poco de andar, se produjera un conflicto.

Opina el ministro

El 19 de mayo cayó sobre Bascary el primer problema. Su ministro de Hacienda, el doctor Miguel de la Rosa, había declarado a la prensa que durante la administración conservadora anterior se habían producido defraudaciones. Con presteza, el diputado liberal Raúl Colombres logró que se aprobara una minuta de interpelación para aclarar ese punto.

En vez de concurrir al recinto, el ministro De la Rosa contestó la interpelación por nota. Esto porque, argumentaba, era notoria la posición adversa al Poder Ejecutivo de la mayoría de la Cámara, y “la presencia de un secretario de Estado pudiera resultar incompatible con los respetos que recíprocamente se deben con la Honorable Cámara”. Pero la Honorable Cámara no se dio por satisfecha con la respuesta y nombró una comisión para que investigara las supuestas irregularidades.

El 16 de octubre empezó a considerarse el dictamen de esa comisión, en presencia del ministro De la Rosa y de su colega de Gobierno, el doctor Ignacio Toledo (h). Fue una sesión turbulenta, donde el ministro de Hacienda se trenzó en ásperos diálogos con los legisladores. Pasaron a cuarto intermedio.

Cámaras cerradas

Pero la sesión nunca se reanudaría. El día 23, Bascary acudió a un recurso singular. Considerando “la actitud obstruccionista y agresiva” de Diputados, en un decreto resolvió solicitar la intervención federal a la Provincia, para normalizar “la situación creada al Poder Ejecutivo”. Al mismo tiempo, declaraba interrumpidas las relaciones con Diputados, suspendía sus sesiones y clausuraba el recinto. Como el Senado condenó enérgicamente tal disposición, Bascary la adoptó también respecto a esa Cámara, por otro decreto, del 27 de octubre.

Dada la orden de clausura, Diputados optó por sesionar en una casa particular de calle Alsina -hoy Las Heras- 150. Y ese mismo día 27, un grupo de ciudadanos le presentaba un pedido de juicio político al gobernador Juan Bautista Bascary, por “el atentado de suma gravedad” que implicaba el decreto de cierre de la Legislatura. También pedía enjuiciar a los ministros, por haber refrendado los decretos.

El 29, el pliego pasó a comisión, y el 30 la Cámara declaró que había lugar “a la formación de causa de juicio político” contra los tres acusados. En consecuencia, quedaban suspendidos en sus cargos tanto Bascary como los ministros Toledo y De la Rosa.

El P.E. en una casa

De inmediato el presidente del Senado, doctor León Rougés, se presentó a la Casa de Gobierno para hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Pero Bascary se negó a recibirlo, y por medio del secretario le pidió que se retirara del palacio. Tampoco quiso recibir la nota, enviada por correo, donde se lo notificaba de la suspensión.

Entonces, Rougés resolvió constituir el Poder Ejecutivo en su domicilio de Crisóstomo Álvarez 708, casa de su familia política, los Heller. Y, hasta que se nombraran ministros, designó subsecretarios de Hacienda y de Gobierno a dos abogados, los doctores David León Medina y Rodolfo Sosa, respectivamente. Esto a la vez que telegrafiaba al Ministerio del Interior, para requerir el envío de la intervención federal.

La tensión iba subiendo, atizada sobre todo por el diputado nacional liberal Melitón Camaño, quien instaba, en desbocadas publicaciones y volantes, a no obedecer a Bascary y a no pagar impuestos, por hallarse la gobernación, sostenía, en estado de acefalía. Entretanto, el Senado también celebraba reuniones en casas particulares: primero en el estudio del doctor Abraham de la Vega, en Crisóstomo Álvarez al 400 y luego en Congreso 30.

Intimación

Luego de la resolución sancionada por Diputados, dispuso el Senado, de acuerdo con el protocolo de la Constitución, constituirse en tribunal de juicio político. Notificó entonces al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Miguel M. Campero, para que presidiera la corporación en ese carácter.

Campero se excusó, alegando su parentesco político con el gobernador. Pero el planteo fue rechazado rápidamente por el Senado. Así, el día 2 de noviembre se presentaba el titular de la Corte en la calle Congreso, para asumir su función de presidente de la Cámara alta. Los senadores juraron y el cuerpo quedó listo para encarar el juicio político. Se fijó el lunes 5, a las cinco de la tarde, para dar lectura pública a la acusación

Pero ese día 5, Bascary tomó medidas directas. En primer lugar, intimó a Rougés a abandonar la provincia, hasta que el Ejecutivo Nacional resolviera sobre la intervención solicitada. Por otro decreto, declaró prohibida toda reunión de diputados o de senadores, y encargó a la Policía sacar del territorio de Tucumán a quienes resistieran a la prohibición. Y a las 15.30 mandó allanar el local provisorio del Senado. Entonces, los senadores se trasladaron a la casa del doctor Rougés, donde estaban ya reunidos varios diputados, además del congresal Camaño.

Intervención

Poco después, la Policía llegó a Crisóstomo Álvarez 708. Forzó sin miramientos la reja metálica de ingreso a la residencia, y procedió a arrestar a los doctores Rougés y Camaño, así como a los senadores Luis M. Poviña, Ignacio Lobo y Pablo S. Álvarez. Todos fueron sacados de la provincia. Hubo además otros allanamientos y arrestos.

Es de imaginar el escándalo que suscitaron tales sucesos. Su relato se convirtió en título principal de los diarios de Buenos Aires. Tan fuerte era el ruido, que la Casa Rosada no tuvo más remedio que actuar.

El 7 de diciembre, el presidente Hipólito Yrigoyen dictó un decreto que declaraba intervenida la provincia de Tucumán, “a fin de estudiar el conflicto suscitado entre los poderes públicos de ese estado, para restablecer la forma republicana de gobierno”, según rezaban los considerandos.

La intervención federal llegó el 26 de diciembre, a cargo del doctor Juan M. Garro. Poco después, quedaría en manos de su ministro, el doctor Julio B. Lezana. Los comisionados trabajarían para obtener la renuncia de Bascary, sin éxito, mientras se elaboraba un extenso informe, para el Ejecutivo Nacional, sobre la cuestión.

El tiempo arregla

Pero el tiempo arregló en cierta manera el asunto. Fueron caducando los mandatos de los legisladores de la oposición, y la intervención llamó a elecciones en 1918. La Unión Cívica Radical -ya unidos “rojos” y “azules”- ganó los comicios, y las bancas se cubrieron con legisladores adictos a Bascary.

El comisionado Lezana le devolvió entonces el gobierno, y Bascary empezó su segunda etapa, el 27 de julio de ese año. No tendría más suerte que en la anterior. Cuatro ministros de Gobierno y tres de Hacienda que debió cambiar en 29 meses, dan la pauta de sus dificultades. A comienzos de diciembre de 1920, Yrigoyen intervino a Bascary por segunda y última vez.

La misión vino a cargo del ingeniero Federico Álvarez de Toledo (8 de diciembre). Al año siguiente, lo sustituyó el doctor Benito Nazar Anchorena. Este convocó a elecciones que, el 26 de diciembre de 1921, dieron el triunfo a otro gobernador radical, Octaviano Vera. Su mandato terminaría también entre los escándalos de un juicio político, en 1923. Pero ya hemos contado alguna vez esa otra historia.