Es tiempo de hacer Justicia

07 Nov 2017

En el edificio de la avenida Sarmiento al 400 se sintió un importante alivio al conocerse que habrá un cambio de presidente en la Corte Suprema de Justicia. En tribunales tienen la esperanza de que con el liderazgo de Daniel Posse se reconstruya la relación entre el máximo tribunal y el Ministerio Público Fiscal para afrontar un desafío mucho mayor: comenzar a reconstruir la desgastada relación entre la Justicia y la sociedad.

Hay muchos puntos para analizar y resolver. Es cierto que en todos los fueros existe mora y sobran problemas, pero es el penal el que más trascendencia tiene y el que más dolores de cabeza provoca. Es el más sensible de todos por una sola razón: atiende las causas que afectan a toda la sociedad y no a particulares. Y el sistema judicial en el fuero penal está a punto de colapsar porque no cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos para afrontar el día a día.

Tucumán tiene desde hoy 19 fiscalías, es decir una cada 69.000 habitantes. Mientras que Salta cuenta con 42 y el coeficiente alcanza a una fiscalía cada 26.000 habitantes. En cada oficina ingresan al menos 9.000 causas por año. En promedio, en cada oficina, trabajan 18 empleados. Es decir que cada instructor debería atender unos 500 expedientes. No sólo que es muchísimo, sino que también ahí se podría encontrar una razón de por qué se archivan tantos expedientes. Según algunos cálculos, van a archivo el 80% de las causas.

En los últimos días, los tucumanos se sorprendieron cuando la Cámara de Apelaciones, en un polémico fallo, rechazó, por falta de pruebas suficientes, la hipótesis del fiscal Carlos Bonari que sostenía que Daiana Garnica fue víctima de homicidio. Más allá de los errores procesales que podría haber cometido, el investigador no tiene la culpa de que en nuestra provincia se deba esperar meses para conocer los resultados de una pericia de ADN y no una semana como en otras tierras.

Si él hubiera contado con esas pruebas podría haber cambiado el rumbo de la investigación al poco tiempo y no meses después. Lo más grave del caso es que el tiempo perdido en este tipo de casos no se recupera más. Meses atrás el Ministerio Público inauguró un laboratorio para hacer pruebas genéticas, pero no funciona porque por falta de fondos no se pudieron adquirir los reactivos necesarios.

Los crímenes son los delitos que más impactan a la sociedad, sin importar cuál sea su motivo. En Tucumán, según los casos publicados por LA GACETA, se produjeron 111 homicidios en lo que va del año. Pero lo más grave es que las fiscalas María del Carmen Reuter y Adriana Reinoso Cuello investigan 20 casos cada una. Entre las dos, se llevan casi el 50% del total de los expedientes y ambas deben afrontar al menos un turno más hasta fin de año.

Nadie duda de la capacidad que tienen ambas para llevar adelante su tarea, pero es indiscutible que con tantas causas tienen mayores posibilidades de equivocarse o, al menos, de demorarse en su trabajo.

Hace menos de un mes, LA GACETA publicó un informe elaborado por la Policía que daba cuenta de que entre el 1 de julio de 2015 y 30 de junio de 2017 la fuerza detuvo a 7.964 personas por haber cometido algún tipo de delito en toda la provincia. De ese número, según el informe elaborado por la fuerza de seguridad, recuperaron la libertad unos 6.397, lo que representa un 80%. Al conocerse esos números hubo una reacción inesperada: nadie atacó a nadie.

El fiscal Diego López Ávila reconoció que la Justicia está en mora y que muchos de los arrestados están en libertad porque tardan en años en ser enjuiciados. “Los antecedentes cuentan cuando hay una condena, no cuando se abre un proceso”, dijo. Paul Hofer, secretario de Seguridad, no cuestionó el trabajo del Poder Judicial, sino que se lamentó por los problemas que deben afrontar. Ambos reconocieron de manera madura que la única manera de salir de esta situación es que los tres poderes se sienten a pensar cómo resolver el problema. Pero hasta el momento nadie ni siquiera propuso comenzar con el debate.

Hace tiempo ya, desde la Secretaría de Seguridad se le propuso al Ministerio Fiscal que se cambiara la forma en visualizar el delito. Propusieron que haya una fiscalía por cada zona y que se acabaran con los turnos de 10 o 12 días. La idea es que de esta manera, los investigadores conocerán más a fondo la zona, los delitos y quiénes los cometen. En definitiva, una alternativa para construir políticas de criminalidad. Pero esta, como otras posibilidades, sigue sin siquiera discutirse para el beneficio de la sociedad. La misma sociedad que, harta de no tener respuestas, cree cada vez menos en la Justicia.

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