Reformismo, la nueva dinámica política

Macri introdujo un concepto político novedoso: reformismo permanente; bajo el cual impulsa cambios laborales, tributarios y electorales. Concepto con el que toma la iniciativa y obliga a jugar en su terreno a los opositores. Adopta medidas económicas que disgustan a los gobernadores y los somete a una negociación para recuperar lo perdido a cambio de ceder, tal vez, los votos que necesita en el Congreso en otras cuestiones. Genera necesidades para forzar futuras negociaciones. ¿Habilidad política? Pragmatismo en el ejercicio del poder. María Eugenia Vidal lo hizo: alteró a los gobernadores con su planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la nación por la restitución del Fondo del Conurbano bonaerense.

Sus pares, especialmente los peronistas, rápidamente salieron a replicar que la solución al reparto de recursos es política, no judicial. Los puso nerviosos. Hace unos días, la mandataria deslizó desde una virtual casilla del medio que analizará con sus pares la situación. Actuó, disgustó, sacudió a los no amarillos, provocó una necesidad y ahora los insta a negociar desde una mejor posición. Acciones a la antigua para acelerar el gradualismo macrista o para imponer el reformismo permanente que conceptualizó el líder del PRO. No inventó la pólvora; aprovecha las circunstancias y avanza desde la fortaleza política que irradia el resultado electoral, por más que la debilidad institucional reflejada en la integración del actual Congreso no se modifique sustancialmente en el próximo período, por más que haya sumado nuevas bancas a los bloques oficialistas. Y por más que Cristina llegue para dividir aún más a la fragmentada oposición.

Otro vamos por todo

El reformismo político del macrismo, que algunos traducen como un nuevo “vamos por todo” desde el oficialismo –usado por el kirchnerismo y el alperovichismo y denostado por su concepción autoritaria del poder-, tuvo sus reflejos locales en otra escala institucional. También hubo reacciones después del 22 que derivaron en cambios y en anuncios de otros más; algunos motivados en intereses políticos. Así es como se reformó la mesa de conducción de la Legislatura por una interna en peronismo, se modificó la integración de la Corte provincial y se anuncian renovaciones en el gabinete del Ejecutivo y en el Concejo Deliberante de la Capital. También se mencionan otras reformas, como la de la legislación electoral e incluso la de la Constitución de 2006; la más inquietante. En el fondo, se están dibujando nuevos esquemas de poder, con nuevos actores, para los dos años por venir. Algunos aceleran los pasos, otros se demoran en darlos. Distintas formas de ver la realidad y de pergeñar el futuro político. Pero los naipes ya se están mostrando.

En la Legislatura Jaldo decidió apurar el gradualismo parlamentario y reunió a la comisión de reforma política para abrir el diálogo y la puerta a eventuales cambios. Sin embargo, hubo un cortocircuito conceptual entre el vicegobernador y sus aliados en la Cámara. Mientras él negó la posibilidad de una reforma constitucional, los legisladores instalaron como tema una eventual alteración de la letra de la Carta Magna. Una vía para justificar una reforma es el sistema de acople que tiene rango constitucional. Lo detestan los opositores, que lo consideran un engendro responsable de la crisis electoral e institucional de Tucumán. De hecho, acusan a los acoples por la polémica elección de 2015. Jaldo, por el contrario los defiende y apunta a una reglamentación del sistema; que es lo mismo que decir que es innecesario tocar el texto de 2006.

Por el lado de Cambiemos, algunos letrados están estudiando la factibilidad de un posible planteo de inconstitucionalidad de los acoples para obligar a la creación de un nuevo modelo electoral, más democrático en cuanto a la representatividad territorial y menos ajustado a los intereses del peronismo. Los esquemas de votación, con sus secciones electorales y las normas que regulan la vida de los partidos políticos en la provincia, fueron alumbrados a la luz del ingenio de los justicialistas. El acople es genéticamente peronista y por eso defendido a ultranza desde el PJ. Sólo admiten que se pueda reglamentar, atenuar, pero jamás eliminar. En una provincia donde el peronismo viene ganando las elecciones del siglo XXI por diferencias de 100.000 o de más votos, el acople les viene como anillo al dedo. Son “acopleros” por naturaleza. Resignan representatividad territorial por el acceso al poder. He ahí una debilidad del sistema que puede atacarse con éxito mirando con atención la ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454). Un ajuste a las condiciones para la conformación y vigencia de estas organizaciones ayudaría a la representación y al sistema de votación. Es una ventanita para no despreciar.

Sin embargo, al margen del rechazo a la reforma constitucional realizada por el vicegobernador sosteniendo que el acople puede mejorarse, habría una razón más de fondo para decir que no y tal vez no visualizada aún por algunos integrantes del oficialismo: los porcentajes de votantes de las elecciones pasadas. El Frente Justicialista por Tucumán sacó menos del 50% del total de adhesiones. Este detalle en una elección de convencionales constituyentes lo convertiría en primera minoría; por lo que la oposición manejaría teóricamente la asamblea. Desde esta perspectiva es entendible una negativa a la reforma constitucional; menos para darle la posibilidad de una victoria a la oposición antes de los comicios de renovación de autoridades provinciales en 2019.

Es tan peligrosa esa circunstancia en términos políticos para el oficialismo como lo fue en 1990, cuando el bussismo ganó la elección de constituyentes y pergeñó su propia Carta Magna sin el aval del peronismo. Recuérdese la creación del Tribunal Constitucional, un suprapoder que nunca entró en vigencia, destinado a superar eventuales entredichos entre los poderes del Estado. Sus integrantes eran elegidos por el Poder Ejecutivo y podía declarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos. Fuerza Republicana lo incorporó en la Carta Magna adelantándose a la posibilidad de una Legislatura opositora y díscola, lo que ocurrió entre 1995 y 1999. En esa ocasión, los que triunfaron impusieron sus posturas y manejaron la Convención. Además, del inciso 8 del artículo 38 salió la Ley de Lemas (6.146). En 2006, el alperovichismo impuso la mayoría de los constituyentes y el texto reformado alumbró el acople. La oposición lo quiere apagar, pero el oficialismo desea mantenerlo aunque más no sea con luz de bajo consumo. Es su criatura.

Desde la perspectiva de una posible derrota, o de una eventual victoria opositora, es que el oficialismo -por lo menos en los cerebros de algunos de los más despiertos- se estaría rechazando tempranamente la reforma constitucional. Como dijo un legislador oficialista: “el resultado del 22 muestra que nos quieren menos”. Jaldo dio una pista sobre el camino que podrían seguir desde el Gobierno: mermar los acoples. Una alternativa es reglamentar y acotar las adhesiones a las nóminas de candidatos a gobernador e intendentes -lo que derivaría en planteos judiciales de las listas colectoras para ser admitidas-, y la otra es reducir la cantidad de partidos políticos. “Ya hemos eliminado una cantidad importante”, señaló públicamente el vicegobernador, hablando en su condición de integrante de la Junta Electoral Provincial junto al presidente de la Corte –en adelante Daniel Posse- y al ministro fiscal, Edmundo Jiménez.

Mejor calidad

En efecto, hasta el viernes, de un total de 586 organizaciones reconocidas, habían caducado 122 y otras 60 habían sido intimadas a regularizar situaciones internas. Un número significativo que a los fines prácticos implican menos alternativas de acoples. Sin embargo, a los fines políticos significa un serio llamado de atención para los propios peronistas ya que el hecho de que estén cayendo partidos indica que sus apoderados no están interesados en mantenerlos. Para el PJ cada acople suma para acceder al poder, por lo que si hay menos partidos en existencia, lo que se resentirá será la suma de las adhesiones. Mantenerlos cuesta. Y si a los constituyentes hay que elegirlos con el sistema de acople vigente, se advierte el doble peligro que se cierne sobre el peronismo y que puede concluir en un solo resultado: la derrota. Por contraposición y conveniencia política e institucional, a la oposición le resultaría más favorable insistir con la reforma. Si así lo advierten, claro. Los vientos amarillos de reformismo pueden soplar para ese lado. El año para concretarlo es 2018.

Al margen, si el reformismo permanente o bien el gradualismo acelerado es lo que marcará el ritmo de la agenda política e institucional del país y de la Provincia, lo interesante sería que se verifique para mejorar la calidad institucional, hoy devaluada por el accionar de los hombres que manejan y administran las instituciones de la República. Por ejemplo, algunos jueces pareciera que quieren salvar sus ropas al amparo de acciones tendientes a satisfacer una creciente demanda social de justicia, cuando antes no actuaron con el coraje que la hora exigía. Hay conductas que despiertan sospechas ya que los pecados de los corruptos de hoy son los mismos que de años atrás. Si se trata de espasmos al ritmo del clima social, los magistrados no ganan respeto, pierden credibilidad. Y minan a la institución. Bueno para satisfacer la demanda justificada de justicia, pero malo para el fortalecimiento de la República. Una consecuencia del “reformismo” debería ser una mejora gradual pero continua de la calidad institucional. Aquí y allá.