Volverán al recinto para enmendar un “olvido”

Las autoridades del Poder Legislativo se reunieron ayer para tratar de enmendar un olvido insólito: el fin de semana, la ley que declaró el estado de emergencia en seguridad, adicciones e infraestructura carcelaria cumplió un año de su publicación en el Boletín Oficial y, como no fue renovada -algo que contemplaba el texto sancionado-, perdió vigencia automáticamente.

Ante esta situación, la comisión de Labor Parlamentaria, a cargo del presidente subrogante, Julio Silman (PJ-Tucumán Crece), resolvió convocar para mañana a una sesión especial extraordinaria, en la que se tratará -como único tema en el orden del día- la restitución del estado de excepción motivado por el avance del delito y del narcotráfico, y por la crisis en las cárceles y comisarías de la provincia.

Además, legisladores de la oposición, entre los que aparecen José Canelada (UCR), Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario) Luis González (Arturo Illia) y Claudio Viña (Fuerza Republicana), firmaron un proyecto de resolución para citar a los ministros Regino Amado (de Gobierno, Justicia y Seguridad) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), con la intención de que brinden informes sobre la aplicación de la ley de emergencia en seguridad, adicciones y cárceles.

A la espera del dictamen

Hoy se sabrá si al recinto de sesiones llega un solo dictamen o si surgen disidencias en la comisión permanente de Seguridad y Justicia de la Legislatura, que preside el oficialista Javier Pucharras.

Allí, explicó Silman, se resolverá si se impulsa “una nueva ley, con características similares” a la 8.931, que perdió vigencia el fin de semana que pasó. El titular subrogante de la Cámara advirtió que hay al menos tres proyectos al respecto. “Algunos proponen nuevas facultades (para la comisión especial de seguimiento del estado de emergencia)”, añadió Silman.

El 7 de octubre de 2016 salió publicada en el Boletín Oficial -y con la firma del gobernador, Juan Luis Manzur- la ley 8.931, sancionada un mes antes por la Legislatura. La norma establecía el estado de excepción por la escalada de delitos contra la propiedad, por la penetración de las bandas dedicadas al narcotráfico, por la crisis en materia de tratamiento de adicciones y por la preocupante situación que atraviesan los centros de detención y arresto de la provincia. El texto determinaba la vigencia de la emergencia durante 365 días, que se cumplieron el fin de semana pasado. Como no se renovó la vigencia de la ley 8.931, quedó caduca.

El “olvido” fue advertido el viernes por Canelada y su correligionaria, Adela Estofán de Terraf. Ante esto, la comisión de Labor Parlamentaria convocó a una sesión para mañana a las 8.30. “El vencimiento (de esta norma) es claramente una muestra de desidia, de desinterés. Estamos en un marco político y jurídico tan delicado como es una emergencia, y que de pronto quienes tienen la responsabilidad de conducir la Legislatura y el Poder Ejecutivo se les pase por alto (prorrogar la ley), creo que es todo un síntoma. Olvidarse de que estamos en emergencia habla de porqué las cosas están como están”, sostuvo Canelada.

Viña anticipó que, con críticas, apoyará la nueva puesta en vigencia de la ley. Eso sí: espera que se lo incluya en la comisión especial de seguimiento y control, ya que es presidente de la comisión de Asistencia a las Adicciones de la Legislatura. “En general, entiendo que no se hizo nada o que se hizo todo mal en materia de seguridad. Hace días, incluso, se despidió a 30 personas de la Secretaría de Adicciones, y a las pocas horas tuvimos que lamentar la pérdida de otro adolescente”, señaló el republicano. Y criticó al PE porque sus ministros “nunca pidieron la renovación” de la norma.

El radical Fernando Valdez, que integra la comisión interpoderes de seguimiento de la emergencia, señaló que, a pesar de las reuniones efectuadas, “seguimos sin tener estadísticas confiables”. “Encima, el ministro Amado ni siquiera cumplió con su obligación de presentar el tercer informe cuatrismestral a la comisión”, afirmó el opositor.

Las seis claves del “olvido” de los legisladores que hizo caer la emergencia por seguridad

En septiembre de 2016, la Cámara sancionó la ley de emergencia en seguridad, adicciones y cárceles. El 7 de octubre de 2016 se la publicó en el Boletín Oficial.

La ley habilitaba la reincorporación de policías retirados para tareas administrativas. Hasta donde se informó oficialmente, este artículo no fue aplicado.

También facultaba a los ministros de Seguridad y de Desarrollo Social a efectuar compras sin licitación para afrontar las crisis en delitos y en adicciones.

La ley estableció la creación de una comisión especial para el seguimiento de su aplicación, integrada por los tres poderes del Estado y por jueces federales.

El comité especial, presidido por el legislador Julio Silman, elevó propuestas y recolectó estadísticas. Falta que los ministros del PE eleven sus informes.

La ley 8.931 venció el sábado. Tres legisladores piden su prórroga: José Canelada (UCR), Fernando Valdez (UCR) y Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular).