La insuficiente “teoría del infiltrado”

¿Qué destino les espera a los policías del Tucumán del mañana? ¿Van a formar parte de la organización con la que el Estado brinda seguridad en la provincia o estarán bajo la lupa por los riesgos de escándalos o de sospechas frecuentes, como ha ocurrido esta semana? ¿Qué piensa hacer el Estado frente a esto? Se trata de un asunto que no sólo es policial: la seguridad es de interés de toda la sociedad y es el primer reclamo a las autoridades.

Cuatro asuntos policiales marcaron esta semana: la fuga del multiestafador José Alejandro Rodríguez en un patrullero (incluyendo un paseo por el centro frente a la misma Casa de Gobierno); el debate (sin conclusiones) por el enigma de los multidifundidos servicios adicionales; el escándalo del robo y extorsión contra un supuesto prestamista a manos de policías de la comisaría 5a y la denuncia del fiscal Jorge Echayde de que hay personas detenidas en condiciones inhumanas en cuatro comisarías del sur, que tienen celdas en las que “es prácticamente imposible moverse” y en las que (en Alberdi) “el estado de la letrina es deplorable, la cañería se encuentra trancada y los fluidos desbordan e inundan el piso”. Como si a nadie le hubiera llamado la atención que la semana anterior se haya conocido que la fiscala Adriana Giannoni había pedido la detención de dos guardiacárceles por el homicidio del preso Rubén Alejandro Medina, ocurrido en diciembre de 2015 en la comisaría 7a. Nada. Pocos días después ocurrieron los hechos arriba mencionados.

Denuncia por los niños pobres

No es que este tipo de prácticas sea exclusivo de Tucumán. Cada tanto se da cuenta de hechos similares. El martes pasado fue presentado en Ginebra, ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, un informe de la organización social La Poderosa que denuncia violaciones del Estado argentino de los artículos 37 y 40 de la Convención de Derechos del Niño a través de 10 casos testigo ocurridos entre diciembre de 2015 y junio de este año en todo el país. Entre ellos, un hecho en el Barrio 11 de Enero (debe ser 11 de Marzo) de Tucumán, ocurrido el 6/4/17, contra dos chicos de 7 y 14 años. Allanamientos indebidos, cacheos que no corresponden, decomiso de drogas del que no queda registro, armado de causas y el uso de picanas y otros métodos de tortura integran el listado de actos de violencia uniformada contra menores en barrios pobres del país, dice la ONG La Poderosa, según publicó “La Nación” (3/10).

¿Qué hace el estado frente a estos hechos? Aplica la “teoría del infiltrado”, es decir que se trata de “malos policías”, “manzanas podridas”, “casos aislados”, personas ajenas a la institución o con ideas diferentes al correcto proceder. El lunes pasado, a propósito del preso fugado en patrullero, el ministro Regino Amado dijo que “en la fuerza hay muchos que merecen el ascenso y el reconocimiento... y también estamos atentos a que no se cometa ningún ilícito y todas las denuncias que nos hacen llegar los vecinos son investigadas”; y el jueves, ante el caso de los policías extorsionadores, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo que “hay todo un esquema para que haya un control interdepartamental. El mismo policía neutraliza y pone a disposición a otro policía... y no vamos a permitir que delincuentes manchen a la institución y el trabajo honesto de quienes día a día salen a la calle”.

Cortocircuitos cotidianos

Pero esa “teoría del infiltrado” quizás alcanza para explicar los casos escandalosos que salen a luz, pero no deja lugar para entender los cortocircuitos que surgen en la tarea cotidiana de la fuerza de seguridad, como los que se generan con la aplicación de la Ley de Contravenciones o con el uso extendido del sistema de adicionales, sobre el que no hay ningún tipo de control, como no sea el que dice aplicar la misma policía, que afirma que usa ese dinero ($ 185 millones anuales) como caja chica para compras rápidas hasta que el sistema administrativo del Estado les autorice esas compras. O sea, salen de la norma transparente con la justificación de la urgencia. Y nadie revisa demasiado cuando circulan rumores de uso discrecional del servicio adicional para beneficio de comisarios y comisarías. Rumores que dieron a conocer los legisladores opositores Eudoro Aráoz, José Canelada, Adela Estofán y Claudio Viña. Tampoco nadie (casi nadie) habla del fondo torcido del sistema inaugurado en 1970 como una salida para reforzar la seguridad en momentos de emergencia, que se convirtió en un sistema permanente de venta de servicios de seguridad en el que -se dice, porque nadie se preocupó por hacer un relevamiento- están anotados casi todos los agentes de seguridad que están en funciones.

Volviendo al escándalo de la fuga del preso de la ex Brigada, el asunto ya venía ocasionando cortocircuitos desde hace un mes, cuando el multiestafador fue detenido y se descubrió que en ese momento (de la detención) estaba acompañado por un auto ocupado por tres policías que le daban servicio de custodia. Ahora se investiga qué otros policías lo ayudaron. Se escapó de la ex Brigada, lugar donde no sólo hubo reclamos hace poco por el hacinamiento de detenidos (ahora sólo había 50 en dos calabozos donde entran 42), sino que registra un historial de escándalos, entre ellos el de los “sacapresos” y el de los policías que enviaban a un detenido a robar en countries. Este último caso, enviado a juicio en 2014, espera fecha mientras los policías involucrados siguen trabajando en la fuerza de seguridad.

En cuanto a la comisaría 5a, donde trabaja el agente acusado de extorsionar al prestamista, fue famosa hace dos años por un video viralizado de los apremios contra el detenido al que lo hacían cantar como los animalitos. Caso que espera juicio oral.

Adicionales fuera de control

La “teoría del infiltrado”, que sólo contempla casos aislados, impide saber si detrás de casos de corrupción o de violencia hay una impronta que facilite prácticas discrecionales. Saberlo ayudaría separar la paja del trigo y a no desconfiar de los policías, cuya tarea es fundamental para la comunidad. ¿Se puede pensar que el sistema contamina a los hombres que entran a formar parte de la seguridad? El sistema de adicionales ya es discriminatorio y obliga a los recién llegados a incorporarse a él, les guste o no. Y es plata fresca que llega cada día, por lo que es difícil negarse. Además, la idea de la inseguridad está incorporada en una sociedad que desde fines de los 90 entiende que el delito y la violencia forman parte de la vida cotidiana. Hasta el mismo hecho de que en 2003 se creara el Ministerio de Seguridad Ciudadana refleja eso, y que se duplicara la cantidad de policías mientras proliferaban las agencias de seguridad y las ventas de alarmas, rejas y elementos de protección. Una década y media después, hay cada vez más zonas rojas, en este octubre ya ocurrieron unos 95 homicidios y la delincuencia callejera es imparable. Así como se señala que el narcotráfico es imparable, pese a los operativos incesantes. De eso se trató la emergencia de seguridad declarada hace un año en esta provincia.

Ahora se está en un tiempo de cambio. Nadie puede explicar por qué se terminó la emergencia en seguridad si no se ha modificado el estado de cosas, pese a las reuniones de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y al diagnóstico elaborado por todos los estamentos que tienen que ver con esta problemática. ¿Qué resultados ha dado el llamado plan integral? ¿Dónde está el error? Se han presentado proyectos de toda índole. Tres de servicio adicional, otros contra la tortura y varios para modificar la ley de Contravenciones. Se han creado oficinas de seguridad en los municipios; han proliferado los cuerpos de vigilancia municipales; han crecido las oficinas policiales, se crearon protocolos para luchar contra la trata de personas y para enfrentar la violencia de género; se acaba de entregar 100 autos y camionetas, más bicicletas y otros equipos, y se incorporaron más policías a la fuerza; las cárceles y las comisarías están abarrotadas de detenidos (con los ya detallados problemas de hacinamiento y condiciones inhumanas).

Pero los resultados de la política para pacificar y hacer más llevadera la vida en sociedad reflejan absoluta insuficiencia. ¿No será un problema del modelo? ¿Cuándo llegará el estudio profundo del asunto? Ante problemas repetidos y casi estructurales, no basta la “teoría del infiltrado”.