Qué bonita discrecionalidad

Las elecciones potencian todas las discusiones. Y más aún cuando hay plata de por medio. En ese escenario de peleas de coyuntura está claro que la distribución de partidas presupuestarias puede ser motivo de disputas. Y lo fue siempre, nada más que en algunos períodos la clase gobernante estuvo más disciplinada que en otros tiempos. El centralismo financiero es un fenómeno tan viejo como el dinero. Pero también acomodaticio. Buenos Aires fue, es y será el distrito más importante de la Argentina porque, además de la cantidad de habitantes, el potencial electoral de sus subjurisdicciones es tan fuerte como una provincia mediana (ejemplo La Matanza vs Tucumán). Esa fuerza de los votos concentrados pueden convertir a cualquier candidato en presidente de la Nación.

Las frías cifras del cálculo de gastos e ingresos del año próximo, elaboradas por la gestión del presidente Mauricio Macri, no difieren tanto de las que pautaron antes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Algunos distritos resultan más ganadores que otros. Pero, en el fondo, en ambos casos, conservan la discrecionalidad. Esa misma discrecionalidad podría aplicarse a la gestión de Juan Manzur a la hora de evaluar qué hará con los casi $ 70.000 millones que su gestión pautaría como Presupuesto Provincial para 2018. El mandatario puede argumentar que el 52% del total de erogaciones será destinado al pago de salarios de los empleados públicos. Pero, en esa orientación, también intentará mantener el sartén por el mango. No hay que perder de vista el otro casillero, el de los ingresos. La mayoría de los municipios seguirán dependiendo del Pacto Social y, por ende, de las decisiones políticas de la Casa de Gobierno. Los intendentes que responden a Cambiemos, por ejemplo, potenciarán más ese concepto, y seguirán denunciando discriminación en la asignación de partidas. Una eterna pelea.

El debate por el reparto del dinero federal no es nuevo. Alperovich y su compañero de fórmula Manzur pasaron más de 10 años en silencio cuando tenían que opinar acerca del giro de recursos federales a Tucumán. El “boom” de los años de vacas gordas disimulaba cualquier referencia al centralismo de la gestión kirchnerista. Desde 2011 hasta fines de 2015, aquel silencio se mantuvo. Y en ambos períodos la Casa Rosada, por mencionar un ejemplo, envió fondos por debajo de la pauta constitucional del 30% de la coparticipación redistribuida entre todas las provincias. El que calla, otorga.

En la actualidad, la situación se mantiene, pero con el agravante que Buenos Aires quiere recuperar terreno en el reparto del Fondo del Conurbano, algo que a Tucumán puede costarle no menos de $ 3.500 millones al año si el planteo judicial de la gestión de María Eugenia Vidal prospera en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguen concentrando cerca del 42% de los gastos presupuestados, mientras que Tucumán se mantiene casi en los mismos niveles históricos, levemente por encima del 2% de la pauta de erogaciones nacionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el reclamo de Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo de sentirse perjudicados en la distribución? La diferencia está en la discrecionalidad. Al ser la Nación de un signo político diferente al de Tucumán se presume que no habrá tanto envío de fondos por fuera del Presupuesto a la provincia.

Si se toma en cuenta la distribución per cápita del gasto en programas federales con impacto social, Tierra del Fuego surge como la más beneficiada, con un gasto anual de $ 9.524 por habitante, un 404% más que el gasto consolidado por habitante ($ 1.891). En el extremo opuesto se encuentra Buenos Aires con $ 1.144 por habitante; recibe casi un décimo del gasto equivalente registrado en Tierra del Fuego, indica un reporte de la consultora Economía & Regiones. ¿Dónde se ubica Tucumán? Por debajo de la media nacional ($ 1.718 per cápita); entre las seis provincias con menores volúmenes de transferencias discrecionales por distrito. Los números pueden llegar a darle la razón a la gestión de Manzur. Pero el argumento es relativo como lo es el de la oposición local y oficialismo nacional, que sostiene que Tucumán es una de las jurisdicciones beneficiadas en 2018.

La iniciativa nacional, no obstante, plantea varias certezas casi irrefutables.

Como primer punto, el Régimen de Responsabilidad Fiscal parece no tener las mismas exigencias en las cuentas nacionales que en las provinciales. En varias partidas, supera holgadamente el límite del 15% de crecimiento. El endeudamiento sigue siendo la herramienta que más necesitará la Nación para tratar de sobrellevar el déficit fiscal.

El segundo planteo es que la mentada reforma tributaria integral será una cuestión de largo plazo. Difícilmente los gobernadores quieran modificar a la baja la recaudación proyectada para 2018. Aún más, si el caso es modificar el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, esa discusión también tendrá que pasar por las Legislaturas provinciales, que se tomarían su tiempo para cambiar el escenario. Aún más, hay quienes argumentan que, antes que tocar Ingresos Brutos, la Nación debería cumplir con los viejos pactos fiscales que mencionan una reducción gradual y paulatina de la carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La última de las certezas es la que afectan a todos los ciudadanos: la carga fiscal no registrará grandes variaciones, por lo cualquier trabajador formal debería trabajar alrededor de 206 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Sin modificaciones en el esquema impositivo nacional, provincial y municipal, esa mochila seguirá siendo pesada para cualquier agente económico, desde el más encumbrado empresario que deben sostener y crear empleos hasta el consumidor de productos de la canasta alimentaria.