La pareja de moda

La corrupción y la mentira son dos amigas que suelen juntarse, sin inhibiciones, en cuanta fiesta son invitadas. En Tucumán, hasta ahora, no hubo grandes bailes porque la Justicia puso música a tan alto volumen que no se ve ni se escucha nada. Con tantas complicidades lo ilícito se ha hecho costumbre y es el camino preferido por todos. A un empresario de la construcción le parece lógico mentir y hacer trampas todos juntos, que agruparse para desatar los nudos que la burocracia estatal le impone. Es sólo un botón de muestra; no se trata de un privilegio del Instituto de la Vivienda que conduce Gustavo Durán y que avala con entusiasmo el poderoso trípode peronista que amalgaman ellos dos con José Alperovich. Ninguno de los tres, como los mismos empresarios fueron capaces de reconocer y, mucho menos, de frenar el desorden de una institución cuyos principales destinatarios son los más necesitados. Con esa desidia, los dos extremos se terminan juntando y tanto los poderosos empresarios como los más pobres disfrutan y dejan que la corrupción y la mentira bailen con total impunidad.

La novela del IPV tuvo un cortísimo capítulo esta semana cuando Álvaro Cristian Arraya le dijo a LA GACETA que no tenía nada que ver Miguel Jiménez Augier, el mismísimo coordinador de políticas habitacionales denunciado por enriquecimiento y protegido de las autoridades del IPV. Arraya dijo a LA GACETA que lo ubicaba a Jiménez del Club Independiente de básquet, al que Jiménez Augier condujo entre 2012 y 2014. Aparentemente, no tendría la misma versión Jiménez Augier, ya que en su caja de seguridad aparecieron 495.000 dólares que -según el funcionario del IPV- serían de Arraya y no suyos. Existe incluso un contrato de custodia entre ambos por el cual Jiménez Augier decidió “cuidarle” esa plata a Arraya. LA GACETA le pidió al funcionario del IPV que explicara a qué se debía tanta amabilidad con alguien que decía conocerlo de lejos. Como buen ladino, Jiménez Augier respondió que no hablaría y que la Justicia tenía la palabra. Alguien miente y a nadie le interesa explicárselo a la ciudadanía.

Doble

A Jiménez Augier no sólo está en la mira por su supuesto enriquecimiento sino también por la entrega de viviendas, algo que —tal cual lo reconocieron públicamente- a los empresarios de la construcción no les importa. Se analiza si habría entregado a algún pariente una casa de dos dormitorios. Pero esto no genera ninguna sorpresa. En la casa de Muñecas al 400 hay más de un funcionario que ha sabido darle tranquilidad a la familia con nombramientos o con viviendas. Tampoco es algo privativo del IPV; en la misma Justicia donde debería investigárselo, los árboles genealógicos se entrecruzan como las especies arbóreas en el Amazonas. También se está escudriñando si es que algunas propiedades del IPV habrían servido para saldar algunos compromisos laborales de jugadores o entrenadores en el club de básquet. Durísima tarea para el siempre ralentizado Poder Judicial porque la actitud de los funcionarios del IPV es negar, callar o buscar protección política de superiores, pero esconden la intención de esclarecer para que los tucumanos confíen más en sus instituciones. Tampoco es un problema ni llama la atención cuando se sabe que hubo algún jugador de rugby amigo de importantes referentes a los que les salió por arte de magia una casita de Lomas de Tafí.

La fiscala Adriana Gianonni espera, cual Penélope, la llegada de los informes para confirmar tenencia de propiedades, barcos y otras tenencias. También aguarda el envío de otros datos para avanzar en esta causa que ella misma advirtió que iba a ser lenta. En la AFIP hay más de una persona abocada exclusivamente a revisar los papeles de algunos de los referentes de esta causa. Nada de esto asegura que se vayan a confirmar irregularidades porque ya hemos aprendido en la Argentina -y en Tucumán parece que somos más argentinos aún- que la política encuentra La Luz al final del túnel antes que las sentencias se firmen.

Un poco Más Cerca

En la Justicia Federal, el fiscal Carlos Brito tiene más suerte, parece. Ya ha recolectado la información necesaria para volver a carga con el Plan Más Cerca, una de las causas más complicadas para el kirchnerismo en la provincia. Las irregularidades y las obras fantasmas que se pergeñaron desde la secretaría del increíble José López llegaban a la Casa de Gobierno de la provincia y de ahí pasaban a los municipios. Sobre este tema hay dos causas. Una de 2013 de cuando la entonces legisladora Silvia Elías de Pérez presentó sus denuncias después de recorrer las obras y sus irregularidades y estos planteos le costaron incluso su relación con Domingo Amaya, quien con el tiempo terminaría siendo un compañero de cruzada. Luego, en 2016, ya como senadora, volvió a la carga cuando casos muy parecidos se repitieron en diferentes provincias y el fiscal Carlos Stornelli empezó a desenredar la madeja. Estos expedientes tienen más millas recorridas que fojas de tanto que viajaron. Fue de Comodoro Py a los Tribunales Federales de Tucumán y de allí varias veces hasta la Justicia provincial. ¿Era una cuestión federal o Provincial? Jueces como Enrique Pedicone o Eudoro Albo sostuvieron la segunda parte de la biblioteca y desde los tribunales federales el juez Daniel Bejas aún tiene pendiente su opinión. Lo cierto es que la brasa pasa de mano en mano sin que nadie la termine de agarrar.

Un poco más lejos

El día después de las elecciones tenía fecha. En Tucumán, en esta provincia donde la corrupción no existe, según el discurso de los que vienen administrando el poder se iba a llevar a cabo el primer juicio oral de una causa por corrupción. Se trata de la famosa causa DAU que llevará al banquillo de los acusados a Miguel Brito, otrora titular de esa institución provincial durante la gestión Alperovichista. Su defensor tenía los pasajes listo para viajar y pidió que no comenzara el 23 de octubre el juicio oral. Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce, de la Cámara Penal N º 6, estarían dispuestas a postergar el comienzo de las audiencias. Es posible que después de las vacaciones comience el juicio. Mientras tanto, el fiscal de Cámara, Carlos Saltor, sigue revisando las pruebas para la contienda. La tercera camarista, Marta Cavallotti, se encuentra con licencia por enfermedad y se espera su recuperación porque a la hora de sortear quien la reemplace no aparecen los interesados en postularse a esa cobertura.

En Tucumán empieza a amanecer el tiempo de los fiscales. En sus manos están las cosas más horrendas de esta sociedad y de los últimos tiempos en los que la mentira y la corrupción se pusieron a bailar. De ellos dependerá que la banda siga tocando o que, de una vez por todas, la señora de los ojos vendados no entre a la pista.