“La Universidad no enseña a investigar delitos”

Para abordar las cuestiones más complejas tiene siempre el lenguaje llano de quien domina una materia, y la didáctica de los ejemplos prácticos, propia de los docentes. Ambas cosas es Aída Kemelmajer de Carlucci (foto): una autoridad y, a la vez, una maestra del Derecho. La jurisconsulta, que durante 25 años fue vocal de la Corte Suprema de Mendoza, visitó Tucumán para disertar sobre “Responsabilidad por productos defectuosos”. Lo hizo con toda elocuencia y ninguna solemnidad, con lo cual obtuvo atención absoluta y risas sinceras de su auditorio. Su exposición se enmarcó en la Diplomatura anual en Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia que organizan el instituto Universitario Eseade y el Colegio de Abogados de la capital. Luego, en diálogo con LA GACETA, analizó la situación del Poder Judicial argentino y opinó sobre aquellos elementos que, a su criterio, perjudican a las investigaciones judiciales.

- La corrupción, ¿ya no le preocupa a tanta gente? ¿Ya no tienen el mismo impacto?

- El tema de la corrupción es un asunto muy, muy preocupante. Pero más preocupante que la cuestión en sí misma es la falta de interés de la gente en la corrupción. Eso es lo más grave. Hay que recordar lo que decía aquel gran presidente (de EEUU), por supuesto que con sus defectos y virtudes, que era John Kennedy: la plata que se va a la corrupción es la plata que falta en los hospitales, en las escuelas, en la seguridad. Entonces, la gente tendría que darle más importancia a la corrupción. Porque los otros problemas están altamente conectados con este.

- ¿Y por qué cree que la gente no le da importancia?

- En primer lugar, hay un problema de falta de respuesta de la Justicia. La Justicia no responde en forma acabada sobre estos grandes temas. También hay que entender que en la Universidad no nos enseñan a nosotros a investigar los delitos. Un juez, un fiscal controlan procedimientos, pero no son ellos quienes hacen las medidas de investigación. En todo caso, le ordenan a la Policía que haga tal cosa. Entonces la Justicia fracasa porque no se trabaja lo suficiente, pero además porque no estamos preparados para investigar y dependemos de otros organismos del Estado, que también están corruptos.

- ¿Usted cree entonces que los errores en algunas investigaciones son por negligencia antes que por connivencia con ciertas influencias y poderes?

- Hay de todo. Hay negligencia, hay desconocimiento, hay colusión no sólo con otros poderes sino también con empresas y con otros factores de poder que no siempre son políticos.

- Hace unos días recordamos en LA GACETA el caso del Mani pulite en Italia, cuando el juez Antonio Di Pietro sacó a la luz en 1992 la corrupción que vinculaba a políticos, empresarios e industriales. ¿Por qué no hubo más Mani pulite, por qué no se reprodujo ese fenómeno?

- El Mani pulite fue un proceso histórico para la Justicia de todos los países. Pero lamentablemente, las condenas que produjo el Mani pulite no fueron tantas. Entonces fue un movimiento absolutamente necesario, el Ministerio Público tomó las riendas, pero después no fue todo lo exitoso que hubiésemos querido que fuese. Y era porque toda la dirigencia política y económica iba a estar en las cárceles y eso no era posible para Italia. El sistema estaba tan absolumatemente corrupto que hubiera llevado al colapso. Pero soy una admiradora de esa gente y no olvido las vidas que se llevaron, como Falcone. (N de la R: en 1992 fueron asesinados los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino).

- El juez Di Pietro destacaba importancia de la independencia de la Justicia respecto del poder político. ¿Cómo ve usted hoy esa relación en la Argentina?

- Hay de todo en la Justicia. Hay jueces que mantienen esa independencia. En mi caso, yo traté de hacerlo durante mis 26 años en la Justicia. Hay muchos jueces así. Pero también hay que ser consciente de que hoy se politizan muchos problemas jurídicos; y a su vez, muchos problemas que debieran ser solucionados en el ámbito de la política, pero que se judicializan, cuando no tiene por qué ser así. Se pelean dos intendentes por cuál debe ser la mano izquierda y cuál la mano derecha del tráfico, y la Justicia tiene que resolver ese problema municipal. La Justicia no tiene por qué hacerlo. Esos son problemas en los cuales los intendentes se tienen que poner de acuerdo acerca de si la dirección de marcha es norte/sur o sur/norte. Porque además, si son intendentes de signos políticos diferentes, cuando el juez falle se sale a decir que el magistrado es radical o es peronista. Entonces hay un problema que es la excesiva judicialización de la problemática política. Eso es por una parte. Por otro lado, unido a la corrupción, al judicializarse todos estos procesos y al no responder la Justicia, entonces se contamina esto con lo político.

- La Ley de Ética Pública de Mendoza es ponderada como excelente y exigente, mientras que en Tucumán carecemos de legislación al respecto...

- Hay que decir que a esa Ley de Ética Pública la llevó adelante la vicegobernadora, la ingeniera Laura Montero. Ella enarboló esa bandera.

- ¿Cómo se lograron aplicar los postulados de esa ley? ¿Funcionó la norma?

- Es una ley bastante reciente. No tenemos aún prueba de su eficacia. Nos gusta la ley, pero no sabemos si va a funcionar o no. Como decía ese grande del derecho que era Germán Bidart Campos, entre la ley y la respuesta existe la misma diferencia que entre el remedio en el escaparate de la farmacia y la enfermedad. Hay que saber cómo se usa.

- ¿Qué es lo más importante en un mecanismo de transparencia del Estado?

- Son problemas complejos. Me parece que no hay una solución. En primer lugar: si usted tiene una Oficina Anticorrupción, no puede colocar allí a alguien que tenga un pariente en la función pública. Empecemos por ahí. Todas las instituciones sirven o no de acuerdo con las personas que ejercen los cargos. Claro que las instituciones son importantes, pero se puede contar con las mejores estructuras y si las personas no sirven, vamos mal…

- A partir de la Ley de Ética Pública de Mendoza, uno de los fiscales de Estado que va a analizar los casos será seleccionado por la oposición política.

- Ese es un elemento que sirve, salvo que los partidos empiecen con un toma y daca. La medida como tal es muy buena y la probamos. Ahora tiene que funcionar en la práctica que se cumpla con el fin que se persiguió.