Los concejales de Yerba Buena, al borde de un nuevo conflicto

Concejales opositores quieren que Argiró deje la Secretaría de Gobierno municipal. El Concejo lleva 11 meses sin cubrir la banca que liberó el colaborador de Campero. La posibilidad de otro pleito judicial.

14 Sep 2017

Está esperando a que ocurra: el candidato Rodolfo Aranda, quien le reclama al Concejo Deliberante de Yerba Buena que le permita asumir en el escaño vacante, aguarda a que los ediles que se niegan a tomarle juramento le revoquen la licencia a Lisandro Argiró. Luego, dice, volverá a denunciarlos por desobedecer un fallo judicial. El martes, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Concejo que cese en su omisión “arbitraria e injustificada” y en un plazo de 10 días verifique si Aranda reúne las condiciones para ser concejal. Sin embargo, los ediles opositores, que suman seis de las nueve bancas, están dispuestos a sentar nuevamente en el recinto a Argiró.

La Justicia le dio 10 días al Concejo de Yerba Buena para que resuelva la situación de Aranda

En septiembre de 2016, a este edil le otorgaron un permiso para que se incorpore al Ejecutivo local, como secretario de Gobierno. Tras su retiro, la Junta Electoral Provincial le comunicó al Concejo que la vacante debía ser cubierta por Aranda, el postulante que le seguía en la lista. Desde entonces, han transcurrido casi 11 meses con esa banca -del bloque “Unión Por Todos”, afín al intendente Mariano Campero- sin ser ocupada. En marzo de este año, Aranda presentó un recurso de amparo, en el que acusó al órgano legislativo de negarse a incorporarlo.


En el recinto

Tras la difusión del fallo, los concejales opositores acordaron reunirse en sesión hoy a las 9, para tratar, entre otras cuestiones, una suspensión de la licencia de Argiró.

“Si avanzan con esa iniciativa, se colocarán en un punto complicado, pues estarán cercanos a la desobediencia judicial. Esperaremos a que suceda y procederemos”, reitera Aranda. Según su lectura, los ediles seguirán “abusando” de sus atribuciones. “Lo suyo es una obstinación; una sinrazón. Deberían darle cumplimiento al veredicto. En vez de ello, prolongarán la falta de institucionalidad”, añade.

Yerba Buena: una banca vacía pone en tela de juicio el valor de la soberanía popular

Cuando se le pregunta sobre los dichos del edil peronista Héctor Aguirre, quien ha acusado a Argiró de haber abandonado el cargo para el que fue electo, Aranda responde que el propio gobernador Juan Manzur dejó su puesto como vicegobernador para asumir como ministro de la Nación, entre 2009 y 2015.

“Ellos están rompiendo, además, un código político. Cuando un funcionario pasa a un cargo en el Ejecutivo, se le facilita esa situación. El artífice de esto es el legislador Ariel García”, acusa.

Resignados

En la reunión de Labor Parlamentaria del Concejo se resolvió que se traten cuestiones pendientes de otra sesión, que a fines de julio acabó en escándalo. “Sobre el final, propusieron que se incorpore, además, un proyecto de resolución para suspender la licencia de Argiró. No hubo discusiones: sabemos que van a imponer lo que quieran”, relata el concejal Javier Jantus.

A sabiendas de esto, Argiró declara que, de prosperar la iniciativa de los opositores, ha pensado en poner su renuncia a disposición del Concejo para que, de ese modo, se produzca la posterior asunción de Aranda. “Estamos analizando el tema con el intendente. Si debo renunciar, renunciaré. Y si debo volver, también lo haré. No voy a aferrarme a ningún cargo. Quiero lo mejor para la gestión”, manifiesta.

El presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena fue denunciado ante el Inadi

Luego, el funcionario deja entrever que la decisión de la mayoría opositora de frenar la cobertura de la banca vacía obedece a una especulación política. “Ellos están jugando con este tema para no modificar el statu quo del Concejo. Al completarse las bancas, perderían la mayoría simple”, sostiene.

Argiró asegura que ha evaluado la posibilidad de presentar una medida cautelar, pidiéndole a la Justicia que impida la revocatoria de su licencia. “En Derecho, una parte de la biblioteca apunta a que mi licencia es un derecho personal. La otra, podría considerar que el Concejo tiene la posibilidad. Ante esto, creo que, tal vez, deberíamos evitar que se judicialice más todavía este conflicto. Lo que sí queda en claro es que esta gente quiere destruir la Intendencia; lo suyo es un apriete”, concluye.

En la ordenanza 1.190, a través de la cual en septiembre de 2016 se le otorgó el permiso a Argiró, se lee: (...) “se le concede la licencia por el tiempo que permanezca cumpliendo funciones en el Ejecutivo municipal, caducando la presente con su sola presencia en el recinto (...).

Sin resultados

Los concejales opositores son liderados por Benjamín Zelaya y Lucas Cerúsico (radicales) y Aguirre. Los tres, además, ocupan la mesa de conducción del cuerpo, en ese orden. El sexteto se completa con otro peronista, Walter Aráoz; con el macrista Pedro Albornoz Piossek y con Maximiliano García, también radical y hermano del legislador García. Ellos argumentan que Aranda no debe asumir y aducen que incurrió en presuntas negligencias.

Sus acusaciones se basan en unos presuntos recibos apócrifos supuestamente emitidos por Aranda cuando fue director de Saneamiento municipal. Zelaya dijo que esos fondos no ingresaron a la Municipalidad y que había personas facultadas para realizar cobros ambulantes.

El 12 de abril crearon, mediante ordenanza, una comisión investigadora conformada por Cerúsico, García y Aguirre. Ese grupo tenía el objetivo de recabar información sobre la base de los recibos que se habrían emitido desde Saneamiento, para la percepción de tributos. “Se debe emitir dictamen final en un plazo de 90 días hábiles, a los efectos de deslindar responsabilidades y determinar si se incurrió en un perjuicio económico y/o financiero”, dice el texto del proyecto. Hasta ahora, no han hecho público el resultado de las pericias. En paralelo, desde que se conoció el fallo judicial el martes, optaron por guardar silencio.

Según el legislador García, el conflicto con Aranda es “por un hecho de corrupción”

Dice que la gestión del intendente Mariano Campero ha convertido a la ciudad de Yerba Buena en una pesadilla para vivir. El legislador Ariel García -señalado por la intendencia como el ideólogo de los conflictos que la enfrentan con el Concejo Deliberante- devuelve las imputaciones, y acusa a los funcionarios de falta de transparencia en el manejo de fondos públicos. Además, habla de un récord de contrataciones directas, en lugar de licitaciones públicas, y de obras realizadas sin planificación.

- ¿Cuál es su lectura del conflicto en el municipio?

- Mi mirada de lo que ocurre en Yerba Buena es simple: el intendente es un mitómano; debería hacer tratar su enfermedad.

- Pero en el Concejo Deliberante se suceden los escándalos por falta de acuerdos.

- El problema que tiene el Concejo es uno sólo: Campero. Él no respeta la división de poderes. Como radical, siempre he defendido la institucionalidad. Él también lo hacía, cuando era concejal. Pero desde que perdió la conducción del cuerpo, pisotea las autonomías. No ha sabido consensuar con la nueva mayoría. Ese es el origen de todos los conflictos.

- Usted es señalado por los oficialistas del municipio como el artífice de una campaña de desestabilización.

- Creo que Campero es un enano político. No puede ponerse a la altura de las circunstancias porque no es autocrítico, entre otras razones. En vez de preguntarse qué cosas ha hecho mal, se comporta como un chico caprichoso. ¿Cómo va a declarar que gobernará pese al Concejo? (esto, en referencia a dichos del intendente de Yerba Buena). Nuestro sistema es democrático. ¿Este chico no piensa bajar un cambio y dejar de mentir?

- Según comentan, usted quiere postularse en 2019 para la intendencia de Yerba Buena.

- Eso es parte de la pesadilla de Campero. No he manifestado ninguna intención política para cuando finalice mi cargo en la Legislatura. Él siempre busca ponerme en contra suya. Debería darme las gracias. La lista que yo encabezaba es la que más votos le ha aportado en las elecciones de 2015.

- Qué puede decir del caso de la banca vacante. Rodolfo Aranda, quien reclama ese escaño, lo señala a usted.

- Lo de Aranda es un hecho de corrupción; no de una banca vacía. Lamentablemente, él está siendo investigado por corrupción. Esto al radicalismo le afecta muchísimo. Pero ellos tienen que hacerse cargo y dejar de buscar culpables en otro lado. Además, al problema lo generó el propio Campero, cuando se llevó a Lisandro Argiró a su gabinete.

- ¿Cree que el Concejo debería completarse?

- Creo que Lisandro Argiró debería renunciar, para que entonces se analice quién le sigue en la lista. Le reitero que el caso Aranda es un hecho de corrupción; no de una banca vacía.

Por último, el legislador y vicepresidente segundo de la Legislatura declara que Campero “se ha alejado de la moralidad administrativa”. Desde hace meses, García lidera al sector de los díscolos del radicalismo, que se opone a la conducción partidaria.

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