Aranda ganó en la Justicia, pero debe superar un escollo en el Concejo para ocupar la banca

El intendente Campero desafió a los ediles díscolos a permitir el juramento del radical, que pugna por el escaño desde octubre pasado. “No tienen más excusas”, aseguró Aranda. El jefe municipal cree que los concejales tienen la ocasión para “salir del laberinto”.

13 Sep 2017
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MAYORÍA OPOSITORA. El Concejo yerbabuenense cuenta provisoriamente con nueve miembros: seis son opositores a Campero y tres, oficialistas. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)

La sentencia de los jueces ha sido escueta. En primer lugar, han decidido hacer lugar a la acción de amparo presentada por Rodolfo Aranda. En segundo término -y como consecuencia-, le dieron una orden al Concejo Deliberante de Yerba Buena: que cese en su omisión, a la que calificaron de “arbitraria e injustificada”, y verifique en un plazo de 10 días hábiles si el denunciante reúne las condiciones para ser concejal de esa ciudad.

“Me han dado la razón”, declara el propio Aranda, cuando se lo consulta al respecto. Con este fallo, los camaristas Rodolfo Novillo y Horacio Castellanos (Carlos Giovanniello votó en disidencia) le pusieron punto final a su peregrinaje por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa. Desde marzo pasado, ahí se tramita ese recurso suyo. Esto no implica -no obstante- que el conflicto haya llegado a su fin: resta ver cómo procederán los ediles.

En su veredicto, los jueces le indicaron al órgano legislativo que examine, con “razonabilidad”, los títulos de Aranda. Esos papeles se encuentran en el edificio de la avenida Solano Vera desde octubre del año pasado, cuando la Junta Electoral Provincial les comunicó que la vacante que había dejado el entonces edil Lisandro Argiró (tomó licencia para asumir como secretario de Gobierno del intendente Mariano Campero) debía ser cubierta por Aranda, el postulante que le seguía en la lista.

Sin acercamientos

“No tienen más excusas”, añade Aranda. Luego, dice que no ha tenido ningún acercamiento con los ediles que se oponen a su asunción. “Una vez que ellos se notifiquen, empezarán a correr los plazos procesales. En caso de que avancen con aquella amenaza de revocar la licencia de Argiró, veremos qué hacemos”, desliza, en referencia a los dichos del peronista Héctor “Pilón” Aguirre, quien había declarado -en la víspera- que si la Justicia se pronunciaba como finalmente lo ha hecho, iban a analizar la posibilidad de suspender aquel permiso.

Reuniones urgentes

“Que, primero, Argiró renuncie a su banca”, había dicho el concejal, tras haber acusado a su par de haber incurrido en una candidatura testimonial. Consultado ahora, Aguirre se excusa de formular declaraciones, debido a que se encuentra de licencia médica. La resolución judicial se produce a semanas de que el Concejo yerbabuenense - que debe estar compuesto por 10 ediles- deba elegir a sus nuevas autoridades. Se sabe que el de Aguirre (hoy ocupa la vicepresidencia segunda) es uno de los nombres que, entre varios, se oyen para integrar la mesa de conducción.

Cuando Aranda habla de “veremos qué hacemos”, hace alusión a sí mismo, a Argiró y a Campero. Ayer, mantuvieron una reunión en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Courel, para analizar sus próximos pasos, ante un nuevo escenario. Minutos antes de este encuentro, el intendente decía que anhelaba que el Concejo cumpla con lo ordenado por la Justicia. “Se les ha pedido que lleven adelante un análisis objetivo sobre los pliegos de Aranda y que, después de eso, procedan”, afirma. Campero elogia al fallo porque considera que, entre otras cuestiones, los camaristas le han dado a los concejales la oportunidad de que “salgan del laberinto” en el que se encuentran. “Esperemos que no incurran en otro acto contrario a las instituciones y a la democracia”, advierte.

Pronunciamientos

El último día de agosto, Castellanos había sido designado, por sorteo, para que se pronunciara sobre el caso, luego de sus pares fallaran en disidencia. Así se llegó a la sentencia.

Durante los 11 meses que han transcurrido, Aranda ha venido reclamando públicamente la banca. También los ediles afines a Campero, Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome, hicieron lo propio.

Ayer, tras conocer la decisión judicial, Jantus manifestó que había estado conversando con Aguirre y con el otro peronista del cuerpo, Walter Aráoz, para tratar de arribar a un acuerdo. “La Justicia le ha puesto plazo al Concejo para que termine con este atropello a la institucionalidad. Se está violando el mandato del pueblo, que votó a una lista, y por cuestiones políticas no se deja asumir a su representante”, declara el edil camperista.

Sospechas

En una sesión de marzo, la mayoría opositora aprobó la creación de una comisión investigadora del pliego de Aranda. La ordenanza había sido impulsada la mesa de conducción del cuerpo (la integran Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico y Aguirre). Entre sus argumentos, sostenían que debía analizarse la conducta de Aranda antes de tomarle juramento, pues sospechaban de posibles negligencias y de presuntos actos de corrupción, en complicidad con Campero.

Los concejales tenían en su poder presuntos recibos apócrifos supuestamente emitidos por Aranda como director de Saneamiento municipal. Zelaya sospecha que esos fondos no ingresaron a la Municipalidad y que, incluso, había personas facultadas a realizar cobros ambulantes.

“Desproporcionado”.- “El sentido de la certificación de la Junta Electoral Provincial obedece a la necesidad instrumental de contar con la documentación que acredite con certeza que la persona en cuestión fue electa. Por ello, adjudicarle efecto absolutamente impeditivo a la falta de un ‘certificado’, cuando el Concejo Deliberante ya cuenta con un informe de la JEP -a pedido del mismo Concejo de Yerba Buena- que indica con certeza inequívoca que el actor Aranda sucede en la lista al concejal Argiró antes electo, comporta una desproporción evidente y un exceso ritual manifiesto”, redactó el juez Carlos Giovanniello en su voto.

“Limitada facultad”.- “Por supuesto que el Concejo Deliberante es juez natural de la elección de sus miembros. Pero esa atribución de verificación que le ha sido dada dentro de sus límites legales y constitucionales ‘bien entendida’ no puede sino significar la asunción responsable del deber institucional de emitir un pronunciamiento razonable sobre los títulos de los concejales. Y la consecuencia evidente que se sigue de todo ello es que el Concejo no puede eludir el cumplimiento jurídico de ese deber institucional de manera indefinida, sin ninguna razón valedera que lo justifique. Dicho otro modo, el Concejo tiene una limitada facultad-deber de verificar si el actor reúne las condiciones requeridas para ser concejal de Yerba Buena; pero no está habilitado a eludir o a rehusar pronunciarse sin razón valedera que lo justifique. He ahí la omisión arbitraria y antijurídica que se verifica de manera evidente en este caso”, completó Giovanniello.

“El caso Meuli” y la Corte.- “Cabe evocar finalmente aquí -en cuanto pudiera ser aleccionador, mutatis mutandis- el memorable fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en un proceso de amparo en el que se debatía si era lícito que los electores del Colegio Electoral votaran en blanco o se abstuvieran de hacerlo en la última votación indirecta realizada para elegir Gobernador”, redactó el vocal Rodolfo Novillo en su voto. Se refiere a lo sucedido en 1987, cuando la Corte Suprema (integrada por Carlos Rodríguez Marañón, René Goane y Ricardo Falú) declaró inconstitucionales las resoluciones que había adoptado el Colegio Electoral y que apuntaban a su disolución frente a la imposibilidad de elegir gobernador. En la tercera votación, los votos en blanco habían sido 24 (los de los bussistas que actuaban por Bandera Blanca, y los de Acción Provinciana, que respondía al peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro). Los de los radicales (por Rubén Chebaia, el que más votos había conseguido en las elecciones), eran 22; y los justicialistas (por José Domato), sólo 14. Juan Carlos Meuli, elector del PJ, dedujo una acción de amparo y solicitó a la Corte que impidiera la convocatoria a una nueva elección, en la convicción de que el Colegio Electoral debía hacerlo. El tribunal concluyó que, aunque se trataba de una cuestión política, estaba sujeta al control judicial. Así, impidió que los electores votaran en blanco, lo que permitió que el Colegio Electoral eligiera gobernador (fue Domato, con el apoyo de Cirnigliaro).

“División de poderes”.- “El principio republicano de la división de poderes aconseja que este Tribunal del Poder Judicial no sustituya sin más al Concejo Deliberante de Yerba Buena en el ejercicio primario de una obligación verificatoria que está todavía pendiente”, cerró Novillo.

El desempate.- El camarista Horacio Castellanos acompañó el voto de Rodolfo Novillo.

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