08 Septiembre 2017
El presidente y gerente general de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, defendió sus 14 años de gestión en la empresa mixta, tras las duras críticas del intendente capitalino, Germán Alfaro. Según el ingeniero, en ese tiempo hubo una suba del 36% en los clientes del servicio de agua potable y cloacas en San Miguel de Tucumán.
En 2004, señalan los informes, había 78.949 cuentas por esas prestaciones en la ciudad; en 2017, suman más de 316.000. Más allá de la ampliación en las redes, Calvo admitió que es necesario “optimizar” las instalaciones y los recursos. En ese sentido, explicó que la mayoría los inmuebles reciben una factura denominada “por cota fija”, que expresa el costo del servicio sobre la base de una serie de variables. “Pero ahora estamos yendo hacia un sistema mucho más ‘finito’. El medidor es un ‘buchón’ del consumo de las casas”, graficó el titular de la SAT, en alusión al importante caudal de datos que arrojan esos aparatos.
De todas maneras, ese régimen está lejos de llegar a todos los hogares. Según el informe oficial, 37.570 usuarios de la capital cuentan con estos aparatos (su valor estimado rondó los 200 dólares por unidad, que fueron aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo). Así, el 11,8% de los clientes abona según ese mecanismo.
¿Cuáles son las diferencias a la hora de hablar de las tarifas?
Rodolfo Quiroga, gerente comercial de la SAT, explicó que los valores se fijan por ambos sistemas. “La de cota fija, que estamos trabajando para reemplazar, arroja un cobro sobre la base de la superficie cubierta, de la superficie del terreno, de la calidad del inmueble, la edad y tipología de la construcción, y de un factor zonal. Es decir, es un sistema (de facturación) que requiere toda una estructura”, señaló el ejecutivo. Advirtió que este mecanismo tiene un techo. “Si tenés 7.000 m2 (de superficie) o 4.000 m2, se paga lo mismo”, reveló. La cifra alcanza los $ 1.400 bimestrales, y corresponde -por ejemplo- a edificios y a galpones. “La gente dice que este régimen es inequitativo, porque no se (abona) en función del consumo”, comentó Quiroga.
Calvo sostuvo que así como la SAT logró ampliar sus redes, ahora se apunta a generalizar el sistema de medidores. Detalló que en 2004 había 2.067 de estos aparatos, y que hoy funcionan más de 37.000. “Son 17 veces más medidores”, añadió. Afirmó luego que, más allá de los diferentes sistemas de facturación, quienes se pasan de “cota fija” a “medidor” no advierten un incremento en las boletas. Eso sí: todo depende de que no se incurra en un “abuso”. “Hemos estudiado la situación de los clientes (que mudan de mecanismo) y no se encarece con medidor. Claro que, si se vacía una pileta de 60.000 litros cada dos días, es otra cosa”, describió. Señaló que se puede pagar la factura bimestral en dos cuotas mensuales, pero no muchos usuarios utilizan esa modalidad. Según la SAT, el 70% de los usuarios paga en promedio $ 350 o menos bimestrales (tanto por cota fija como por medidor). El índice de cobrabilidad para la firma es el 80% de los clientes. En 2004, ese porcentual era del 30%.
Voces sobre la polémica
Vecinos visitaron la Legislatura.- Vecinos de Aguilares y de Villa 9 de Julio (Capital) visitaron la Legislatura para exponer sus quejas contra la SAT ante la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor. “Es hora de revisar el marco legal de la concesión de este servicio vital”, señaló el radical Fernando Valdez, presidente de ese comité. Pobladores del sur, representados por la Asociación Civil Ambiente Sano Aguilares, acercaron un petitorio con más de 400 firmas que elevaron a la SAT por un derrame cloacal de hace cuatro meses, pero remarcaron que no obtuvieron respuestas. En Villa 9 de Julio, en tanto, se quejaron por un corte del servicio de agua potable durante un año entero. “Los tucumanos debemos saber con claridad cuál es la situación real de la empresa prestataria de este servicio, cuál es el plan de inversiones y por qué se producen tantas falencias”, manifestó Valdez.
Jaldo pide “que no se busquen culpables”.- El vicegobernador Osvaldo Jaldo, candidato a diputado por el Frente Justicialista, salió al cruce del intendente, Germán Alfaro (Cambiemos), tras el pedido de este de que se intervenga la SAT. “Hay temas con los cuales no se debe politizar. Hay que priorizar el interés de la gente. Este es el caso del agua y las cloacas de la provincia. Son temas para ponerse de acuerdo, para ver qué cuota de responsabilidad nos corresponde a nosotros como Provincia y también a la Capital. En vez de buscar culpables tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo, qué aporte hacemos para llevar soluciones”, indicó.
Barrios abandonados.- La Legislatura analiza un proyecto del oficialismo que insta al intendente Germán Alfaro (Cambiemos) a abocarse a planificar, ejecutar y mantener obras públicas de infraestructura. “Atento al informe de la empresa Sociedad Aguas del Tucumán sobre la falta de desagües pluviales y su impacto en la rotura y deterioro del servicio de cloacas, urge la necesidad de atender los numerosos reclamos de ciudadanos”, indicó el oficialista Emiliano Vargas Aignasse, autor de la iniciativa. Y señaló que recolectó quejas de distintos sectores de la capital. “Barrios como Elena White, Alejandro Heredia, Juan XXIII, por nombrar algunos, están totalmente abandonados por la administración de la capital”, consignó el peronista.
“La provincia se muestra incompetente”.- El legislador radical Eudoro Aráoz cuestionó los dichos del peronista Marcelo Caponio, quien había adjudicado a la falta de inversiones de la Nación las fallas en el servicio de agua y cloacas de la capital. ““Con un presupuesto de más de $ 54.000 millones, la Provincia se muestra incompetente para realizar obras de saneamiento y de agua potable, que son de su exclusiva responsabilidad por no ser facultades delegadas al Gobierno federal”, indicó Aráoz. Aseguró que la Nación “sí está haciendo inversiones en agua y cloacas” en Tucumán, y aseguró que esas obras alcanzan los $ 2.500 millones. “Si la respuesta a cada problema que tiene la Provincia es que la Nación no envía fondos, hay una clara delegación en las obligaciones que tiene el Gobierno provincial. Si esa es la postura que toma el Ejecutivo local, sería mejor que todo el gabinete provincial renuncie y que sea la Nación quien se haga cargo de la administración de Tucumán. La queja de Caponio es la verdadera muestra de la incapacidad del gobierno”, afirmó Aráoz.
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