La Justicia notifica a Brito que lo juzgará en noviembre

La Justicia notifica a Brito que lo juzgará en noviembre

El alperovichista rendirá cuentas de su gestión

31 Agosto 2017

La Sala VI de la Cámara Penal de esta capital pretende juzgar a Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), antes de que termine este año. Alicia Freidenberg, presidenta del tribunal, notificó al imputado que el juicio oral empezará el 7 de noviembre, con final previsto para el 23 de ese mes. Brito se transformará en el primer funcionario de jerarquía del Gobierno de José Alperovich que se sienta en el banquillo de los acusados por las irregularidades detectadas en el ejercicio de su función, en este caso, la ejecución de obras públicas.

Programación

La Sala VI prevé que el juicio oral se desarrolle en 10 jornadas divididas en tres semanas de noviembre: el 7, 8, 9 y 10; el 13, 14 y 15, y el 21, 22 y 23. La audiencia pública comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá en horario vespertino. La programación podría ser modificada: según trascendió, Arnaldo Ahumada, abogado defensor de Brito, no estará en la provincia en la fecha elegida por un viaje planificado desde comienzos de este año. Posiblemente habrá gestiones para aplazar el juzgamiento y, en ese terreno.

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El proceso del ex jefe de la DAU ingresó a la Sala VI en diciembre de 2016. Aunque en los meses subsiguientes las partes ofrecieron y produjeron las pruebas, el estrado integrado por Freidenberg, Marta Cavallotti y Stella Maris Arce aguardó la cobertura de la Fiscalía de Cámara N°6 para poner fecha al juicio. El primero de este mes asumió el nuevo titular de esa oficina, Carlos Saltor, a quien el gobernador Juan Manzur había designado en mayo.

La causa penal que involucra a Brito comenzó en 2012 a instancias de una denuncia de corrupción de los radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García. Previamente, LA GACETA había difundido un acuerdo del Tribunal de Cuentas que advertía sobre presuntos sobreprecios en una obra de restauración de la fachada de la Casa de Gobierno: a posteriori, el órgano de control practicó una auditoría que detalló supuestas anomalías en 86 de las 423 obras públicas ejecutadas con un régimen especial de contratación directa. El monto global de esos proyectos ascendía a $ 6 millones (1,2 millones de dólares según la cotización de 2012).

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