Se suman 200 presos más a la huelga de hambre en Villa Urquiza

La medida de fuerza tomó más peso en el penal de Villa Urquiza. A los 200 condenados de la Unidad 1 que comenzaron una huelga de hambre y laboral en exigencias de algunos derechos se le sumaron otros 200 presos -procesados, es decir, que no tendrían el mismo beneficio- de la Unidad 2, en solidaridad. El Director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, explicó que la protesta se está realizando de forma pacífica, pero que de todos modos se activaron algunos protocolos preventivos.

La huelga se inició el miércoles, cuando los penados que ya cumplieron más de la mitad de la condena comenzaron a exigir que se agilicen los trámites para las salidas transitorias y visitas de familiares. Además, se quejaron en contra de una decisión del Juzgado de Ejecución Penal de someterlos a un análisis de orina para determinar si consumieron estupefacientes, y en caso positivo, derogar los derechos. Snaider contó que los protestantes esgrimen es que esto no es justo ni legal.

Todos los reclamos fueron escuchados ayer por Lourdes Bascary, secretaria de Derechos Humanos de la Corte provincial, quien se habría comprometido a agilizar algunos puntos del petitorio. “En esa reunión, los 200 condenados han tenido una buena conducta; nadie le faltó el respeto ni le levantó la voz a la funcionaria”, aclaró el director.

Quejas en Tribunales

A partir de esta situación, LA GACETA consultó a varios abogados del ámbito penal sobre su análisis de lo que ocurre en el penal. La mayoría de ellos estimó que los presos tienen razón.

“Se llega de manera anunciada a esta situación. Ellos tienen derechos, más allá de la condena. Y no se pueden crear supuestos por fuera de la ley (por el análisis de orina). Imponerles condiciones que no están en la ley es un desconocimiento del derecho, o un abuso del derecho La función del juez de Ejecución es tener una persona que haga un seguimiento de la pena, pero la mayoría de los internos no tuvieron la oportunidad de conocerlo al juez, al doctor (Roberto) Guyot. Él no los recibe en su despacho, pero tampoco va a verlos. Si buscamos la reinserción, difícilmente la logremos si el magistrado no conoce a los presos y le niega derechos. El señor Guyot no ha tomado con seriedad su nuevo y distinguido rol. Tomó la parte linda, pero parece que sigue siendo director del servicio penitenciario”, opinó Manuel Pedernera.

Pablo Rivera también criticó al Juzgado, pero tomó esta situación como una falla del sistema judicial en su totalidad. “Hay indefinición en cuanto a los pedidos de libertad. En esto estamos viendo los que hacemos Derecho Penal que el Juzgado de Ejecución no está funcionando como corresponde. Entran presos y no salen de la cárcel, por eso hay un hacinamiento. Aquí también tiene que ver la tarea de la Instrucción, que recolecta las pruebas. Está fallando todo el sistema”, barajó.

Ernesto Baaclini pidió analizar cada caso en particular, pero añadió que hay demoras en los trámites y que esto le genera gastos innecesarios al Estado. “Los trámites innecesarios burocráticos llevan a esta situación. Los oficios tardan mucho”, acotó.

Otra mirada aportó Facundo Maggio, y pidió mirar afuera del penal. “Los problemas que le achacan al sistema son estructurales y de educación, de políticas de asistencia e igualdad de oportunidades. No es lo más lindo la cárcel, ni el sistema represivo, pero allí se llega cuando ya se cometió el error. La gente que tiene hambre a veces llega al conflicto porque no tiene oportunidades”, concluyó.