Por el reclamo de Lebbos, adelantan la aplicación de leyes favorables a víctimas

Legisladores del oficialismo y de la oposición arribaron a un consenso ayer y anunciaron la sanción de un proyecto de ley para la puesta en vigencia -a partir del mes próximo- de las normas destinadas a garantizar los derechos los ciudadanos que sufren delitos, y asegurar su asistencia legal, económica, física y psicológica desde el Estado.

La decisión del cuerpo legislativo surgió a raíz de los reclamos de Alberto Lebbos, referente de la organización de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán. El padre de Paulina Lebbos (una joven asesinada en 2006 cuyo caso sigue sin resolución) había solicitado la adhesión a la ley nacional 27.372, de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos. “Quienes sufren delitos y sus familiares tienen derecho a ser protagonistas en los procesos penales. Que no les pase como a mí, que se me impidió por años ver el expediente del caso de Paulina”, explicó Lebbos a LA GACETA.

Debido a su planteo, ayer se celebró una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Marcelo Caponio (PJ-Tucumán Crece), y de Seguridad y Justicia, a cargo de Javier Pucharras (PJ-Tucumán Crece), con el fin de analizar los proyectos aportados por diferentes espacios para avanzar con el tema. Lebbos sorprendió a los legisladores: se presentó en la sede de Muñecas 951 y les pidió exponer sobre el tema. Los miembros de las comisiones parlamentarias aceptaron, pero finalmente tomaron una resolución alternativa. “La ley nacional (27.372) llama a las provincias a que modifiquen su sistema procesal. Pero la Legislatura, el año pasado, ya aprobó el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), más integrador y completo que la normativa nacional”, afirmó Caponio. El oficialista detalló que la aplicación del CPPT estaba prevista para el 1 de septiembre, pero la Corte Suprema de Tucumán solicitó una prórroga para que la reestructuración comience a partir del primer día hábil de febrero de 2018 -y sólo en los tribunales del sur-, ya que implica fuertes cambios para el servicio de justicia. Caponio anticipó que, cuando se apruebe lo requerido por el máximo tribunal, se hará una salvedad: todos los aspectos referidos a las víctimas de delitos ya incluidos en el nuevo Código Procesal Penal sí deberán ser implementados a partir del mes próximo. “Es una decisión política. Sabemos que se puede realizar. Lo fundamental es proteger a las personas que han sufrido un hecho ilícito; que tengan todas las garantías y derechos cubiertos para poder intervenir en un proceso judicial”, dijo. Anticipó que se buscará la centralización de la asistencia a las víctimas en una única oficina estatal. “Vamos a avanzar en los próximos días”, añadió.

Lebbos se mostró conforme con que los legisladores tomaran el reclamo de la comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, aunque hizo algunas salvedades. “Quiero destacar el valor de la lucha de quienes integramos (la organización). Estábamos afligidos y tristes de ver la pasividad de los poderes del Estado; en especial, necesitábamos que reaccione la Legislatura. Acá hacen falta herramientas efectivas y concretas para solucionar este problema”, aseveró. Y añadió que las víctimas y sus parientes deben ser asesoradas para saber qué pasos seguir. “Se debe hacer mucha docencia en ese aspecto. Cuando una persona sufre un delito grave, cae una bomba atómica en su familia. Es un desastre psicológico, emotivo, financiero y en todos los sentidos”, remarcó el padre de Paulina.

Reclamos 
Exigen al Ejecutivo que reglamente las leyes pendientes para habilitar su aplicación
Fernando Valdez (UCR), titular de la comisión de Derechos Humanos, recordó que en 2006 que creó por ley el Programa de Asistencia a la Víctimas del Delito. “Pero eso no se aplica, no se la reglamenta. Es una mala práctica institucional del PE. Sucede con muchas normas, como la de Asistencia de Adictos”, dijo. Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) advirtió que la situación de las víctimas debe ser contemplada “de inmediato”. “No es posible que el Estado no tenga hoy un camino cierto para quienes sufren un delito; deben hacer infinidad de trámites y estar empujando puertas en todas partes”, indicó la peronista.

En Seguridad 
Elevan propuestas para fortalecer la prevención e investigación de delitos 
La comisión de Seguridad y Justicia, a cargo del oficialista Javier Pucharras, está analizando proyectos para la prevención de delitos. Osvaldo Morelli, Irene Medina y Gladys Medina, entre otros miembros del Tucumán Crece, propusieron que, a partir de 2018, se incluya en toda documentación oficial la leyenda “año de la concientización sobre la violencia de género - #NiUnaMenos”. Los peronistas Roque Cativa y Ramón Cano, entre otros, impulsan la creación de una Policía Judicial en la órbita de la Corte. “El delito es un fenómeno social complejo y requiere que el Estado implemente soluciones integrales”, indicaron.