La penosa situación de las cárceles tucumanas

Cuando sale a la luz, se produce un debate, se dice que no hay dinero, que se va a hacer lo posible para cambiar la realidad denigrante, que se pondrán en marcha medidas para su rehabilitación social. Autoridades de la Justicia, del Ejecutivo, del Legislativo, funcionarios nacionales se echan la culpa entre sí; pareciera que el responsable es siempre el otro. Luego sobreviene el silencio, el olvido, hasta nuevo aviso. El estado deplorable que presentan cárceles tucumanas, así como una buena parte de las comisarías, donde el hacinamiento es moneda corriente.

La Procuración Penitenciaria de la Nación señaló en un informe que la situación de las cárceles de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (Santa Esther), es grave. Funcionarios de esa institución visitaron las penitenciarías entre el 9 y el 11 de agosto en el marco de jornadas de capacitación a miembros de los Juzgados de Ejecución Penal de Tucumán. Observaron in situ la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación de los reclusos, así como las pésimas condiciones materiales de alojamiento. “Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización”, se indica en el relevamiento. Conversaron con presos, uno de ellos “se hallaba alojado en un sector no habilitado. Constataron que el detenido presentaba disparos de goma en la espalda, se hallaba esposado a la pared y aislado desde hacía tres días.

En abril pasado, LA GACETA se refirió ampliamente a la carencia de presidios federales que padece Tucumán. Mientras Salta y Jujuy, además de unidades carcelarias, poseen alcaldías federales (lugares de alojamiento transitorio para los detenidos hasta tanto se defina su situación procesal), nuestra provincia es la única en el Noroeste que no tiene nada. Estos penales fueron construidos con dineros de la Nación. El Poder Judicial informó entonces que las comisarías de toda la provincia alojaban unas 700 personas privadas de su libertad, el doble de su capacidad. Un juez dijo que Gendarmería y la Policía Federal no tenía dónde alojar a los detenidos y debían buscarles albergue en alguna comisaría. En diciembre de 2015, un fiscal dijo que el asunto no se agotaba en el hecho de alojarlos, sino que también había que darles trabajo. El ministro de Gobierno propuso entonces firmar convenios con empresas privadas para que los reclusos pudieran salir a trabajar o prestaran servicios comunitarios. “Sabemos que el tiempo de ocio los lleva a pensar en cómo pueden fugarse, o si pueden o no drogarse. Esa es la realidad”, dijo.

Esta situación es conocida desde hace años y se puso nuevamente en el tapete en abril pasado, de manera que no debería sorprender a la Procuración Penitenciaria de la Nación. Mientras el gobierno nacional piensa, se puede diseñar un plan de trabajo para que los presos tengan actividades laborales (como se hace en algunos casos en los talleres de la penitenciaría) y acaso hasta se ocupen de aspectos de la refacción de las cárceles, tomando todos los recaudos necesarios. En lugar de estar aislados, podrían prestar servicios a la comunidad. Tal vez sería un paso importante hacia su reinserción social. Si las denuncias se quedan en palabras, el sistema carcelario seguirá haciendo agua por todas partes, sin cumplir con su objetivo.