¿Se va Hofer?

01 Ago 2017

En los pasillos de Casa de Gobierno, como ocurre cada tanto, se hizo fuerte una versión. El gobernador Juan Manzur está dispuesto a realizar una jugada polémica: pedirle la renuncia al secretario de Seguridad, Paul Hofer. Le recomendaron que tomara esta medida después de las PASO, que el puesto vacante fuera ocupado por el ex jefe de Gendarmería, Claudio Maley, y que nombrara a comisarios retirados al frente de la Policía. Ese sería tan sólo el inicio de una serie de cambios que terminaría con la creación del Ministerio de Seguridad.

Manzur sabe que no hay margen de error. La partida de Hofer puede ser una medida demagógica para captar la atención de los tucumanos antes de las elecciones. Pero también analiza que con su Plan Integral de Seguridad el funcionario consiguió la reducción de los delitos durante tres años consecutivos, según los números que elaboró la Nación, que no es afín con este gobierno. No desconoce que se consiguieron estos resultados pese a que no realizó ninguna inversión importante en 19 meses para la fuerza.

Otros asesores le advirtieron que nombrar a Maley antes de las elecciones sería como poner la cara para recibir el golpe de un boxeador profesional. El ex comandante se habría encargado de resolver todos los problemas que se habían suscitado en la gestión de su antecesor, cuando estalló el escándalo por supuestas irregularidades en el escrutinio de las elecciones en las que fue ungido gobernador Manzur. Los opositores, por el momento, se llamaron al silencio. Agazapados, esperan que se confirme este cambio para comenzar con la lluvia de críticas y cuestionamientos.

Diferencias

Hofer es un técnico, no un político. No tiene cintura para enfrentar los conflictos que a diario se le presentan con otros funcionarios. Tampoco tiene paciencia para aceptar las críticas. Se enoja con mucha facilidad y lo hace saber en las redes sociales. Por eso su figura se desgasta. Con aciertos y con errores, es reconocido por los hombres de la Policía como el funcionario que modernizó la fuerza, que acabó con los ingresos masivos a dedo, que apostó a la capacitación, que respetó la carrera policial y que los está arrimando a la sociedad paulatinamente.

Con Maley, los azules ven todo lo contrario. Desde hace más de un año es funcionario del área de Seguridad, pero nadie sabe bien cuál es su función. Entienden que su formación fue enfocada en cuidar la frontera y no en hacer prevención. También lo consideran como una amenaza porque con él llegarán comisarios retirados para conducir la fuerza, algo que no ocurre desde hace más de una década, y así varios podrían ver truncadas sus aspiraciones de ascender. Y se sabe cuáles son las consecuencias cuando los azules están desmotivados.

No será la primera vez que un ex gendarme que llegó a Tucumán a cumplir con su misión termine transformándose en una pieza clave dentro del área de Seguridad. El ya fallecido Juan Alberto Kaleñuk asumió como jefe de Policía el 30 de octubre de 1999, cuando Julio Miranda era gobernador de la provincia. Duró poco en el cargo; el 10 de febrero de 2000 presentó su renuncia por estar procesado en una causa federal. El ex comandante pudo haberse ganado la confianza de José Jorge Alperovich, que lo nombró como asesor, pero jamás fue bien visto por los azules que le ladraban cada vez que se quería acercar a su campo.

Sin ayuda

Es que los tucumanos deben entender de una vez por todas que a la seguridad no la garantiza un nombre, sino un plan. Tampoco que ningún candidato a quedarse con el cargo frotará una lámpara y a los días la provincia se transformará en la Suiza del NOA. Hay que pensar a largo plazo. Que no todo se soluciona con más policías o leyes más duras, ni con un solo ministerio sino con varios como el de Desarrollo Social, de Educación y de Salud, entre otros. Que tampoco sólo es responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial.

La provincia fue declarada en emergencia en materia de seguridad con una norma sancionada por la Legislatura. Con bombos y platillos se anunció la creación de una Comisión de Seguimiento para analizar la situación y debatir ideas que podrían ayudar a reducir la inseguridad en la provincia. A casi un año de haberse dictado esa ley, el cuerpo integrado por representantes de los tres poderes no presentó ni un solo proyecto para que sea analizado por la Comisión de Seguridad. Y es poco probable que hagan al menos uno para salvarse del papelón, puesto que se reunieron por última vez el 15 de mayo.

En la Justicia el panorama es muy complicado. Los escándalos que se desatan cada vez con mayor frecuencia no hacen más que desgastar su imagen ante una sociedad que espera transparencia para acabar con la inseguridad. La desaparición de Daiana Garnica, el caso que más conmovió a los tucumanos en lo que va del año, podría quedar impune por vicios procesales. El fiscal Diego Bonari realizó las primeras medidas sin la autorización de un juez, amparándose en un artículo del Código Procesal muy difícil de sostener ante un tribunal.

Cuentan que el investigador está solo, que perdió el apoyo hasta de sus colaboradores. Y en ello tiene que ver su forma de actuar. No han pasado tres meses desde que la adolescente fue vista por última vez y Bonari denunció a los policías que gozan de la máxima confianza de sus pares, denunció a dos jueces (Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu) y cuestionó a un tercero (Francisco Pisa) por no haber recusado a los empleados de un juzgado. No es una situación común en un caso tan complejo. Tampoco lo es pensar que con un cambio de nombre (no importa si es Hofer o Maley) se solucionarán los problemas de la inseguridad.

Comentarios