La narcopolítica II

18 Jul 2017

La senadora oficialista Silvia Elías de Pérez se llevó dos sorpresas cuando se presentó en la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ubicada en Barrio Norte. Quería felicitar personalmente a sus hombres por haber desmantelado la organización narco que lideraba “La Cabezona” en la provincia. Los que estuvieron presentes en ese encuentro dicen que sonrió y se sonrojó cuando los jefes le entregaron un ramo de rosas; pero después, a la hora de escuchar cuáles eran sus necesidades, se tomó la cabeza. De la reunión salió pensando y murmurando por lo bajo todo lo falta por hacer.

La Nación sigue subida a la ola marquetinera de los grandes secuestros de droga que se producen semanalmente. Pero Elías de Pérez fue la que recibió el cachetazo, la que conoció en carne propia cuáles son los problemas que se presentan en las fuerzas de seguridad para llevar adelante esta guerra. Hay situaciones que rozan lo ridículo. Por ejemplo, el equipo comando de Drogas Peligrosas –que debe asegurar los lugares donde se realizan los allanamientos- se quedó sin medio de movilidad. En el último procedimiento, se les rompió la puerta del utilitario y uno de los efectivos tuvo que sostenerla cuando circulaban por las polvorientas calles de los barrios de la periferia.

Esta fiebre antinarco está generando efectos colaterales impensados por la población. Por error u omisión, las fuerzas federales ya no tienen lugar donde alojar las personas que detienen en los operativos que realizan en los últimos tiempos. Es tan grave el problema que, antes de pedir la autorización para hacer una medida, deben presentar ante la Justicia una nota diciendo qué harán con los detenidos y, si no lo hacen, no pueden realizar los operativos. Los jueces federales Daniel Bejas y Fernando Poviña; el camarista Ricardo Sanjuán; los fiscales Pablo Camuña y Carlos Brito; y el ministro de Gobierno Regino Amado venían advirtiendo de esta situación desde hacía mucho tiempo, pero nadie los escuchó.

Herida en su orgullo, Elías de Pérez mantuvo varios encuentros en Buenos Aires. Uno de ellos fue con el ministro Germán Garavano. Dicen que la reunión no fue cordial, sino concreta. No hubo intercambio de flores, pero sí una exposición del duro problema. La senadora regresó al menos con la promesa de que se podría construir una alcaldía Federal para albergar a los arrestados y acelerar los trámites para que los vehículos secuestrados a los narcos tucumanos, entre ellos varios utilitarios como los que necesita la Federal, se queden en la provincia. Las gestiones, realizadas con caras de pocos amigos, sirvieron también para conseguir que la Dirección Nacional de Vialidad ceda un predio para guardar allí todos los decomisos de bienes. Todo estos avances, que llegaron tarde por cierto, los podría anunciar en una visita ministerial que se confirmaría en los próximos días.

En la frontera

Después de la experiencia en la Policía Federal, es muy poco probable que Elías de Pérez decida pasar por la sede de la región de Gendarmería Nacional. Allí también la podrían haber esperado con flores y con una lluvia de reclamos. Esta fuerza también incrementó la cantidad de mercadería y droga secuestrada en lo que va del año. Lo hizo pese a que los controles son esporádicos y no diarios. Y cuando los del Escuadrón 55 se paran en Trancas, hay kilómetros de filas de “bolseros” que se quedan del lado salteño esperando que dejen de requisar para poder ingresar a la provincia porque no hay hombres suficientes para custodiar la permeable frontera con Bolivia.

Después de mucho vacilar, la Nación puso los ojos en San Ramón de la Nueva Orán, esa localidad salteña que actualmente es el punto más caliente de la región. Ante el amague de los “bagayeros” de generar una rebelión, incompresiblemente, los funcionarios de Mauricio Macri transformaron en legal lo que es ilegal. Los autorizaron a traer dos bultos de contrabando por día, después de registrarse para tener un mayor control. Hasta la semana pasada lo habían hecho 500 trabajadores de fronteras, pero en realidad se estima que son al menos 5.000 los que se dedican a esta actividad.

En medio del descontrol, propiciado de alguna manera por la Nación, se están generando situaciones que alteran a la Justicia. Ya se detectó la presencia de sicarios tucumanos que están actuando en la guerra entre bandas narcos que operan en esa localidad. Además la semana pasada, con el secuestro de más de 350 kilos de cocaína, debutó lo que hasta ahora se conoce como Grupo de Operaciones del Norte. Se trata de un equipo integrado por efectivos de diferentes fuerzas de seguridad que fue entrenado por la DEA. La idea era neutralizar de alguna manera el ingreso de esa droga por el norte, ya que se le están cerrando las puertas del NEA. Pero la presentación no fue de las mejores porque este cuerpo de elite, al parecer, se olvidó de informar que en pleno procedimiento acabaron con la vida de una persona que llevaba la carga.

Situaciones como estas dejan mucho para analizar. Es importante que haya una decisión política para luchar contra el narcotráfico, pero también debe estar acompañada por otras medidas para que el trabajo sea mucho más eficiente y no quede la sensación de que todo está atado con alambre. Pero también es cierto que esta misión se debe enfocar en disminuir la demanda atendiendo a los adictos. Claro que esta es una misión mucho más difícil y que no tiene los mismos efectos políticos que sacarse una foto delante de 1.000 kilos de cocaína.

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