Manzur olvida el “lado B” del fallo

“Con el objetivo de consolidar nuestra democracia debemos pensar en el desarrollo de una reforma política que se construya a partir de la participación del conjunto de los actores de la sociedad, como así también un sistema electoral que tienda a lograr mayores niveles de democratización institucional y social”. Esta definición trascendental corresponde a Juan Manzur. Fue pronunciada ante la asamblea legislativa el 29 de octubre de 2015 y forma parte de su discurso de asunción como gobernador de Tucumán. Es decir, es parte fundamental y fundacional del programa de gobierno que anunció al pueblo de la provincia a través de sus representantes.

La reforma política, entonces, no es una promesa proselitista del gobernador. Conviene precisarlo porque esa reforma política es el “lado B” de la sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa que acaba de revolcar la queja del Acuerdo por el Bicentenario contra el fallo del superior tribunal tucumano, el cual validó los comicios de agosto de 2015, revirtiendo la anulación de los comicios que había dispuesto la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Como el fallo federal se dio a conocer en las vísperas de la campaña electoral de las PASO, que tiene como precandidatos a miembros de las fórmulas enfrentadas en las urnas y en las cortes hace dos años (el radical José Cano, de un lado, y el peronista Osvaldo Jaldo, del otro), el pronunciamiento judicial no demoró en convertirse en un elemento más de los discursos de los postulantes de uno y de otro sector. La cuestión, sin embargo, no merece banalización semejante.

Los jueces cimeros de la Nación han legitimado el triunfo de Manzur, quien no demoró en traducir la sentencia: “La Corte, por unanimidad, dijo que no hubo fraude”. Lo que hubo, en cambio, fue una elección desbordante en maniobras fraudulentas. El resultado redundó en la anulación de 20.000 votos. La diferencia que Manzur le sacó a Cano quintuplica esa cifra, recalcaron los jueces nacionales. No menos cierto es que esa cifra equivale a que los votantes de todo Juan Bautista Alberdi, para dar un ejemplo, o de toda Trancas y todo Graneros juntos, para dar otro, se hubieran quedado privados de elegir gobernantes en esos comicios.

Como bien distinguió Manzur cuando le dijo al pueblo tucumano cómo gobernaría, el sistema electoral es sólo una parte de la reforma política. “Daremos inicio a un proceso de diálogo político con representantes de los distintos partidos, universidades, organizaciones políticas y sindicales para debatir de manera abierta diferentes propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro sistema político”, anunció hace 21 meses. De esa convocatoria surgió el libro “Tucumán Dialoga”, que contiene el informe de la Junta Electoral Provincial sobre los comicios de 2015. Allí, el organismo de control comicial detalló que compitieron en Tucumán 454 partidos con sus propias listas, más 1.657 acoples, es decir, partidos que “acoplaron” a otros sus listas de concejales o de legisladores. La Junta advirtió también que para 2019 la cifra de partidos será de 1.051. Si ese incremento del 130% se traslada a los acoples, estos rondarán los 3.800.

Cifras semejantes revelan que Tucumán antes que un sistema político tiene una kermés. Primero hay que reformar esa burlesca para luego avanzar en un sistema electoral mejor. Curiosamente, todo ello tampoco es mera promesa de campaña, sino que conforma un conjunto de imperativos normativos impulsados por el propio Manzur, con los que Manzur tampoco cumple.

El actual gobernador presidió la convención constituyente que reformó la Constitución de Tucumán en 2006, cuyo texto manda dictar la “Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos” y la “ley reglamentaria” del voto electrónico, en ambos casos antes de que termine ese año. Con la primera se puede limitar el número de acoples. Con la segunda, fijar un instrumento de sufragio que evite las urnas quemadas, embarazadas y refajadas. Manzur presidió la Legislatura de 2007 a 2015. Ninguna de esas leyes se dictó jamás.

La reforma política se completa, por cierto, legislando (no como en Europa, sino como en el resto de América latina) para conjurar el acarreo de votantes, la entrega de bolsones, la compra/venta de votos, el ofrecimiento de puestos de trabajo u otras ventajas estatales para captar sufragios, y la transparencia en la inauguración de obras públicas o el otorgamiento de planes sociales para que el contribuyente y el beneficiario sepan que lo hace el Estado y no el gobernante o su partido. Todo ello se resume en la idea de clarificar el origen de los recursos con los que se financian las campañas electorales.

Con mucho de razón, y bastante de envalentonamiento por el fallo de la Corte nacional, Manzur le reclamó al jefe municipal de Concepción, Roberto Sánchez, que pida licencia sin goce de sueldos para afrontar el período proselitista, dado que es precandidato a diputado de Cambiemos. “El intendente no puede hacer campaña política con la plata de todo el pueblo de Concepción”, advirtió. Mientras no haga la reforma política que le anunció a todo el pueblo de Tucumán, el gobernador tampoco escapará a esa condena que él ahora adjudica. En 2015, la Legislatura que él administró elevó de $ 150 millones a $ 600 millones la partida con la que se financiaban los ahora extintos “Gastos Sociales”. De ese dineral, $ 200 millones salieron en valijas del banco oficial dentro de los 90 días previos a los comicios, dominados por ejércitos de dirigentes llevando y trayendo electores a los que les entregaban mercaderías y dineros en efectivo…

La reforma política no tiene que ver con campañas electorales: tiene que ver con la democracia. Así lo diagnosticó Manzur. El fallo nacional alivia su investidura. ¿Cuándo aliviará él al pueblo con la democratización institucional y social que le prometió en el primer día de su gestión?

La sentencia nacional cierra el capítulo de la judicialización de los comicios de 2015. El capítulo del vandalismo electoral sigue oprobiosamente abierto.