La “narcopolítica”

“¿Por qué ahora sí y antes no?”. Esa es la pregunta que se hacen los habitantes de esta provincia, de Buenos Aires, de Salta, de Santiago del Estero, de Rosario, de Corrientes, de Jujuy, de Córdoba, de Mendoza y de Chaco, entre otras más. Ese interrogante surge cuando descubren las imágenes de los operativos donde se secuestran grandes cantidades de drogas y se desarticulan bandas que llevan años vendiendo muerte en este país y exportándola a otros estados. Evidentemente hay una decisión política para combatir el narcotráfico.

La gestión de Mauricio Macri tomó la lucha contra las drogas como un estandarte del cambio. El país quedó en manos de los señores de la muerte desde el final del alfonsinismo. Se acentuó con el menemismo, el delarruismo, el duhaldismo y, fundamentalmente, el kirchnerismo. Y en nuestra provincia existe un ejemplo para probar esta teoría. Los hombres de Drogas Peligrosas de la Policía Federal llegaron de la mano de Raúl Alfonsín a estas tierras. Con Carlos Menem hasta tuvieron un helicóptero que después de su presentación voló a Buenos Aires y nunca más regresó. Con los otros gobiernos llegó el abandono. Con esta gestión recuperaron recursos humanos y logísticos que les permitieron detener a Rogelio “El Gordo” Villalba, considerado el “Rey del paco” de La Costanera; desarticular la banda de Nilda “La Cabezona” Gómez y colaborar para desarmar la organización de Julio César Trayán.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sabe que esta lucha narco está muy bien vista por la ciudadanía. Pero pareciera que todo se resume a una cuestión de marketing en tiempos electorales. Después del exitoso operativo de la Villa 1-11-14, la funcionaria anunció la creación de una Unidad de Prevención de Gendarmería Nacional cuya misión será la de evitar que los señores de la muerte vuelvan a instalarse allí. Se olvidó de la promesa que había hecho para que los gendarmes vuelvan a las fronteras, lugar donde deben estar.

Desde la Nación tampoco se dijo qué se hará con todos los problemas que se esconden detrás de la cortina de humo que lanzan estos megaoperativos. ¿Cuál será el plan de prevención de las adicciones y cuántos centros de recuperación de adictos se construirán en esta y otras provincias? ¿Crearán la o las fiscalías dedicadas pura y exclusivamente al narcotráfico, como se lo pidieron hasta por escrito los fiscales Carlos Brito y Pablo Camuña? ¿Acelerarán los trámites para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar los vehículos secuestrados a los narcos como indica la ley y para que, por ejemplo, Drogas Peligrosas pueda usar uno de los dos utilitarios que se le incautó a “La Cabezona” para trasladar a sus hombres? Esas son preguntas de fondo que aún no tienen respuestas.

Golpe tras golpe

A los pocos minutos de que se conociera la detención de Gómez, comenzó la carrera para determinar qué vínculos políticos tenía la mujer que ostenta el triste récord de haber recibido tres condenas por comercialización de drogas. El candidato José Cano la acusó de ser puntera de la funcionaria a la que había denunciado de haber mandado a golpear a trabajadores municipales en el barrio Alejandro Heredia. Luego fue ligada a otro referente de Villa 9 de Julio, a un funcionario de un ente autártico de la provincia y, por último, a un ex intendente de una ciudad del interior. “Hasta el momento no surge de la investigación ningún vínculo político”, explicó el fiscal Camuña. Irónicamente, desde la Justicia Federal una alta fuente dijo: “si seguimos así circulará una foto de la detenida con Macri”.

En Corrientes se produjo una de las primeras pruebas electorales a nivel nacional. El candidato de Cambiemos se quedó con la intendencia de la capital de esa provincia venciendo al PJ y al kirchnerismo. Los analistas políticos no dudaron del efecto Itatí, ya que en esa ciudad fueron detenidos el intendente y su vice por ser sospechosos de dirigir una organización narco que traía hasta cinco toneladas de marihuana por semana. La Nación entendió el panorama y casi de inmediato llenó de fuerzas de seguridad esas tierras para dar otra imagen. Los resultados de esta estrategia se confirmaron en las urnas.

Los opositores a la gestión del gobierno provincial, en los últimos días, comenzaron a preguntarse por qué a los operativos importantes sólo los realizan las fuerzas nacionales y no la Policía de la provincia. Estos desmemoriados de turno no recuerdan que la Digedrop desarticuló el año pasado la banda que dirigían Luis “El Gordo Vaca” Vega y Alejandro “El Seco Ale” Astorga. Tampoco recuerdan que fueron los hombres del área de Seguridad los que lograron que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se instalara en la provincia y los que invirtieron para que Gendarmería tuvierna un destacamento en Capitán Cáceres.

Los nombres de Trayán y de José “Pico” Peralta se repetirán una y otra vez en esta campaña. Ambos fueron acusados de traficar drogas. El primero trabajaba para el ahora legislador Santiago Cano. El otro, cuando declaró en la Justicia Federal, reconoció que tenía un cargo en el Concejo Deliberante capitalino. Ambos son referentes barriales que aportaron muchos votos para el alperovichismo. Son casos concretos de que nuestros dirigentes son capaces de negociar hasta con el diablo (que aquí está disfrazado de narco) con tal de sumar votos. Es una prueba más de que, después de tantos años sin acciones concretas, estos personajes se transformaron en amos y señores de muchos barrios y los políticos ahora deben acudir a ellos para ganarse el electorado. Eso es lo triste de la “narcopolítica”, que genera mucho humo y pocas soluciones.