Sólo tres impuestos equivalen a la renta normal que puede generar un comercio

La irrupción policial en los puestos de “La Salada” puso al desnudo un complejo escenario de informalidad que afecta al comercio. Pero también destapó otra realidad: la excesiva carga fiscal hacia los negocios formales. Según el último reporte del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el accionar contra la informalidad de puestos y ferias no será sustentable si no se baja sustancialmente el costo de trabajar y comerciar en la legalidad. Las “Saladas” son la demostración más cabal de la necesidad de contar con un Estado moderno, que gaste menos y administre mejor, indica. Esta es la única vía para disminuir la presión impositiva, brindar servicios de calidad y, de esa manera, darle a la gente la opción de poder trabajar en la legalidad y con decencia, considera el instituto.

¿La erradicación de estas prácticas depende solo de las intervenciones policiales? Para indagar sobre este tema resultan sugerentes algunas evidencias que se encuentran en el informe Doing Business del Banco Mundial. Esta publicación mide, para una gran cantidad de países, cuánto representan los impuestos en la rentabilidad normal de un comerciante. Para el caso de la Argentina señala que:

• El impuesto a los Ingresos Brutos representa el 53% de la rentabilidad.

• Las contribuciones patronales para la seguridad social el 29% de la rentabilidad.

• El impuesto al Cheque el 17% de la rentabilidad.

Según Idesa, estos datos muestran que solo estos tres impuestos absorben toda la rentabilidad que un comerciante esperaría obtener de su actividad bajo condiciones normales. Si se suman el resto de los tributos, Doing Business estima que se llega al equivalente de aproximadamente el 106% de la rentabilidad normal. Es decir, bajo el actual sistema tributario sólo quienes logran una rentabilidad superior a la normal estarían en condiciones de cumplir con el pago de todos los impuestos y generar un excedente.

Para quienes no tienen una posición dominante de mercado que les permita obtener una rentabilidad extraordinaria la única alternativa que les queda es operar en la informalidad comercial.

Otras variables

Los problemas no se agotan en el nivel de los impuestos. La burocracia también provoca que una enorme mayoría de pequeños emprendimientos sean viables sólo si operan en la ilegalidad, advierte el reporte privado. El mismo estudio del Banco Mundial señala que abrir un negocio en la Argentina lleva 25 días, obtener un permiso de construcción un año y hacer los trámites para pagar los impuestos consume 45 días al año, cuando en países avanzados abrir un negocio lleva un día, obtener un permiso de construcción un mes y los trámites para pagar los impuestos consume sólo siete días al año.

Para terminar con las “Saladas” no alcanza con el accionar policial, sostiene el instituto. Es fundamental crear un entorno regulatorio más amigable y establecer un sistema impositivo más racional, puntualiza. Por abusivas y onerosas que sean las condiciones de las “Saladas”, terminan siendo menos confiscatorias que las obligaciones que impone el Estado. “Los pequeños emprendedores toleran los costos económicos y humanos de operar en la informalidad porque peor es intentar hacerlo bajo el amparo del Estado. Por eso, los extorsionadores y criminales pueden obtener enormes beneficios y hasta se permiten contaminar al poder político”, finaliza Idesa.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la venta ilegal moviliza más de $ 70.000 millones, una cifra que iguala al Fondo de Reparación Histórica para los Jubilados, supera más de seis veces al presupuesto anual del Ministerio de Producción y triplica a los de Justicia y de Agroindustria. Además, el dinero que moviliza el comercio ilegal es mayor a las carteras de Salud y del Interior, Obras Públicas y Viviendas. Ante estas cifras, “se necesita controlar la actividad de La Salada y saladitas para combatir a las mafias que se esconden bajo el lema de economía popular”, dijo a través de un comunicado de prensa el diputado de Cambiemos, Marcelo Sorgente, autor del proyecto de ley que busca regular la actividad de las ferias.