El quite de pensiones a personas con discapacidad

Desde hace ya varias semanas, miles de familias afectadas por la decisión del Gobierno Nacional de recortar las pensiones a personas con discapacidad, se encuentran envueltas en un mar de incertidumbre y alarma. A través de diversos voceros, pero especialmente por medio de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno hizo saber que suspendió las pensiones por discapacidad a unas 70.000 personas en lo que va del año y que sólo en junio, la cartera que comanda la ministra Carolina Stanley quitó el beneficio de $ 4.776 a unas 16.457 personas con capacidades diferentes.

La polémica comenzó a crecer cuando el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, justificó la medida explicando que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión (ya que) puede trabajar si lo deseara”. Poco después, en Tucumán, durante un encuentro con ministros provinciales del área, dijo que esos beneficios “no se han caído” y que “nosotros hacemos como se hizo siempre: procedimientos administrativos para verificar la existencia de los beneficios del momento en que fueron iniciados” y que “las suspensiones, en su gran mayoría, tienen que ver con procedimientos, no por decisiones del Gobierno; los procesos administrativos son los mismos que hacemos todos los meses” y que “el 70 u 80 % tiene que ver con pases a la pensión por adulto mayor, a personas fallecidas”. Incluso, llegó a asegurar que “durante el kirchnerismo, hubo un manejo definitivamente corrupto para distribuir pensiones que no correspondían”.

Así fue que sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión, que según las distintas variantes aplicadas, se remite también a un decreto de esos tiempos en que gobernaba el presidente Carlos Menem, para sacar las pensiones graciables a las personas con “invalidez”. Lo que vino después fue una catilinaria de reproches y críticas a la administración del presidente Mauricio Macri, hasta que se conoció que oficialmente esa decisión inicial quedaba suspendida y, que todo volvía al estado de situación anterior. Ocurrió también que la gran mayoría de los Defensores del Pueblo y un sinnúmero de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) recurrieron a la Justicia Federal con recursos de amparo, en defensa de personas con discapacidades, iniciativas que han sido resueltas -la gran mayoría- a favor de los peticionantes. En las últimas horas, incluso, se fueron conociendo más fallos que anulan la medida del Poder Ejecutivo, al tiempo que más de 25 ONGs han advertido que ven insuficientes las nuevas explicaciones oficiales “porque no precisan qué pensiones se restablecerán y cuáles no”, y porque “omiten -aseguran- detallar en qué casos consideran que han habido errores, ni qué criterios se aplicarán para resolver sobre el otorgamiento y continuidad de las pensiones”, además de señalar que se habrían vulnerado garantías constitucionales con la decisión de suspender el beneficio.

Las cosas no han vuelto totalmente atrás, si bien la polémica se ha acallado considerablemente. Pero se ve claramente que ha habido un apresuramiento para decidir una medida compleja y que causa daño a sectores muy vulnerable de la sociedad; que la vuelta atrás ha sido demasiado lenta y que, definitivamente, la política de comunicación ha sido pésima en este caso.