No quieren más calles y veredas rotas en su ciudad

Los últimos nueve meses han sido un desencuentro constante entre Mariano Campero y los concejales, en su mayoría. Esta vez, él, por un lado, y ellos, por el otro, tomaron dos decisiones en pos del mismo objetivo. Y aunque siguen sin verse las caras, podría decirse que los ha unido el espanto. El jueves, el Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó un proyecto de ordenanza para crear un registro de empresas autorizadas a hacer aperturas en la vía pública.

A los ediles se los oyó decir en el recinto que, en muchos casos, los trabajos que requieren roturas de calles no son terminados de forma correcta. En consecuencia, la ciudad se encuentra atestada de baches ocasionados -en realidad- por privados. La iniciativa se suma al reclamo que, hace unos días, el intendente efectuó ante la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), por casi $ 20 millones en concepto de daños en las trochas y veredas.

El proyecto fue avalado por el pleno de los ediles. En su artículo primero, establece: “toda empresa o persona física o jurídica que, en razón de su actividad, deba realizar una apertura en un espacio público, deberá estar comprendida en el registro municipal de empresas autorizadas”. Luego, se advierte que la comisión de cinco incumplimientos será causal de inhabilitación o un parámetro válido para evaluar el comportamiento fiscal del contribuyente.

También fija que para tramitar cualquier permiso, los peticionantes deben depositar una garantía en efectivo en la sucursal yerbabuenense del Banco Macro. Si bien en el expediente no hay rastros de que la SAT haya sido la inspiradora, el macrista Pedro Albornoz Piossek -uno de sus ideólogos junto al radical Lucas Cerúsico- declara que las improlijidades de esa compañía han ocasionado perjuicios ambientales y sanitarios.

Luego añade que los líquidos cloacales generan, además, gastos, puesto que la Municipalidad debe reparar las calles dañadas. Sin embargo, aclara que el registro surgió no sólo para controlar a la SAT, sino a toda empresa que quiera abrir las arterias.

Ayer, el jefe de Gabinete, Manuel Courel, aseguró que no quieren hacer una movida política de esta cuestión, sino que buscan una solución. La semana venidera los funcionarios intentarán acordar con la SAT un plan de reparaciones en conjunto. “Hoy, ellos rompen y se van. Mínimamente, necesitamos que se hagan cargo de estas cuestiones inmediatas. Pero también se deben resolver los problemas estructurales”, dice Courel. De prosperar, este acuerdo no invalida el reclamo millonario.

Un año atrás, Campero dijo que había elaborado un convenio en el que le proponía a la SAT hacerse cargo de los arreglos, por $ 5 millones que iban a ser aportados por el municipio. En una de las cláusulas, se fijaba que la proveedora y el gobierno local realizarían un evaluación conjunta de los puntos a reparar. Courel, ayer, señaló que esa iniciativa no prosperó.

Según cifras proporcionadas en ese momento por la SAT, Yerba Buena cuenta con 150.000 usuarios del servicio. En 2015 -comunicaron-, se invirtió en los equipos de bombeo de agua potable, a los que se les colocó variadores de velocidad para adecuar los niveles de presión a la demanda. En lo referido al sistema cloacal, ese informe consignaba que casi todo el municipio cuenta con el servicio.