Olla a presión

Hay una delgada línea roja que divide a nuestra sociedad. Por un lado están aquellos que por desconocimiento u omisión no entienden lo que está pasando y sólo hablan de dureza: quieren controles, leyes y penas más duras para solucionar todos los problemas de inseguridad. Por el otro se encuentran los vecinos de los barrios donde la inseguridad forma parte de sus vidas. Ellos entienden que la solución pasa por acabar con los transas que transformaron a sus hijos en esclavos del delito para poder seguir comprando drogas. Ellos saben que esos chicos no son delincuentes, sino enfermos que no son tratados como corresponde.

Raúl Luna es un vecino de Villa 9 de Julio. Es líder de un grupo que decidió decir “basta”, que dejó el miedo de lado para luchar contra los señores que venden pequeñas porciones de muerte envueltas en papel glasé de color brillante. Ese no es un sector más de la capital. Es el lugar donde se detectaron los primeros laboratorios donde se produjo el “paco”. Es la tierra de los clanes Toro y Carrión, que están acusados de imponer el narcomenudeo a nivel provincial. Allí están los barrios de los comerciantes que mataron a tiros para defenderse de supuestos asaltantes. Considerados “héroes” por los que quieren sangre, estos hombres ahora viven una pesadilla y es muy probable que deban mudarse para volver a empezar.

Emilio Mustafá es un psicólogo social que dedica gran parte de su vida a recorrer las calles casi infranqueables de los barrios donde es más fácil conseguir “paco” que golosina. Donde la venta de drogas es tan común que los habitantes de esas zonas la tomaron como una actividad comercial más. El especialista está preocupado. Aplaude la reacción de los vecinos que han decidido luchar contra los transas porque perdieron el miedo, pero teme una reacción popular. Dice que se presenta esta situación porque la gente perdió casi todo por la basura que se vende. Esposos/as, hijos y nietos han muerto (o los mataron o se quitaron la vida) o están desaparecidos o en la cárcel por su adicción. “Es como una olla a presión”, comenta. Teme que, si el Estado no interviene rápido, esos grupos de vecinos sean los que se enfrenten a los transas y se genere una escalada de violencia y muerte como ocurrió en México con los grupos de civiles que se armaron para luchar contra los narcos. Esa fue una verdadera guerra en las que se perdieron centenares de vidas porque integrantes de la sociedad se armaron para perseguir y matar a los señores de la muerte.

La Costanera, Antena, Los Vázquez, El Sifón, 11 de Marzo y ahora Villa 9 de Julio son algunos de los barrios donde los vecinos decidieron unirse para luchar contra los transas. En otros como el Alejandro Heredia, Mercofrut, Ejército Argentino y Victoria, el miedo aún frena a sus pobladores, pero no falta mucho para que también se unan a esta lucha. ¿Cómo frenarlos o contenerlos para que las cosas no pasen a mayores? “Se tienen que tomar decisiones políticas para empezar. Si no hay un convencimiento en la lucha contra el narcotráfico, en dos años explotará la olla a presión”, pronostica Mustafá.

Y lo que más falta en este suelo son las decisiones políticas. El área de Seguridad del gobierno de Juan Manzur sabe que se deben acomodar las cargas. Estiman que en la lucha contra las drogas se utiliza el 95% en atacar la oferta y el 5% restante en frenar la demanda. Saben que ese no es el camino. Con esa línea, que fracasó a nivel mundial, sólo generan el encarecimiento del valor de la droga. Ejemplo: desde que la Nación decidió blindar el NEA para evitar la llegada de marihuana desde Paraguay, el kilo de esa droga subió de $9.000 a $14.000.

Las otras áreas del Estado no acompañan este pensamiento. No hay una política seria en lo que se refiere a prevención y a tratamiento de las adicciones, dos puntos claves para luchar contra la demanda. Ya no alcanza con dar charlas y entregar folletos. El área de Educación debería contemplar que cada escuela, por el rol social que cumple en una comunidad, sea un centro de detección de casos y una referencia clara y concreta de asistencia y orientación para el adicto y su familia.

El Cepla de La Costanera es el fiel reflejo de la desidia que hay a la hora de tratar a los adictos. En 2015 comenzó a construirse, pero la obra de la Nación quedó paralizada y hoy nadie sabe si terminará de construirse. Los ministerios de Salud y Desarrollo Social de países modernos no perderían el tiempo reclamando la situación, sino que con sensatez culminarían la obra y después demandarían la devolución de los fondos. Pero no lo hacen, como tampoco reconocen que Las Moritas no es suficiente, que los tratamientos ambulatorios fracasan y que no hay lugar para tratar a las chicas enfermas.

La Nación no debería estar ajena a esta situación. El presidente Mauricio Macri juega como Riquelme. Inicia un contragolpe y cuando se da cuenta de que no tiene compañeros cerca, se frena de golpe, pisa la pelota un par de segundos y la vuelve para atrás. Eso es lo que hizo con los bagayeros. Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de ser implacables contra el contrabando. Los perjudicados cortaron las rutas durante cinco días y se sentaron a negociar. La calma llegó cuando el Estado los autorizó a que trasladaran sólo dos bultos por personas y por día. En otras palabras, legalizó el contrabando.

Y eso es lo que está haciendo con el narcotráfico. Les declara la guerra a los señores de la muerte, felicita a las fuerzas de seguridad por los grandes procedimientos que se realizan, blinda el NEA, pero deja al descubierto el NOA. La semana pasada se realizó en Salta una reunión donde participaron funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Allí, con bombos y platillos, se anunció la instalación de radares y el uso de drones para controlar a los narcos. Sin dudas son medidas importantes, pero tardías. Mientras ellos informan sobre la instalación de esos sistemas, los traficantes ya tienen estudiadas las rutas para ingresar la marihuana al país porque les cerraron las puertas del NEA. Y la prueba de ello son los más de 150 kilos de “faso” que se incautaron en menos de 15 días en este sector del país. Son errores imperdonables y más aún si se tiene en cuenta que hay barrios tucumanos a punto de estallar.