Llevarán al recinto el proyecto para la mediación obligatoria en los Juzgados de Paz Letrada

Labor Parlamentaria definió el temario de la sesión del jueves, con el rechazo de radicales a un decreto de Manzur

20 Jun 2017
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LABOR PARLAMENTARIA. Jefes de bloque y autoridades definen el temario. Prensa H. Legislatura

Las reformas judiciales llevan más de un semestre en la agenda del oficialismo de la Legislatura. Ahora, y pese a algunas críticas del Colegio de Abogados, el cuerpo legislativo acordó que llevará al recinto de sesiones el próximo jueves un proyecto de ley que habilita la mediación obligatoria en los Juzgados de Paz Letrada.

El asunto fue incluido en el orden del día por la comisión de Labor Parlamentaria. El titular subrogante de la Legislatura, Julio Silman, anunció que serán 11 las propuestas bajo debate. En ese lote aparece la habilitación para la mediación obligatoria en los Juzgados de Paz Letrada, institutos creados en 2004 por una ley que, hasta ahora, no fue aplicada en su totalidad. En 2015, a través de una nueva norma, el oficialismo buscó saldar la “deuda” de profesionalizar esos organismos y jerarquizar el servicio de justicia en el interior.

Ahora el bloque Tucumán Crece-PJ avanza con otra reforma.

Según la iniciativa elaborada por el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Caponio (PJ), el objetivo es “implementar (nuevos) métodos de atención temprana en resolución de conflictos” y “analizar la modalidad más adecuada a las reales necesidades de la población”. “En la actualidad se practican y llevan a cabo audiencias de mediación ante los Juzgados de Paz del interior, sin que exista un marco regulatorio específico”, argumentó Caponio.

El Colegio de Abogados, que preside Marcelo Billone, envió una nota recientemente al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para cuestionar la revisión legislativa impulsada por el bloque oficialista. “Los funcionarios judiciales tienen efectivamente la matrícula profesional inhabilitada, situación que los colocaría en desigualdad en relación con los mediadores del Registro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a los que se les exigiría mayores condiciones respecto de quienes se encuentran en relación de dependencia con el Poder Judicial”, indicaron en el texto dirigido al presidente del cuerpo colegiado. Y añadieron que la medida significaría una afectación del ejercicio de la abogacía, por cuanto dejaría de lado la asistencia letrada obligatoria. “Consideramos que la modificación de los artículos pretendidos resultaría incompatible con el procedimiento existente y que, por ello, es conveniente el dictado de una legislación autónoma que regule una mediación que responda a las estructuras propias de los juzgados de Paz”, opinó el Consejo Directivo del Colegio de Abogados.

Un decreto cuestionado

Otros asuntos también generan polémica dentro del cuerpo colegiado. Entre ellos, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por el gobernador, Juan Luis Manzur, que incorpora un párrafo a la ley 8.479, del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). “(El titular del Ejecutivo) pretende prorrogar la gestión de las actuales autoridades del Ersept a través de un DNU, violentando lo que indica la ley y mostrando una falta de políticas públicas en materia de energía eléctrica, agua y cloacas”, indicaron los radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf.

Además, cuestionaron la gestión del actual directorio, integrado desde mayo de 2013 por Sergio Sánchez (titular), Joaquín Ferre y Santiago Yanotti (vocales). “En la provincia los servicios públicos están colapsados y los tucumanos, además, estamos desamparados porque existe un ente regulador que no representa a los usuarios, sino a las empresas. Esto demuestra que la gestión del Ersept no sólo es un fracaso, sino que es una mentira”, afirmaron los opositores. Y aseguraron que Manzur “debería elevar una nómina de postulantes a la Cámara” para que sea el cuerpo colegiado quien apruebe o rechace las designaciones. “Lo que quiere hacer el gobernador es darle continuidad a una gestión ineficiente y afín a las empresas. Necesitamos que el Ersept cumpla su objetivo y proteja a los usuarios”, indicaron Canelada y Estofán.

Si bien el tema no aparece en el orden del día difundido ayer, también podría ser presentado sobre tablas el próximo jueves.

Una jornada “intensa”

El debate comenzará a las 8, y se espera que cuente con los períodos de Manifestaciones Generales -instancia que habilita a los legisaldores a expresarse sobre cualquier tópico- y de Homenajes. “Promete ser una sesión intensa”, anticipó el legislador oficialista Silman.

En temario aparece también una propuesta de modificación a la ley 8.754, que establece el funcionamiento del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, hoy a cargo de Raúl Armisén. La idea del oficialismo es “ampliar el ámbito de actuación” de ese órgano, debido a que el Ente del Bicenentario caducó en lo operativo y la Casa de Gobierno quiere mantener la puesta en escena del musical “Tina, el rumor de una Nación”. Así, el Mercedes Sosa quedaría habilitado a trabajar en espacios que “excedan” la sala principal, ubicada frente a la plaza Independencia, y a “incluir otros espacios escénicos convencionales o no convencionales”.

Este proyecto cuenta con dictámenes en mayoría y en minoría emitidos por la comisión de Educación y Cultura, que preside la oficialista Silvia Rojkés. En la última sesión se había comenzado a discutir el texto sobre tablas, pero debido a reclamos de la oposición su tratamiento fue postergado hasta el próximo debate legislativo.

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