09 Junio 2017
Se aproxima otro frente de conflicto entre el oficialismo y el Colegio de Abogados de la Capital. Esa entidad intermedia rechazó el proyecto de ley del legislador Guillermo Gassenbauer (PJ) que implementa la mediación obligatoria en el ámbito de la Justicia de Paz Letrada. Según el Colegio que preside Marcelo Billone, la reforma propuesta transgrede la igualdad ante la ley prevista en la Constitución Nacional al otorgar el carácter de mediador a un funcionario judicial cuando la ley vigente dice que, entre otros requisitos, para mediar hay que estar habilitado para ejercer la abogacía, requerimiento que no cumple el funcionariado.
La extensa crítica a la iniciativa de Gassenbauer consta en la nota dirigida al vicegobernador Osvaldo Jaldo el 8 de junio que el Colegio divulgó ayer. Los dirigentes de la abogacía manifestaron: “los funcionarios judiciales tienen efectivamente la matrícula profesional inhabilitada, situación que los colocaría en desigualdad en relación con los mediadores del Registro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a los que se les exigiría mayores condiciones respecto de quienes se encuentran en relación de dependencia con el Poder Judicial”.
La entidad expresó que, en el supuesto de establecerse en el ámbito de la Justicia de Paz Letrada la mediación obligatoria previa a todo juicio, se consagraría una suerte de doble instancia de mediación: “ello implicaría desconocer el procedimiento, autoridad de aplicación, concurso para el acceso al cargo y, en su caso, el valor legal de un cierre sin acuerdo, toda vez que en principio solo prevé la homologación de convenios por ante el juez de Paz interviniente”.
El Colegio señaló asimismo que la iniciativa de Gassenbauer supone una modificación de la competencia de los jueces de Paz y una afectación del ejercicio de la abogacía por cuanto deja de lado la asistencia letrada obligatoria. “Consideramos que la modificación de los artículos pretendidos resultaría incompatible con el procedimiento existente y que, por ello, es conveniente el dictado de una legislación autónoma que regule una mediación que responda a las estructuras propias de los juzgados de Paz”, opinó el Consejo Directivo.
La entidad intermedia dijo a Jaldo que dejaba constancia que una vez más el mencionado proyecto no había sido remitido oportunamente a los efectos del dictamen previsto en la Ley 5.233: “esperamos que, en el futuro, nuestro Colegio sea previamente consultado a fin de brindar su opinión en toda cuestión en la que aparezca involucrado el servicio de justicia, con la convicción de que ese aporte coadyuvaría a enriquecer el espíritu de la iniciativa en cuestión”. La gestión de Billone y el oficialismo llevan un año de fricciones por la batería de enmiendas judiciales aprobadas desde diciembre. El Colegio judicializó la reforma al fuero laboral y al procedimiento de destitución de jueces. Además, se vio envuelto en la negociación de la controvertida ley de magistrados subrogantes. En mayo, la entidad adelantó su rechazo al proyecto de la legisladora opositora Stella Maris Córdoba que procura extender los alcances de la asistencia jurídica gratuita.
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