Duros informes de Lillo

El 5 de diciembre de 1928, “El Orden” elogiaba calurosamente la tarea que cumplía el doctor Miguel Lillo, como perito químico del Consejo de Higiene de Tucumán. Subrayaba que “ha sabido desempeñarse siempre con entera independencia, cumpliendo sus funciones de fiscalización con inflexible rectitud, por encima de sugestiones o intereses pequeños, que habitualmente se cruzan al paso de los funcionarios, para torcer el curso normal de sus tareas”.

Se preguntaba luego: “¿Por qué no se dan a publicidad los numerosos informes técnicos y científicos producidos por el digno sabio en el desempeño de sus funciones, desde su puesto de químico del Departamento Provincial de Higiene? Nadie ignora que el doctor Lillo ha declarado inapto para el consumo, por sus calidades nocivas, al aceite de marca “Ricaltore”, cuya venta está prohibida en la provincia de Tucumán y que sin embargo se vende libre e impunemente en Buenos Aires y en el resto del país. Lo propio ocurre con el específico capilar llamado “Agua Carmela”, cuyas propiedades tóxicas denunció asimismo el doctor Lillo, proscribiendo su uso por su influencia nociva sobre la salud. ¿Cómo –preguntamos- productos descalificados científicamente en una parte del país por su evidente perniciosidad, como los citados aceite “Ricaltore” y “Agua Carmela” en Tucumán, pueden ser amparados en su comercio y libre tráfico en otros puntos de la república?

Recordaba que las autoridades sanitarias “están para velar por la conservación de la salubridad pública en general”, y que su acción “tiene que dirigirse principalmente contra los adulteradores de productos alimenticios y medicinales”. Consideraba que Lillo debiera actuar en Buenos Aires, “donde la densidad del fraude es mayor”, y que sería “un gran colaborador” del intendente porteño José Luis Cantilo.