El PJ tucumano cobijó a López y le dio un cargo en el Parlasur

A casi un año de la detención de José López, subsisten las dudas acerca de cómo fue su fugaz trayecto por la política tucumana. Al momento de ser detenido mientras escondía más de U$S 9 millones en un convento de General Rodríguez -provincia de Buenos Aires- el tucumano, ex secretario de Obras Públicas de la Nación, era diputado del Parlasur. “El nepotismo de (José) Alperovich fue lo que produjo que él esté en la lista para ese cargo”, declaró Juan Carlos Ale, presidente de la Junta Departamental Capital del Partido Justicialista de Tucumán. El dirigente cuestionó en esos términos lo afirmado por el ex gobernador, quien en junio de 2016 aseguró que fue la ex presidenta Cristina Kirchner la responsable de imponer a López como candidato al Parlasur por Tucumán.

López llevaba más de una década como funcionario nacional cuando empezó a buscar un cargo político en su provincia natal. “López llegó a Tucumán para hacer política en 2014 a raíz del manejo que tenía de la Obra Pública. Comienza a hablar con los intendentes y delegados comunales y a sumar adhesiones para su candidatura a gobernador”, recordó Ale. Sin embargo, no logró concretar su candidatura al Poder Ejecutivo y finalmente fue elegido para representar a la provincia en el Parlasur.

López era vice presidente segundo del Partido Justicialista de Tucumán cuando fue detenido. El mismo día del escándalo, Beatriz Rojkés -titular de la organización- anunció que se suspendía al ex funcionario kirchnerista del partido. “No vamos a avalar ningún hecho de corrupción. Si es culpable no podemos permitir que continúe en nuestro partido”, declaró la dirigente. Su esposo, el ex gobernador Alperovich, fue todavía más contundente. “Es repugnante. Hay que ver quién le dio la plata. No sólo es corrupto el que recibe. Ensucia a todos y da una sensación de que todos somos corruptos, y no es así”, sentenció el ex mandatario, quien en los años anteriores se refería al entonces secretario de Obras Públicas como “alguien que ayudaba mucho a Tucumán”.

El intendente de Concepción Roberto Sánchez (UCR), y otros funcionarios de su espacio, formularon serias denuncias contra algunos de los proyectos que gestionó el ex secretario de Obras Públicas en esa ciudad. Las denuncias se concentran en dos iniciativas: la terminal de ómnibus y la Travesía Urbana.

La nueva terminal

En marzo de 2011 el entonces intendente Osvaldo Morelli -actual legislador provincial por el PJ- anunció que se haría una nueva terminal en Concepción. En ese momento declaró que las obras demandarían $ 9 millones, pero en 2014 la obra aún no había finalizado y López firmó un convenio con el mandatario municipal en el que se comprometió a enviar $ 15 millones más para finalizar el predio.

En 2016, cuando asumieron los radicales, realizaron una auditoría según la cual se detectaron serios defectos en el manejo de los fondos enviados para la construcción de la terminal. El secretario de Gobierno de Concepción, Julio Herrera, aseguró que una cerca perimetral fue certificada en $ 1 millón en agosto de 2015, pero no existe. “No fue hecho y aparece como pagado”, explicó.

La controversia en este tema no se ha resuelto, ya que Morelli aseguró que nunca recibieron los $ 15 millones que López se había comprometido a enviar. “La cerca perimetral no se hizo porque desde la Nación nos recomendaron darle otro destino, dentro del mismo proyecto, al dinero”, declaró a este diario en julio de 2016.

Los aumentos

El caso de la Travesía Urbana destaca por otra razón: los aumentos del presupuesto. Esta obra consistía en refaccionar uno de los accesos a la ciudad ubicado en la ruta nacional 65. Mediante 10 “Adecuaciones Provisorias de Precios” firmadas por Morelli, en tres años la obra llegó al triple del monto originalmente asignado. En 2011, el presupuesto era de 45 millones y para el 2014 ya se habían destinado $ 145 millones para su construcción.

“Hay obras en otros lugares del país. López presupuestaba la obra, sugería la empresa y la obra se comenzaba a postergar, entonces se empezaba a actualizar el presupuesto. Una obra como esta pasa a costar el triple”, explicó Horacio Esterman, periodista de Concepción.

Añadió que maniobras de este tipo eran frecuentes en las construcciones gestionadas por López. La municipalidad era la encargada de verificar que la empresa constructora (en este caso, Green S.A.) haya finalizado cada etapa de la obra. Una vez que comprobaba el trabajo, remitía el certificado correspondiente a Vialidad Nacional, que procedía a adjudicar los fondos al municipio para que pague a la empresa con esos fondos. Sin embargo, ese proceso no se llevaba a cabo en el tiempo correspondiente, por lo que la compañía solicitaba que se pague un monto mayor al originalmente pactado, en concepto de intereses y mora.