Buenos Aires versus el resto del país

No fue como si hubiera caído sobre sus espaldas un baldazo con agua helada, pero el avance de Buenos Aires es el inicio de una beligerancia fiscal entre el principal distrito electoral de la Argentina y el resto de la Nación. María Eugenia Vidal, su gobernadora, ha decidido judicializar un tema tan espinoso como sensible a los intereses de sus pares de otras jurisdicciones: tocar la coparticipación federal de impuestos.

La provincia de Buenos Aires promovió demanda contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la ley 20.628 -de impuesto a las Ganancias- que establece un tope de $ 650 millones anuales a la participación del 10% en el producido de ese gravamen. En otras palabras, quiere más dinero que el actualmente asignado -y congelado desde hace tiempo más allá de los procesos inflacionarios- porque, a su entender, el Fondo del Conurbano Bonaerense está demasiado desactualizado. Y le resulta inequitativo frente al esfuerzo fiscal que esa medida le implica.

Varios gobernadores -no sólo de signo justicialista- venían esquivando este debate hasta tanto la Casa Rosada le pusiera fecha concreta a la reforma impositiva integral. Buenos Aires no esperó y se mandó. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió a los distritos del interior que comparezcan y que defiendan el derecho también de peticionar. Pero Vidal fue más allá: le reclamó al máximo tribunal del país que se condene al Estado Nacional a reintegrarle las sumas que dejó de percibir por aplicación de esas normas. La cifra es incalculable, pero sí multimillonaria.

Más ponderable es lo que el resto de las jurisdicciones pone en juego. En el caso particular de Tucumán, el excedente de obras de carácter social a Buenos Aires (tal es la denominación que se difunde en las planillas del Palacio de Hacienda de la Nación) implica un promedio mensual de $ 310 millones. No es poca plata, más en tiempos de vacas flacas.

En sentido figurado, podría decirse que, en una familia, el hermano mayor considera que los padres no distribuyen el dinero de una manera equitativa, según los gastos y las cargas, respecto del resto de los miembros de la familia o los hermanos menores. Que la responsabilidad que tiene es exponencialmente superior al resto y que este es el momento de avanzar por la sensibilidad que tienen los adultos para que el chico se emancipe de una vez. El padre, en varias reuniones familiares, había intentado exponer el problema, pero los hijos más pequeños le decían que no, porque una decisión unilateral sólo iba a incrementar la brecha entre aquel que tiene posibilidades de generar más dinero respecto de los otros que, en su mayoría, no tienen ni autonomía para obrar financiera ni políticamente (el 70% de los ingresos anuales que se recolectan provienen del bolsillo del padre Nación).

En el caso de las provincias, algunos mandatarios del interior tienen en claro que un planteo como el que formuló Buenos Aires no podría prosperar, ya que, tal como está, el Fondo del Conurbano se ajusta a lo que marca la ley. Y que la única vía para avanzar sobre ella es otra norma que requerirá de la aprobación del Congreso nacional. De allí la pelea política entre Cambiemos y la oposición por obtener la mayor cantidad de bancas en el turno electoral de octubre.

Y hablando de coparticipación, si algo le faltaba a las provincias era una reducción en el envío del Fondo Federal Solidario. En efecto, el Fondo Soja mostró una variación interanual negativa del -11,1%. En mayo de 2017 los fondos distribuidos fueron de $ 2.097 millones contra los $ 2.360 millones de mayo de 2016, revela un estudio efectuado por Economía & Regiones, una consultora que hasta antes del cambio de gestión fue dirigida por el actual ministro del Interior Rogelio Frigerio. En términos absolutos, esta caída fue de $ 263 millones, asociada a la reducción de las exportaciones de soja, originada en gran parte por la espera para liquidar a mejores precios internacionales y tipo de cambio, puntualiza el diagnóstico privado. En buen romance, esto implica a decir que los gobernantes del interior del país tendrán menos margen de maniobra para encarar planes de obras públicas, una herramienta sustancial para hacer política en un período electoral como el de este año.