Frontera caliente

“En materia de seguridad no hay que pensar en un plan para sacarse una foto. Hay que trabajar para hacer una película que tenga un buen final”. Esas son las palabras que utiliza una fiscala para graficar lo que ocurre en la provincia, la región y el país. Es el resumen perfecto de lo que está pasando y de lo que pocos se atreven a ver y, mucho menos, reconocer. 

Los tucumanos volvieron a recibir otra señal de que su provincia pareciera ser de frontera. Los “bolseros” -personas que compran mercadería ingresada ilegalmente al país desde Bolivia para revenderla- cortaron tres veces en menos de una semana la ruta 9 para protestar por los decomisos que sufren. El reclamo se extendió a la localidad salteña de Orán y a Santiago del Estero. Los ánimos se aplacaron cuando se confirmó la llegada de funcionarios nacionales que pretenden negociar con los manifestantes. 

Manuel Barrios es el presidente de una cooperativa de “bagayeros” -las personas que traen desde Bolivia la mercadería- y renegó del doble discurso del Estado. Contó que el municipio de Orán, además de cederle un predio para que instalen el fruto del contrabando, les entregó una credencial por la actividad que realizan. Sin embargo, cuando salen a la ruta, las fuerzas nacionales les decomisan lo que llevan. Miriam Vaca, “bolsera” tucumana, se quejó porque Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno, les dijo que no podía hacer nada para ayudarlos. Recordó que en la gestión de José Alperovich hubo un conflicto similar y que se destrabó porque ese gobierno logró que se los autorizara a traer dos bultos por persona.

Ambos referentes coincidieron en que esta actividad se desarrolla desde hace más de tres décadas y que es imposible que de un día para otro se la elimine. Entonces, el alfonsinismo, el menemismo, el delarruismo, el duhaldismo y el kirchnerismo tienen responsabilidad. Era mucho más fácil permitir que la gente encuentre en la marginalidad lo que ellos no le podían ofrecer al no generar fuentes de trabajo dignas y serias. El macrismo tampoco está ajeno a esta situación. Fue al menos ingenuo al no pensar que su decisión de frenar el contrabando no generaría conflictos. No se pueden cambiar las cosas de un plumazo y mucho menos sin que haya propuestas concretas para convencer de que es posible y conveniente un cambio de vida.

Reflejo

Lo que ocurre en Orán es un fiel reflejo de lo que sucede en materia de narcotráfico. Se anunció la guerra contra los “señores de la muerte”, pero cada vez son más las batallas que se pierden. Después del escándalo de Itatí, la Nación decidió intensificar los controles en el NEA, pero no hizo lo mismo con el NOA. Y en poco tiempo, los narcos decidieron cambiar de ruta. No pasó un mes de ese anuncio y Gendarmería secuestró 45 kilos de marihuana en esa localidad. Los investigadores no dudan: hay un cambio de ruta. Lo que antes ingresaba por el litoral, ahora llegará por el norte.

Esa situación se torna mucho más grave si tiene en cuenta que informes de organismos internacionales dedicados a la lucha contra el narcotráfico (como la norteamericana DEA e Interpol) vienen advirtiendo sobre la presencia de cárteles colombianos y mexicanos en Bolivia. Dijeron además que, por la debilidad de los controles, están utilizando el NOA como lugar de ingreso. Y esas palabras se respaldan con algunos decomisos.

Por ejemplo, a una organización colombiana le secuestraron en menos de seis meses al menos 77 kilos de cocaína que enviaban en bolsas con especias (orégano y los ajíes más picantes del mercado). En ese lapso, en Jujuy se incautaron más de 300.000 pastillas de éxtasis producidas por mexicanos, especialistas en la producción de drogas sintéticas. Claro que estos son los casos visibles; las cifras en negro, las que no se conocen, son monstruosamente superiores.

A nadie, entonces, le puede sorprender el crecimiento del narcotráfico en la región, pero sí debe asombrar la lentitud del Estado para reaccionar, como ocurrió con el contrabando de mercadería. A las buenas intenciones no se las acompaña con medidas concretas. Por ejemplo, se sigue utilizando centenares de gendarmes para hacer tareas de prevención en el conurbano bonaerense y no se los desplaza a las fronteras, lugares donde deben estar. Tampoco se hace mucho por reacomodar a la Justicia Federal que debe tratar estos asuntos. La provincia lanzó hace poco la aplicación “Denuncia Activa” para que los tucumanos informaran de manera anónima los delitos que se cometían en su barrio. Llegaron 127 demandas, de las cuales 100 son lugares de venta de drogas. Investigarlas, por la falta de recursos, será muy difícil.

La senadora Silvia Elías de Pérez sabe lo que está pasando en el NOA. Presentó un proyecto de Ley para descentralizar el sistema de escuchas telefónicas. Es decir, que los pesquisas ya no tengan que esperar los informes que se realizan en Buenos Aires para poder actuar. Actualmente las fuerzas, con autorización judicial, piden que se intervenga un celular y reciben los resultados una semana después. La otra alternativa es enviar una comisión especial para que transcriba los datos parciales que consiguen. Los resultados muchas veces son frustrantes ya que datos como “ahí va la carga” llegan tarde y se frustra la oportunidad de secuestrar la droga y desmantelar a la organización.

Elías de Pérez por ahora no consiguió el apoyo necesario para que se apruebe su idea. Tampoco lo tiene a la hora de conseguir que la provincia cuente con una Procunar, oficina integrada por fiscales con amplios poderes para investigar casos de narcotráfico únicamente. Una de ellas, por ejemplo, llevó adelante la causa Itatí. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey llegó a un acuerdo para que se creara una en su  provincia para que funcionara a nivel regional. Tucumán no la tiene, a pesar que los fiscales Carlos Brito y Pablo Camuña también plantearon la necesidad de que se creara una. El Estado, entonces, sigue ausente, como lo hizo con el contrabando de mercadería, como lo está haciendo con la droga.