La corrupción se percibe, pero no se ve

La corrupción se siente, pero no se deja atrapar. Se habla de ella como si formara parte insoslayable del paisaje de Tucumán, pero las instituciones no logran circunscribirla. No tiene rostro ni identidad ni biografía. El intendente Germán Alfaro describió aquel fenómeno al decir este viernes, a propósito de la causa penal que vincula a José Cano, el jefe del Plan Belgrano, con negocios sospechosos en Corea, que a esta altura la sociedad ya sabe bien distinguir la verdadera corrupción de la que inventan los corruptos. ¿Cómo distinguirla si está en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo? Los políticos se acusan entre sí, pero las impugnaciones quedan en el aire o, a lo sumo, cristalizan en denuncias que producen estrépito y conflictos de competencia (excusaciones, recusaciones, remisiones de la Justicia Federal a la provincial y viceversa); luego dormitan hasta que prescriben o reciben un sobreseimiento discreto y, por último, van a parar al archivo: el cementerio de la Justicia.

La corrupción se percibe por doquier, pero no se ve. En la provincia goza de un blindaje intenso. No avanzan los procesos judiciales que han de constatarla y sancionarla, y faltan y fallan los mecanismos de prevención y control. A diferencia de la Nación y pese a las promesas del Gobierno de Juan Manzur, no hay ley de información pública y la de ética pública data de 1973: es tan retrógrada que penaliza la divulgación de las declaraciones juradas de los funcionarios obligados a confeccionarlas.

Tampoco han funcionado los intentos de transparentar el manejo de las causas penales que implican a miembros y autoridades del Estado. En la Justicia provincial, el Registro de Funcionarios Públicos Imputados que abrió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán lleva un año parado a la espera de reglamentación. La posibilidad de acceder a información relativa sobre el progreso de las causas enfrenta escollos burocráticos similares en la Justicia Federal. En ese ámbito existe un “Observatorio de Corrupción” (creado por iniciativa de la Cámara Nacional Correccional y Criminal de la Nación) por ahora enfocado en los movimientos de los Tribunales Federales porteños (Comodoro Py). La auditoría de expedientes que involucran a funcionarios públicos que el Consejo de la Magistratura de la Nación practicó en 2016 todavía no brindó precisiones sobre la situación de Tucumán. Se espera una presentación de resultados para el 31 de mayo.

Sancionador y corrompible

La Justicia penal provincial nunca condenó a ningún actor estatal con caja y lapicera. ¿Dónde se traban las investigaciones? ¿Quiénes las paran? La criminalidad de cuello blanco goza de una inmunidad que va más allá de fueros y privilegios constitucionales. El académico porteño Lucas Arrimada (@lucasarrimada) definió esa realidad en un tuit del 9 de mayo: “el derecho penal es selectivo y clasista. Otorga impunidad y demoras judiciales para corruptos, pero es feroz con jóvenes, mujeres y pobres”.

La impunidad de las esferas medias y altas se refleja en el Registro de Funcionarios Públicos Imputados que la Corte puso en línea en justucuman.gov.ar, pero que carece de contenido. La intención de implementarlo en abril de 2016, que incluso generó pedidos de datos a juzgados, fiscalías y tribunales, chocó con una pregunta conceptual: ¿cuál es el acto procesal que determina la imputación y habilita la publicación del caso? En el alto tribunal surgieron respuestas divergentes: una posición sostiene que hay imputación desde el momento de la declaración indagatoria mientras que otra postura brega por esperar hasta el requerimiento de elevación a juicio oral. La falta de consenso frenó lo que se proponía ser la llave para desmantelar el secretismo que suele rodear la tramitación de estas causas. “Frente a la duda, decidimos esperar a ver qué pasos tomaban otras jurisdicciones. Estamos en eso”, explicó Antonio Gandur, presidente de la Corte.

El “Observatorio de Corrupción” de la Justicia Federal y Nacional (cij.gov.ar) dispone de una pestaña para Tucumán, pero la búsqueda no arroja resultados. “El programa aún no carga los datos del interior”, informó Josefina Valle, titular de la Prosecretaría de Superintendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En aquella base inaugurada en octubre consta que hay 511 causas en trámite y 94 terminadas. Aunque incompleto y centralista, el registro muestra la complejidad del problema que procura transparentar, y que desafía a la Justicia en tanto poder encargado de perseguir la corrupción y poder corrompible. Ello surge al advertir que el Observatorio presenta al camarista polémico Eduardo Freiler como uno de sus ideólogos y como imputado en un caso por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.