Maduro frena las protestas con militares

CARACAS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “profunda preocupación” por el “uso de operaciones militares” por el gobierno de Venezuela para contener las protestas opositoras, que ayer la “Marcha de los Libertadores” hacia los cuarteles para exigir a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que cumpla con la Constitución, y que en más de siete semanas de acciones callejeras provocaron la muerte de 58 personas. La manifestación fue desarmada con disparos de bombas de gases lacrimógenos, chorros de agua, perdigones de goma y bastones.

La CIDH “expresa su profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela”, destacó el presidente y relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren, en un comunicado del organismo que en estos días sesiona en Buenos Aires.

El organismo recordó que tiempo atrás también había “manifestado su alarma sobre la militarización y el llamado del gobierno a armar a milicias civiles”.

Es el conocido como “Plan Zamora”, una operación cívico-militar en la que las autoridades policiales, militares y grupos civiles armados realizan detenciones masivas durante las protestas, a quienes aplican la jurisdicción penal militar. En el marco de esta operación ya fueron procesados 341 civiles, de los cuales 178 continúan detenidos en esa jurisdicción, según datos difundidos por el organismo internacional.

De acuerdo a la información disponible, esta segunda fase del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares.

En este sentido, la CIDH expresó su preocupación “por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia”.

“Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento”, sostuvo el organismo internacional.

La CIDH instó a que “de manera urgente y enfática” Venezuela ponga fin al “procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, una práctica que resulta contraria “a los estándares interamericanos de derechos humanos”.

Las protestas contra el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, se iniciaron el 4 de abril último luego de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (Congreso) acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de perpetrar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones.

Los presos políticos

El director ejecutivo de la ONG local Foro Penal, Alfredo Romero, informó que han “verificado que hay 303 presos políticos en Venezuela. La cifra más alta registrada al menos desde 1958”. Entre los “presos políticos”, Foro Penal y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) incluyen al líder opositor Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años de cárcel en la prisión militar de Ramo Verde, por incitar a la violencia en las revueltas de 2014.

Desde que estallaron las protestas en todo el país, la MUD -coalición opositora- no ha dejado de convocar marchas multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En total, 57 personas han muerto y miles han sido detenidas.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que el “chavismo” pretende consumar el “autogolpe” que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ. La Asamblea Constituyente estará formada por 500 “ciudadanos” que serán elegidos en las próximas semanas “a través del voto universal, directo y secreto”, de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista. (Télam/el-nacional.com)