Lejos de la revolución, cerca de la colonia

En democracia, con los poderes de la República constituidos, con el voto universal y secreto vigente y con un Estado que es garante de los derechos humanos y no su violador sistemático. Así nos ha encontrado otro aniversario del 25 de Mayo. No es poco. No ha sido gratis. No ha sido en vano.

El antecedente primero de la Independencia (ese hito inconmensurable alcanzado en Tucumán el 9 de Julio 1816) no deja, sin embargo, de interpelarnos. El ideario de 1810 es un espejo frente al cual esta tierra palidece: la provincia que hizo realidad la proclama de las rotas cadenas presenta todavía demasiados rasgos pre-revolucionarios.

Las deudas

En el proceso de forja de la ciudadanía, una novedad sustancial introducida hace 207 años fue el concepto de “ciudadano”. El historiador cordobés Vicente Oiene ha explicado (Imaginar al ciudadano virtuoso. Introducción del concepto de ciudadano en el proceso de emancipación en el Río de la Plata) que con él se suplantó una categoría abominablemente segregacionista: la de “vecino”. Para ser “vecino” en la Colonia había que ser hombre, español, propietario, habitar en una ciudad, vivir de un trabajo que no fuera manual y demostrar “pureza de sangre”. En cambio, los criollos que comienzan a darle sus primeras formas a la patria apoyaron el concepto de ciudadano en la igualdad, en la dignidad y en la libertad.

Frente a esos postulados de la modernidad, Tucumán presenta dos deudas dolorosas. Una ya ha sido naturalizada por el crónico fracaso del progreso. Es la pobreza. La que consume, sin pausa, el futuro de uno de cada tres tucumanos. ¿Cuál igualdad, dignidad y libertad hay para ellos?

La segunda deuda es la natural consecuencia de la primera: el empobrecimiento de la comunidad en cuanto tal. Una y otra tienen un antecesor común: el fracaso de la sociedad como sociedad. Sólo que la primera es visible todos los días. A la segunda, en cambio, la observamos en la plenitud de su horror durante la semana que pasó…

Una sociedad fracasa cuando no tiene bienes que, justamente, asocien a sus miembros. Vemos lo contrario cada vez que nos encontramos con la foto de las bodas de oro de una promoción de egresados de una escuela pública y en la imagen aparecen, acodados, jueces con almaceneros, industriales con amas de casa, parlamentarios con docentes, funcionarios con mecánicos. La escuela pública asociaba al rico -que mandaba a su hijo a una institución de calidad- con el pobre -que enviaba a su hijo a una institución gratuita-. En el cumpleaños de uno y otro crío, los pobres celebraban en la casa del rico, y viceversa. Después, en la vida, los pobres tenían un ex compañero que podía darles una mano desinteresadamente. Los ricos, también.

Cuando fulminamos la escuela, comenzamos a transitar el camino hacia una sociedad de guetos. El que quiera educación de calidad que la pague. Lo mismo con la salud. Otro tanto con la seguridad. Es increíble: en la provincia más chica de la Argentina, los tucumanos ya no vivimos juntos.

Pero la cronicidad del fenómeno disasociativo terminó depravando las instituciones. Las escuelas ya no sólo no nos unen más: ahora, directamente, nos enfrentan. Hoy, pertenecer a un colegio determinado es razón suficiente para volcar toda violencia posible contra un adolescente. Mucho de ello, entre una multiplicidad de factores, se cuela en el crimen de Matías Albornoz Piccinetti. Cuando lo enterramos, también estábamos velando a la sociedad que ya no volveremos a ser.

Las reformas

La apuesta por la construcción colectiva, abandonada en lo social, también fue descartada en lo gubernamental. La sustituyó, fácticamente, la conducción unipersonal del poder. En definitiva, después de la Semana de Mayo, el virrey fue reemplazado por una Junta de Gobierno. Aquí, en cambio, la pequeñez y la mezquindad del personalismo, siguen llevando los debates a una instancia pre-moderna. Entre ellos, el que más acabadamente dimensiona nuestro atraso es el que refiere al respeto que debe profesarse por las instituciones republicanas. Sobre todo, por la más moderna de ellas: la Constitución.

En Tucumán, la Carta Magna reformada en 2006 viene siendo el felpudo en el cual el poder político se limpia el barro del clientelismo desembozado que, durante el año anterior al Bicentenario de 1816, hizo de la Cuna de la Independencia la universidad del fraude.

Buena parte de la reforma electoral que reclama el Gobierno nacional, y que el propio Juan Manzur prometió en vano durante su discurso de asunción como mandatario provincial, se podría concretar, simplemente, cumpliendo con la Ley Fundamental que está vigente.

El artículo 157 mandó a dictar una ley reglamentaria del voto electrónico antes de que termine 2006, y a instrumentar progresivamente ese mecanismo. El artículo 158 ordenó sancionar una Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos antes de que finalice ese mismo año. La mora con la Ley Suprema ya ha cumplido una década.

Una célebre anécdota histórica refiere que George Washington, hastiado de que le dijesen que la Constitución estadounidense era imperfecta, respondió que sólo el cumplimiento de esas normas en el tiempo haría completa a la Carta Magna.

Con aberrante coherencia, el incumplimiento sempiterno de las normas por parte de los gobernantes ha embrutecido a la Constitución. La Carta Magna tucumana, desde que fue enmendada hace casi 11 años, ya ni siquiera puede contar hasta tres: dice el artículo 159 que como el primer mandato del alperovichismo no se computa, el segundo mandato es el primero. Y el que viene después del segundo, entonces, también es el segundo.

Sólo eso les importaba. Los otros 169 artículos siempre fueron una excusa.

Los repartos

Un fenómeno emergente en el fracaso consuetudinario de la construcción colectiva social y política es el de la resurrección de la colonia. Toda una afrenta contra los principios emancipatorios que evoca la Revolución de Mayo.

No es novedad el tratamiento colonial que reciben las municipalidades del interior y las comunas rurales por parte del Gobierno tucumano. El constitucionalista Luis Iriarte recuerda, a modo de ejemplo ilustrativo, que mediante los decretos de necesidad y urgencia 42/3 y 45/1, ambos de julio de 2007, el entonces gobernador José Alperovich duplicó los montos autorizados por ley para gastos y obras de las intendencias.

Léase: un mes antes de los comicios en los que el entonces jefe de Estado fue reelecto para un segundo mandato (que, según la Constitución, en realidad es el primero), el ex mandatario modificó por DNU lo que manda una ley, aprovechando el receso de la Legislatura y sin convocar a sesión extraordinarias para validar ambos instrumentos, con la finalidad de reasignar a su antojo dineros públicos en los municipios, reducidos a administraciones que manejan los recursos que el mandatario de turno quiere.

En la actualidad, por caso, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos recauda unos $ 850 millones mensuales (representa el 75% de la recauda provincial), de los cuales no se coparticipa ni un solo centavo a las intendencias.

Pero fue justamente durante mayo cuando se conoció uno de los datos más trascendentes en lo que va del año, confirmatorio del carácter de virreinal de esta provincia, tan consagratoria del paradigma de sumisión a la metrópoli.

Las sumisiones

En la segunda edición de Panorama Tucumano, el programa de LA GACETA TV en Canal 10, el miércoles 17 se dio a conocer un informe sobre la distribución per capita de la inversión federal en esta provincia.

En contra de la proclama manzurista referida a que el macrismo no ayuda a Tucumán, se confirmó que durante 2016, un tucumano recibió un 25% más de recursos que un porteño o que un bonaerense. Entonces, se torna dudosa la denuncia del Gobierno local, que se declara discriminado. A la vez, no explica por qué carece de $ 600 millones para encarar obras en los pueblos del sur (es apenas el 1,09% de su Presupuesto de $ 55.000 millones), cuando en 2015 el Presupuesto de $ 34.000 millones sí alcanzaba para destinar $ 600 millones a los “gastos sociales”, que por cierto ahora ya no existen porque han sido derogados por la actual gestión legislativa.

Pero el informe de Panorama Tucumano contiene un dato más: durante el último año del kirchnerismo, cada tucumano recibió de la Nación un 75% más que un bonaerense o que un porteño. Y no había Plan Belgrano. Entonces, se torna dudosa la aseveración del Gobierno nacional acerca de que esta es la gestión que vino a reparar el NOA.

Cuando las declaraciones del oficialismo y de la oposición son opuestas, pero ninguna goza de presunción de verdad, la certeza que surge es que la condición colonial de Tucumán es, en realidad, estructural.

A cambio de la bonanza de fondos públicos, los diputados y los senadores del oficialismo tucumano avalaban sin chistar, durante la década ganada por la anomia, que de la multimillonaria recaudación del Impuesto al Cheque quedara un 80% en manos de la Nación, y que sólo las migajas restantes se coparticiparan a las provincias. Ni hablar de que permitieron que de la masa total de recursos coparticipables, sólo se ejecutara el 25% en el reparto a los distritos.

Las libertades

“Es preciso no olvidar que todos los hábitos de la esclavitud son inveterados entre nosotros”, advirtió Bernardo de Monteagudo en su Ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los Estados hispanoamericanos. El tucumano, que lideró la Rebelión de Chuquisaca el 25 de Mayo de 1809, escribió allí que los Gobiernos debían inculcar en el pueblo las costumbres de la libertad.

Esos tiempos, por aquí, no han llegado. Los Gobiernos ni siquiera se inculcan libertad a sí mismos. Mucho menos lo hacen con el pueblo.

¿Qué revolución nos pondrá en horario con la historia?