Letrados rechazan una imposición legislativa

El Colegio de Abogados de la Capital manifestó ayer su rechazo al proyecto de ley que obliga a los letrados a atender de manera gratuita a dos clientes de escasos recursos por año, para evitar la pérdida de la matrícula profesional.

“Hace un mes que venimos manifestando esta postura de rechazo al proyecto y hemos mantenido reuniones con la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura”, confirmó el vicepresidente de la entidad, Juan Abraham Musi. La objeción formal del Colegio llegó ayer luego de una reunión de su Consejo Directivo.

El abogado expresó que la institución está a favor del acceso a la Justicia de los más necesitados, pero no a través de una obligación impuesta con una sanción de pérdida de la matrícula, como se pretende.

El proyecto de la peronista disidente Stella Maris Córdoba llegó al recinto en dos oportunidades, pero fue girado de vuelta a comisión porque no hubo acuerdo para su tratamiento.

Musi dijo que después de las reuniones con los legisladores, muchos de ellos entendieron el planteo y algunos hasta afirmaron que no acompañarían ningún proyecto que no cuente con el aval del Colegio.

Existe una propuesta similar del legislador radical José María Canelada, pero que difiere de la de Córdoba en algunos aspectos. Principalmente, porque señala que la actuación de los abogados debería ser voluntaria y no impuesta.

El vicepresidente de la institución que reúne a los abogados de la Capital mencionó que allí funciona un consultorio gratuito en el que trabajan 105 abogados (80 litigantes, 20 coordinadores y cinco en la dirección). “Es uno de los tres mejores consultorios del país; por supuesto que todo es perfectible, pero no está funcionando mal”, agregó. Cada año el consultorio atiende a más de 1.500 personas de muy bajos recursos, cuyo ingreso familiar no supera los $4.000.

Iniciativa polémica

“Los abogados en ejercicio particular, a fin del mantenimiento de la matrícula profesional anual, deberán acreditar al menos dos representaciones o defensas de personas carentes de recursos”, expresa parte del proyecto presentado por la legisladora Córdoba.

Entre los argumentos que fundamentan este proyecto está la posibilidad de garantizar el acceso equitativo a la justicia, sobre todo a personas de sectores más vulnerables.

Al respecto, Musi aseguró que en todo caso se pueden discutir otras medidas para ampliar el propio consultorio que funciona en el Colegio. “Se podrían ampliar los temas y mejorar servicios de la forma que nos propongan, pero no que el método sea el de obligar”, acotó el abogado. También recordó que en la Justicia las defensorías oficiales son escasas para atender los casos que se presentan.