22 Mayo 2017
Una nueva moratoria impositiva para todos los gravámenes provinciales comenzará a regir en Tucumán, luego de que la Legislatura aprobara la iniciativa que promovió el Gobierno, tras el reclamo y gestiones de sectores empresarios y sociales.
Los hombres de negocio advirtieron que vienen soportando una continua caída en las ventas como consecuencia de un generalizado retroceso que experimentó la mayoría de las actividades económicas, con una baja del consumo como una de las consecuencias más evidente y exigieron al Gobierno que implemente medidas que ayuden a desahogar, al menos temporalmente, la situación financiera de las empresas.
El Poder Ejecutivo y la Legislatura se allanaron -en general, el pedido era más amplio- a ese reclamo sectorial generando así el segundo plan de facilidades que impulsa en menos de dos años la administración del gobernador Juan Manzur, y por lo menos diez, desde 2003 a la fecha. Este nuevo régimen estará vigente hasta el 31 de julio -será promulgado en las próximas horas- y abarcará deudas devengadas hasta el 31 de marzo: prevé como la gran mayoría de los anteriores planes, quitas de intereses, con incidencias en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, para la Salud Pública y de Sellos, Inmobiliario y Automotores, CISI comunas rurales y a las tasas de al Uso Especial del Agua y Retribuciones de Servicios, incluidos las multas en vigencia. El Gobierno ha reconocido que esta moratoria podría permitirle conseguir unos $ 250 millones en fondos, suma nada desdeñable para la recaudación.
Habría que decir que estas operatorias, que principalmente buscan auxiliar y beneficiar a los contribuyentes que soportan determinadas situaciones críticas y, de paso, agregar otra alternativa de ingreso al fisco, significan una suerte de castigo a los contribuyentes que cumplen habitualmente con sus deberes tributarios. Muchos expertos han criticado estas propuestas tachándola directamente de medidas injustas, inequitativas y distorsivas. Por caso, en la propia sesión de la Legislatura provincial que finalmente sancionó la operatoria, uno de los legisladores sinceró el cuadro al decir que estas “no conducen a nada y sube el malhumor de la gente que paga sus obligaciones tributarias al día”.
En realidad, este tipo de iniciativas condonatorias muestran también una evidente incapacidad de las autoridades gubernamentales en ampliar el padrón de contribuyentes y en construir una base impositiva en línea con el movimiento de la economía y moralmente virtuosa y sincera. Más allá de que al Estado le permite depurar el padrón e identificar a aquellos deudores que mantienen su inconducta fiscal, debería abandonarse ese criterio de “cazar en el zoológico”, como señalan contadores y expertos.
Este nuevo plan -sinceramiento le llamaron algunos legisladores- estaría por otra parte dejando al descubierto la necesidad de construir un reforma tributaria que contemple un cambio en la matriz impositiva actual, en la idea de que una reducción o -incluso- la eliminación de ciertos impuestos distorsivos podría llegar a favorecer el movimiento general de la economía provincial. Y claro, debate como este, deberían llevar hablar sobre la otra cara del panorama: se impone discutir más que nunca la calidad del gasto público en la provincia y las formas y el destino que el Gobierno trata a esos recursos. Valores de responsabilidad institucional deberían primar en las autoridades y legisladores para sacar adelante proyectos social y moralmente justos, económicamente y financieramente razonables.
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