Reforma, conveniencias e inconveniencias

Reforma, conveniencias e inconveniencias

Una quijotada, un fallo y una foto quedaron atrapadas en la discusión por la reforma política esta semana. Una reforma institucionalmente necesaria en materia de legislación electoral y de abordaje de la ley 5.454 de partidos políticos -desbordada por los acoples y las picardías de la dirigencia-, pero cuyo debate está supeditado a las conveniencias y necesidades del oficialismo. A pesar del pataleo opositor, el PJ tiene los números y la casilla del medio para imponer sus decisiones. El Gobierno provincial, en pocos días, notificó en dos ocasiones que la discusión se abrirá tal vez en 2018.

No se puede ocultar que en ambos casos, tanto en la negación como en la insistencia por debatir la reforma este año, subyacen intencionalidades electorales. Es que unos no quieren dar un resquicio para que la bandera opositora del fraude se agite en estos comicios nacionales -máxime cuando el Ejecutivo quiere “provincializar” la elección apostando a la gestión y el recuerdo de 2015 no le jugaría a favor- y otros pretenden hacer flamear ese concepto, creyendo que les puede acercar más votos refotando el descontento de un sector de la sociedad contra la victoria del FpV de hace dos años.

Publicidad

La debilidad de uno puede resultar la fortaleza del otro, y ninguno quiere eso, menos tan cera de una votación. Es que esas “intencionalidades” desnudan que en estos comicios intermedios no están sólo en juego las diputaciones nacionales sino las chances que se pueden abrir y las puertas que se puedan cerrar con vista a la elección de renovación de autoridades de 2019. Cada cual apuesta a salir lo mejor parado posible en las urnas y para eso se aferran a todas las armas posibles al alcance.

Navegante solitario

Una quijotada política y de corta vida fue la iniciativa reformista del apoderado del PJ, Marcelo Caponio; despreciada por sus propios pares en la Legislatura -que la desconocían por completo- y objetada por los opositores, que desaprovecharon la puertita que se les habría para recordar el anteproyecto que hicieron al respecto en 2016, y que cajonearon.

Publicidad

Caponio sorprendió a propios y a extraños al presentar un proyecto de ley para darle competencia electoral a la Corte Suprema de Justicia. Texto que no consensuó con nadie de su bancada, ni siquiera con funcionarios del Ejecutivo. Actuó políticamente solo, sin socios que lo pudieran respaldar. Tal vez por eso su iniciativa fue efímera, ya que se conoció un sábado y el lunes siguiente quedó fuera de la agenda parlamentaria. Para el navegante solitario toda la soledad del mar. En cambio, la movida sí le sirvió al oficialismo para reiterar y ratificar que el debate por la reforma se dará únicamente después de la elección de diputados nacionales. Fue la primera notificación a la oposición.

Es significativo que los opositores no salieran a cuestionar ese rechazo a sus pretensiones de apurar el debate por la reforma, sino a objetar la propuesta del legislador capitalino que, de alguna manera, implicaba una invitación para enfocarse en un aspecto del proceso de cambios legales.

En la Casa de Gobierno se dieron por enterados del proyecto del parlamentario cuando salió publicado en LA GACETA y, ante una consulta de este columnista, sólo un funcionario se animó a justificar la pretensión de que sea el máximo tribunal el que entienda en las causas electorales como tribunal originario y no un órgano revisor de los fallos del fuero Contencioso Administrativo. Aún recuerdan como una espina dolorosa la decisión de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló los comicios de 2015; que luego la Corte rechazó. Y si bien hubo caras de sorpresas en la sede del PE, también las hubo de disgusto por la actuación en soledad del peronista, ya que existiría en carpeta una propuesta diferente -luego se verá- y que tiene algunas similitudes con la iniciativa opositora cajoneada.

Caponio propuso modificar el artículo 18 de la ley Orgánica del Poder Judicial (6.238) y le agregó el ítem “d”, que incorpora la “materia electoral y de partidos políticos” a las competencias de la Corte. Lo único que hizo fue recoger la sugerencia del presidente de la Corte, Antonio Gandur, del 17 de diciembre de 2015: en su condición de titular de la Junta Electoral Provincial, propuso que se otorgue competencia originaria y excluyente al máximo tribunal para conocer en toda acción dirigida contra decisiones de la JEP. El juez y el legislador habrían coincidido al respecto en el conflictivo tiempo post-elecciones de 2015. El segundo entendió que era hora de reflotar la sugerencia y presentó el texto en la Cámara.

En los considerandos del proyecto de ley, sostiene que es absurdo que una resolución de la JEP, integrada por el presidente de la Corte, sea revisada por jueces inferiores. “Lo lógico es que sean revisables por el máximo tribunal”, acotó. Y, como para que quede claro el porqué de la presentación, sostiene que es grave que un tribunal inferior “pueda poner a la Provincia al borde de la intervención federal”. Es que si la Corte no intervenía y anulaba el fallo de la Sala I de 2015, la acefalía era una posibilidad cierta y, por ende, la intervención un alternativo destino final. Un remedio que el kirchnerismo supo hacer jugar entonces a manera de presión institucional.

¿Cómo reaccionó la oposición frente al proyecto de Caponio? Habló de insulto a la inteligencia, de nuevo intento de sometimiento de la Justicia, de picardía del oficialismo para aprovechar una “Corte afín”, de proyecto anticonstitucional y de pretender que la Corte legitime nuevas irregularidades en 2019. Es especulación; pero estaba el anteproyecto de ley de reforma electoral elaborado por referentes del Acuerdo por el Bicentenario y presentado en noviembre de 2016 como para un eventual contrapunto de ida y vuelta. Esa iniciativa también propuso modificar la ley Orgánica de Tribunales, pero alterando otro artículo, el 19 -que alude a las materias del Tribunal de Apelaciones y Cámaras-, para incorporar una Cámara Electoral. Allí también se dispone la creación de un Juzgado Electoral.

“Es necesario un juzgado electoral independiente”, decía el radical José Cano en ese entonces, después de que Alfaro presentara aquel proyecto del ApB en el que trabajaron Daniel Ponce, Gilda Pedicone de Valls, Jorge Torres, José Manuel Páez y Rodolfo Burgos, entre otros. La propuesta aún no ingresó a la Legislatura por circunstancias ajenas a los ideólogos, ya que cuando llevaba ese camino ocurrió un suceso que paralizó a Cambiemos en diciembre de 2016: el peronismo frenó en el Senado la iniciativa electoral del Gobierno nacional, que proponía la implementación del voto electrónico. Para qué insistir aquí si en la Nación no se avanzaba con la reforma. A esperar mejores tiempos. “Fue un mazazo”, reveló un referente del sector para justificar el por qué no tuvo entrada parlamentaria el proyecto opositor. A causa de esa “victoria” justicialista no se elegirán los próximos diputados nacionales con un sistema electrónico.

Es decir, desde ambos lados, oficialismo y oposición, se frustró un posible debate sobre juzgados electorales o incumbencias de la Corte: desde un lado porque le bajaron el pulgar por exceso de individualismo y desde el otro porque eligieron el cuestionamiento político.

Pero hubo una segunda notificación del oficialismo de que no quiere el debate ahora: y fue por boca de Jaldo cuando desde Cambiemos se apeló al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal -que resolvió que la Justicia Federal de Tucumán investigue las supuestas anomalías detectadas en el proceder del Correo Argentino y de Gendarmería Nacional durante los comicios de 2015- para pedir “reforma ya”. Así, frente al recordatorio opositor del “fraude”, el oficialismo cerró la puerta a una discusión que lo puede reflotar. Cada cual atiende su juego.

¿Y la foto? La del viernes, la de Cano junto a Domingo Amaya. Mostrarse juntos no fue inocente, no quieren que se sospeche que hay fracturas internas frente a un proceso electoral que necesita unida a toda la dirigencia del ApB. La imagen es una apuesta en ese sentido, y la exigencia de una reforma inmediata le vino de perillas para exponerse así. Frente a esta fotografía, ¿sobrevendrá otra por Twitter de Manzur, Jaldo y Alperovich abrazados?

En carpeta, y guardado

En el marco de esta discusión por la reforma, vale recordar que entre las 24 propuestas y los seis informes técnicos recogidos en “Tucumán dialoga” para avanzar en posibles modificaciones políticas, hay cinco trabajos (Tucumán Usina de Pensamiento, Asociación de Politólogos e Internacionalistas de Tucumán, Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, Elecciones Argentinas y de la doctora María Esperanza Casullo de la Universidad Nacional de Río Negro) que refieren la necesidad de crear un fuero electoral para no sobrecargar a la Corte y para que resuelva lo concerniente a lo contencioso electoral. Algo “parecido” al opositor.

Le puede haber servido de antecedente, lo cierto es que en el PE sobrevuela un proyecto similar y que alude a la necesidad de crear un fuero judicial electoral. Sin embargo, la carpeta no ve la luz porque no habría sido consensuado por los principales actores políticos e institucionales del oficialismo. Está en veremos, y para después de los comicios. Muy pocos conocen y están detrás de esta iniciativa. Algunos se sorprenderán cuando se enteren que la carpeta está en el cajón de una oficina del palacio gubernamental esperando el momento indicado para salir a la luz.

Y como para cerrar, vaya un detalle anexo: en el “Tucumán dialoga” sólo tres partidos (Frente Renovador Auténtico, Fuerza Republicana y Movimiento de Unidad Popular) presentaron propuestas para una reforma política. El resto de las más de 600 organizaciones partidarias reconocidas en la provincia no hicieron llegar una línea, entre ellas el PJ y la UCR, cuyas ausencias son las que más brillaron.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios