Cano y Amaya le reclaman al oficialismo tucumano el inicio urgente de la reforma electoral

Cano y Amaya le reclaman al oficialismo tucumano el inicio urgente de la reforma electoral

Los funcionarios nacionales y ex candidatos brindaron una conferencia de prensa.

JOSÉ CANO Y DOMINGO AMAYA. Los ex candidatos hablan con la prensa durante los convulsionados días posteriores a las elecciones de 2015. ARCHIVO JOSÉ CANO Y DOMINGO AMAYA. Los ex candidatos hablan con la prensa durante los convulsionados días posteriores a las elecciones de 2015. ARCHIVO
19 Mayo 2017

Tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que remitió a la Justicia Federal de Tucumán la tramitación de la investigación por presunto fraude electoral en 2015, los referentes del Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos, el radical José Cano y el peronista Domingo Amaya reclamaron al oficialismo tucumano el inicio inmediato de la reforma electoral y política de Tucumán, que regirá en los comicios de 2019.

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Los actuales funcionarios nacionales (Cano es jefe del Plan Belgrano y Amaya, secretario de Vivienda de la Nación) brindaron una conferencia de prensa en uno de los hoteles que se encuentra frente al parque 9 de Julio.

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"Creemos que el único camino que hay es trabajar con responsabilidad y seriedad para llevar a cabo la reforma electoral; es algo que toda la ciudadanía exige, y lo más importante es que significará el fortalecimiento a las instituciones", manifestó Amaya, quien fue candidato a vicegobernador en 2015.

"Este fallo tiene que servir a toda la dirigencia política, pero en particular al oficialismo, para empezar a trabajar en los cambios institucionales que requiere nuestra provincia", agregó Cano.

Después de un año y medio de discusión sobre la competencia, la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal con sede en la capital del país, resolvió que la Justicia Federal de Tucumán investigue las anomalías detectadas en el proceder del Correo Argentino y de Gendarmería Nacional durante las elecciones provinciales de 2015.

El fallo revocó la decisión de 2016 de la Cámara Federal de Apelaciones local que había confirmado el envío de la denuncia de Cano y Amaya al Poder Judicial provinicial.





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