Tras discutir, ediles se marcharon y cayó la sesión

Una moción de orden para continuar con el temario sacudió el Concejo de la capital. Las visiones enfrentadas de los bloques sobre el pedido para poner una pausa al periodo de manifestaciones generales acabaron por voltear la sesión. “La oposición le tiró un baldazo de agua fría al alfarismo: ya no tienen más la mayoría”, consideró el peronista José María Franco (abandonó este año el oficialismo municipal). “El bussismo y el alperovichismo pretenden criticar pero no escuchar nuestra respuesta”, sentó postura Roberto Ávila (Acuerdo para el Bicentenario, afín a la Intendencia).

La polémica entre los siete proyectos del temario se anticipaba en torno a la prohibición de estampar el nombre de un funcionario en bienes muebles o inmuebles del municipio (llamada “antiploteo”); y un proyecto para reducir las tasas municipales para las empresas proveedoras de servicios públicos, a pedido de EDET (ingresó sobre tablas).

El peronista Juan Luis Pérez (Tucumán Crece) inauguró el periodo de manifestaciones generales para alertar sobre presuntas irregularidades en el proceso de expropiación de la casa Sucar. Sandra Manzone (ApB) salió al cruce de inmediato (se informa aparte). Los alperovichistas David Mizrahi y Dante Loza cuestionaron al titular del plan Belgrano, José Cano, y a las medidas económicas del macrismo. El radical Raúl Pellegrini aprovechó la oportunidad para cuestionar la conmutación de penas a represores condenados en la última dictadura (llamado 2x1). Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (ambos de Fuerza Republicana), observaban con gesto adusto al edil (se informa aparte). José “Lucho” Argañaraz defendió a Cano y aseguró que el ApB gobernaría la Provincia en 2019.

Cuando llegó el turno del radical Roque Mendía, transcurridas tres horas de sesión, Mizrahi mocionó que los ediles avanzaran en el tratamiento del orden del día (sólo se había aprobado la regulación del mercado inmobiliario, obligando a las firmas a trabajar con un corredor inmobiliario matriculado). El pedido del alperovichista se impuso por nueve a ocho. Mendía, sin embargo, continuó su alocución y esbozó una defensa del Plan Belgrano. Bussi y Loza se levantaron escandalizados porque se desobedecía la votación. Los siete miembros de Tucumán Crece y los dos bussistas abandonaron el recinto y la sesión cayó por falta de quórum.

Roberto Ávila (ApB) estaba indignado: “en estos 12 años callaron periodistas, opositores y apretaron a miembros de la Justicia. Acaban de poner una mordaza a los representantes del pueblo porque no nos dejan tratar los temas de los vecinos”. El presidente, Javier Aybar, también estaba enfurecido: “esto es un golpe institucional ordenado por los compañeros Manzur y Jaldo”.

La oposición se abroqueló de inmediato en el despacho de Fuerza Republicana (el más cercano al recinto) y rechazaron al unísono el “autoritarismo del ApB”. Los siete peronistas alineados a Casa de Gobierno, los dos bussistas y el concejal Franco presentaron en conjunto un pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria, con el mismo temario, para el lunes. “El ApB no respetaba la decisión del cuerpo. No están acostumbrados a no tener mayoría”, finalizó Franco.

Casa Sucar 
El concejal Pérez alertó sobre irregularidades y la edila Manzone salió al cruce

El concejal Juan Luis Pérez (Tucumán Crece-PJ) alertó en el recinto que el intendente, Germán Alfaro, habría incumplido el proceso legal para expropiar la casa Sucar. El peronista recordó que los 18 concejales aprobaron por unanimidad a comienzos de año la ordenanza que declaró la utilidad pública de la casona de Salta 532, para dar lugar a un centro cultural. “No se respetan las ordenanzas de este cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque el valor y la tasación del a propiedad debe ser fijado por la comisión provincial de tasación. Sin embargo, el intendente dice que se ha llegado a un acuerdo con el propietario de la casona, y nosotros no votamos la compra directa, sino la expropiación. En la expropiación el valor es fijado unilateralmente”, arremetió el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). En la semana, Alfaro había encabezado un acto en el que la Municipalidad tomó posesión de la casa Sucar. Había aclarado a los medios que el convenio firmado con los últimos propietarios (el grupo Lucci), establecía que el municipio abonaría una única cuota de $ 33,9 millones en un plazo de 30 días. “El intendente hizo todo un circo en vez de respetar las normas”, insistió Pérez. 
La presidenta de la comisión de Peticiones y Poderes, Sandra Manzone (ApB), brindó una extensa alocución para refutar los dichos del peronista. La concejala leyó el expediente de la Comisión Provincial de Tasación y relató el contenido de las fojas. Según el expediente, ese comité relevó que la superficie del solar a expropiar alcanza los 1.669 metros cuadrados y la superficie edificada medida es de 625 metros cuadrados. Repitió varias veces el resultado de la primera tasación, según el expediente que luego difundió a la prensa: “el valor total del terreno más la edificación alcanza $ 33,9 millones”. Manzone explicó que luego la firma Citrusvil SA, del grupo Lucci, manifestó su disconformidad con la tasación e incorporó otras dos tasaciones privadas: una de la inmobiliaria Norurbana ($ 44,9 millones) y otra de la inmobiliaria Schilman ($ 40,8 millones). “Me hubiera encantado que el valor hubiera sido menor, pero se definió como marca la normativa”, respondió Manzone.

Cruce por el “2x1”  
El radical Pellegrini discutió con Bussi por la conmutación de penas a represores condenados

La disputa política entre los concejales de la capital también tuvo su capítulo en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concedió la conmutación de penas al represor condenado Luis Muiña, acogiéndose a la ley denominada “del 2x1”. El radical Raúl Pellegrini repudió la sentencia del Tribunal Supremo y defendió las consignas históricas de los organismos de Derechos Humanos: memoria, verdad y justicia. “No es lo mismo un ladrón de gallinas que un torturador que formó parte de un plan sistemático de exterminio orquestado por el Estado. Quieren confundir a la sociedad. La normativa para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad es casi la misma en todos los países del mundo”, consideró el concejal en un extenso alegato. Y agregó: “avanzaron para la aniquilación de un sector de la sociedad. Es un delito de lesa humanidad porque la humanidad es víctima, aquí hubo una acción delictiva contra una sociedad entera. Lo dijo (el ex presidente Raúl) Alfonsín: el terrorismo es la utilización del miedo como estrategia política. ¡Yo quiero una sociedad libre! No puede haber amnistía, no me imagino que en Alemania, que no cesó de condenar nazis, haya una sociedad fracturada. No sólo quiero ver condenados a los que ordenaron torturar, quiero que juzguen a todos los que sostuvieron las picanas y a todos los que violaron”, finalizó. 
El concejal Ricardo Bussi aguardó paciente hasta que llegó su turno para responder. En una extensa alocución, repudió el uso de la ley ya derogada del “2x1”, pero insistió en la igualdad de todos los ciudadanos ante las normas. “Siempre se comenta esa visión sesgada, caprichosa y antojadiza de la historia pretendiendo hacer creer que todo comenzó un 24 de marzo de 1976. Esto empezó mucho antes, en el 69, cuando aparecían los primeros movimientos subversivos”, inició su relato. “En definitiva en 1976 faltaban seis meses para las elecciones. No había cronograma electoral porque todo el mundo esperaba que haya un golpe de Estado, se combatió la subversión y en todo el proceso hubo excesos porque en toda guerra hay excesos. Fue un espanto”, finalizó.