Sí, pero no

Sí, pero no. Institucionalmente sí, políticamente no. Judicialmente sí, socialmente no. O tiene razón, pero marche preso; o es culpable, pero siga libre. Paradojas argentinas. Sucesos y conductas recientes de funcionarios, locales y nacionales, se enmarcaron en estas interpretaciones aparentemente contradictorias. Por caso, vaya la decisión de la Corte Suprema Justicia de la Nación sobre la aplicación del dos por uno para delitos de lesa humanidad que, desde lo institucional, no merecería objeciones por cuanto tres de cinco jueces hicieron valer el número para fallar en un sentido. Media biblioteca le aporta justificaciones desde lo jurídico. Sin embargo, fue el propio Congreso el que le dio la razón a la sentencia al redactar una nueva norma para enmendar ausencias legales y evitar pronunciamientos similares a futuro. Una especie de sí, pero no.

Fue así que la tremenda repercusión por los efectos políticos lo que puso a la decisión judicial en un primerísimo plano logrando, involuntariamente, lo que nadie pudo conseguir en el país: hacer olvidar la grieta o por lo menos reducir a milímetros el ancho de la separación de las veredas enemigas por unas horas. El Parlamento mostró una lucecita por donde pueden alumbrar los consensos. Sí, pero no. Desafortunadamente la grieta no va a desaparecer, no porque sea histórica y esté en la genética de la política nacional, sino por pragmatismo, ya que el año electoral obliga a exponer y a explotar las diferencias. El otro no es como yo, es peor que yo, es la máxima. Por eso, cada uno vio lo que quiso ver y resaltó sólo lo que le interesó mostrar de este suceso. Y lo que le conviene a sus fines.

El cristinismo denunció una defensa del Gobierno nacional a los genocidas escudándose en el fallo -olvidándose que el propio Zaffaroni se pronunció en igual sentido cuando integraba la Corte-; el macrismo salió a decir que la Corte Suprema quedó herida en su credibilidad -cuando fue el que aportó a la nueva Corte dos -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- de los tres jueces que firmaron la polémica resolución del dos por uno; Cristina chicaneó con lo de una nueva mayoría automática en el máximo tribunal y Macri replicó que la ex presidenta se equivoca al decir que se debe manejar la Corte.

Macri reaccionó tardíamente para explicitar su posición contra la aplicación del dos por uno para los delitos de lesa humanidad; opinó cuando la mayoría de los argentinos -representada además en los contundentes números de Diputados (211 a 1) y del Senado (56-0)- ya se había pronunciado por todos los medios rechazando y repudiando la decisión del máximo tribunal. Nadie quiso quedarse fuera de ese carro; todos se treparon de prisa.

¿Se subió a la ola porque iba a quedar a contramano de la voluntad generalizada? Su demora para manifestarse justifica las dudas sobre qué es lo que piensa realmente al respecto, por más que sostenga que respeta la independencia de los poderes. Torpeza política, dijeron observadores. La ausencia del macrismo a la marcha multitudinaria, aún como un gesto de cautela y de prevención, es una señal que le juega en contra.

De allá y de aquí

Ahora bien, si lo del Presidente fue oportunismo tardío, ¿lo del gobernador tucumano fue un arrepentimiento apresurado? Es que por estos lares también se verifica aquel sí, pero no. Se avanza desde lo institucional, se frena desde la política. Es lo que sucedió con Facundo Maggio, quien fuera postulado a juez penal por el Ejecutivo, y cuya designación se retirara luego de los cuestionamientos contra el abogado por defender a personajes vinculados con la dictadura militar. No porque haya tenido causas por relacionadas al gobierno militar, sino por patrocinar a gente acusada de violar los derechos humanos. “Por prudencia”, se justificó Manzur para referirse a la maniobra por la que intentó evitar que se propague un incendio en su gestión.

Alperovich tuvo que hacer algo parecido con Francisco Sassi Colombres -a quien había postulado para la Corte provincial- por un veto y un pedido expreso de Néstor Kirchner. El gobernador actual no tiene un jefe nacional por ahora; sólo respondió ante las presiones políticas y mediáticas. “Actuó por motu proprio”, sostuvieron en la Casa de Gobierno, tratando de dar a entender que el titular del Ejecutivo se banca las posibles presiones internas por no sostener a alguien que le habrían sugerido los “amigos del poder”. Y como para que se tenga una idea de la importancia del puesto judicial en función de posibles intereses de los “hombres del palo”, alguien explicó que el cargo de juez de instrucción es clave porque puede decidir a quién se investiga o a quién se absuelve. O sea, es el que puede tener en sus manos la suerte de los funcionarios que no anden por la buena senda a futuro; es la persona que puede decir sí, pero no.

Hay un detalle más, y no menos significativo: Maggio aparece como el “abogado del Arzobispado” en cuanta publicación se lo menciona y Manzur tiene muy buenas relaciones con monseñor Alfredo Zecca, lo que abre la puerta a numerosas preguntas respecto del hombre al que se le bajó el pulgar por prevención electoral y por conveniencia política. ¿El gobernador consultó o informó al arzobispo sobre su decisión? ¿Maggio contaba con la bendición del Arzobispado? Las respuestas las conocen sólo unas pocas personas.

Manzur habría tenido en cuenta en su resolución la movida nacional que terminó unificando a todo el espectro político en defensa de los derechos humanos. ¿Para qué nadar contra la corriente? Se puede, pero no es aconsejable en un año electoral; al adversario no se le regalan banderas para que las aproveche en la campaña. Ahora bien, si se avanzó en esa postura interpretando que la sociedad reniega de la impunidad, más vale que desde el poder sigan en esa línea por el bien del sistema y no que tengan que esperar la presión social para encaminarse. El sentido común, y no los intereses sectoriales o personales, es lo que debería primar. La gente está cansada de las malas resoluciones de las instituciones, y más proviniendo de la Justicia, que es el poder donde se centra la última esperanza del ciudadano; reflexionó un dirigente peronista capitalino al charlar sobre estos temas. En el fondo hasta ahora no se viene hablando bien de las instituciones, sino mal de las decisiones de los hombres que las integran. Sí, pero no.

Interna movediza

Sin embargo, no sólo al oficialismo, sino también a la oposición la alcanzan cuestiones públicas en los que judicialmente surge el sí y políticamente se provoca el no. Por ejemplo, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al radical José Cano por sospechas de negociados con Corea del Sur e inició una investigación.

El titular del Plan Belgrano, que reclama una rápida actuación de la Justicia, se defendió diciendo que detrás hay una gigantesca operación política y mediática para dañarlo en este año electoral, donde aparece como el principal candidato a diputado nacional por Cambiemos. “Ya apelaron al fraude y ahora inventan causas judiciales”, dijo como para que quede claro que le apunta al oficialismo cuando habla de jugadas sucias.

En el Gobierno sonríen, se refriegan las manos y, como para decir no nos miren a nosotros, esbozan un “Marijuán es Macri”, intentando arrojar la bocha lejos. Y van más allá al sugerir que el Presidente quiere sacarse de encima a Cano. Todo incomprobable, pero en política las certezas a veces no valen tanto como los indicios. En ese sentido, lo que sí se pudo ver el jueves es una foto de Macri al lado de Cano, hecho que algunos interpretan como un aval político al radical. ¿Sí, pero no?

En la denuncia contra Cano también se cuela la interna en la UCR, donde los enfrentamientos amenazan con llegar a la Justicia. El canismo le apunta al legislador Ariel García y éste acusa de corrupto a su correligionario. Ambos grupos se vieron las caras en la última convención radical; una se impuso sobre la otra 41 a 27, aprobándose la inclusión de la UCR a Cambiemos. Los “boina blanca” del arielismo dijeron que llegarán a la Justicia porque entienden que la decisión debió avalarse con los dos tercios de los votos del cuerpo colegiado. Quedará en manos de la Justicia la interpretación del espíritu de la carta orgánica radical.

Los derrotados creen que intentan dejarlos fuera de las PASO a partir de un artilugio legal: disponer que las listas que participen de la interna deban llevar avales de afiliados de los partidos integrantes de la alianza. Si los “boina blanca” defienden la “pureza” del radicalismo en la integración de las listas, sólo pueden quedar afuera de la contienda.

Pero hay un detalle a tener en cuenta: si finalmente Cambiemos logra dos bancas en los comicios y suponiendo que los candidatos sean Cano y Silvia Elías de Pérez -sin ser postulaciones testimoniales- el que llegaría al Senado por corrimiento de lista sería Pablo Walter, dirigente del PRO. Es que el macrista secundó en la boleta senatorial a la principal dirigente capitalina de la UCR en 2015. Sí, ¿pero no?