13 Mayo 2017
El cuidado en la escuela
En la Legislatura se ha sancionado una ley que agrega un capítulo IV al “Régimen de contravenciones”, que pretende “solucionar” la violencia en instituciones educativas y de salud. Me atrevo a opinar que por desconocimiento -en el mejor de los casos- han cometido un grave error al tratar de equiparar dos instituciones públicas con dos misiones y realidades totalmente dispares. Un centro de salud no constituye una comunidad con aquellos a quienes recibe en caso de enfermedad o accidente. Entre los pacientes no hay lazos permanentes ni objetivos compartidos, más allá de solucionar el problema particular que los aqueja, o dar una mano a otro como un acto humano de solidaridad y consideración al prójimo. No hay una trayectoria que definir en conjunto entre los trabajadores de la salud y los enfermos y sus familias. Cierto está que los centros realizan en la medida de sus posibilidades acciones de extensión comunitaria, pero no existe un vínculo que trace senderos conjuntos. Se registran hechos de violencia explícita y concreta contra los trabajadores de la salud o contra los bienes y las instalaciones de los centros que hay que controlar y sancionar, y la guardia policial debe ser suficiente, pero es necesario considerar que no es la única. Existe otra “violencia “naturalizada” en perjuicio de los más vulnerables que concurren para cuidar de su salud: “aguantar” desde el alba para conseguir un turno, un horario no tan respetado de atención a pesar de los controles y alguna paciencia agotada cuando se pregunta dos veces porque no se entiende. Sería bueno poner un buzón para que todos los que concurran puedan calificar la atención recibida: Excelente-Muy Buena-Buena-Regular. Sería bueno que los directores, funcionarios y legisladores visiten las guardias y las salas regularmente y sin las cámaras siguiendo y le pregunten a la gente desde qué hora espera. Particularmente, en general recibí buen trato... sabía y podía escuchar y hablar... Pero no es la realidad de todos. Otra verdad es que faltan profesionales; y los que están se recargan -sobre todo en las guardias- pero no todos... Pero en fin... la salud es un servicio de enfermos que van y vienen, gracias a Dios, aún cuando hay salas especiales; pero el que concurre no tiene otro objetivo que curarse y sanar para no volver cuanto antes mejor. La escuela es otra cosa, no es la institución para entrar y salir en cualquier momento o en cualquier época del año. La escuela -en representación del Estado- junto a las familias, tienen un objetivo y una misión que cumplir que se traduce en una trayectoria con tiempos y espacios determinados durante la infancia y la adolescencia de modo tal que cada uno de los que llegan al mundo pueda incorporarse a él, enlazarse a él a través de la cultura, ser parte de él y ser ciudadanos de la sociedad a la que pertenecen. Es un espacio único, tan único como el lugar al que denominamos hogar. Claro que en algunas escuelas hay hechos de violencia contra las personas y los bienes, pero para esos -que son escasos yque se encuadran en delito, están las leyes y los procedimientos de la justicia. Con el nombre de flagrancia se pretende reducir lo que denominan “insultos, hostigamiento, maltrato... perturbación emocional o intelectual” causado por una “persona”, dando intervención a la policía o la policía actuando de oficio. En la escuela hay conflicto; sobre todo en una escuela que quiere acordar y armonizar con todos -docentes, no docentes, familias, alumnos- un proyecto institucional. Hay diferentes historias para construir en pos de la historia común y de la trayectoria escolar y educativa de los niños. Criminalizar a la persona que puede ser un alumno, un familiar de un alumno; o un docente versus un director; o un director versus un auxiliar, es el fin de la escuela tal como la conocemos. Es cierto que hoy en día no es un espacio fácil, pero el delito no es el común denominador de las instituciones y cuando ocurre, para eso están la Justicia y la comisaría donde denunciar. La policía no puede ni debe ser el instrumento para construir un clima y una cultura adecuada; si fuera así, estamos de más como educadores y están de más los equipos de apoyo. Tengamos cuidado con la letra chica. En ningún párrafo de la ley dice que es aplicable únicamente a las familias y a los alumnos. ¿Quién de nosotros no sabe de serios conflictos entre docentes? No son la generalidad, pero existen. Cualquiera que no esté en sus cabales puede solucionar fácil denunciando a un compañero o directivo. La escuela está difícil, pero no es la única. La familia también está difícil, pero no por eso renunciamos a ella. No renunciemos a la escuela.
Susana Díaz
Avenida Belgrano 4.501
San Miguel de Tucumán
Cambios en el Subsidio de Salud
Ya cuando fui a sacar una chequera en el Instituto de Previsión Social (2 de enero y luego 19 de enero) vi con asombro que por decisiones que desconozco de algún “iluminado” o “iluminada” habían colocado en la parte superior derecha de las mismas una fecha de vencimiento más (3/3/17 y 20/3/17). Pensé, como afiliado y como beneficiario, que había una nueva estrategia del interventor Avellaneda para, según él, terminar con el cobro del “plus” médico. Realmente, me siento defraudado por la medida, ya que en nada favorece a la familia estatal. Cuando fui a que me cambiaran la fecha de la orden médica y me la actualizaran, me respondieron en la secretaría del Interventor que no era posible. Orden que no se usa, orden que se pierde. Ahora bien, si de entre los casi 500.000 afiliados hay 100.000 que sacamos una chequera, representa que las autoridades responsables de esta irracional medida manejaron $15 millones nuestros, sin saber cuáles son los fines de este dinero que quedan a disposición de los interventores del organismo; organismo que no corresponde que siga intervenido después de 25 años de la presencia de funcionarios. No sé si el Tribunal de Cuentas les hizo un seguimiento y evaluación de sus funciones en distintos períodos; o si hubo malversación de fondos. En este caso de las chequeras; a mi entender hay una manifiesta retención de fondos de quienes compramos el instrumento y no nos lo devolvieron cuando no usamos la orden. ¿A dónde fueron a parar esos fondos?
Carlos María Gutiérrez
Avenida Independencia 102
San Miguel de Tucumán
TELÉFONO DESCOMPUESTO
Soy abonado al servicio de Telecom desde hace mucho tiempo, y he leído siempre en esta sección las quejas de usuarios que tienen los servicios de esa prestataria sin poder usarlos debido a desperfectos. Esta vez me tocó a mí. Vanas, estériles, inútiles,etcétera, me han resultado mis demandas para lograr soluciones al problema. Entre otros reclamos se encuentran los efectuados bajo las siguientes rotulaciones: 38J8UOI, 38CNUUG,y las efectuadas en la propia sede de la empresa (Números 019 HVK-88 E V y 238 QTFOL) luego de haber tenido que soportar las extensas colas de usuarios que pugnaban por reclamar el mismo problema. Hago notar que los reclamos han sido hechos por un familiar, y que no puedo caminar por una dolencia, lo que hace, para mi caso, más necesario contar con una comunicación ágil para solicitar emergencia médica. Resulta increíble que a esta altura de los tiempos suframos problemas debido a las ineficiencias de un servicio que, aunque está privatizado, es de bien público. Me pregunto, ahora que se invocan los Derechos Humanos para otros casos, ya que la empresa reviste el carácter de una prestataria de un servicio público, ¿no estaremos frente a otro caso que nos obligue a demandar la protección legal de un amparo judicial? Confío en que los directivos de la empresa adopten las m edidas necesarias para que se efectivicen las respuestas que se dan, y en las que se puede escuchar que “se ha anotado el pedido de reparación y se adoptarán las medidas para solucionarlo.”
Hector Domingo Padilla
LOS CORTES EN LAS RUTAS
Hace días que estamos soportando los cortes de rutas en toda la provincia, en este caso por los trabajadores del limón pertenecientes al gremio de Uatre. Con estas medidas, ellos están perjudicando a toda la comunidad, ya que la mayoría de quienes transitamos esas rutas trabaja y deben sortear múltiples cortes para llegar a destino con el consiguiente gasto.¿Piensan por casualidad en los enfermos que deben trasladarse a la capital por sus problemas de salud y nadie los escucha? Hasta tal extremo hemos llegado que se olvidaron de la solidaridad y del bienestar de nuestros semejantes. No se puede concebir que sólo en esta provincia ocurran estos problemas: los responsables, tanto gobierno como empresarios y gremialistas, deben analizar esta situación tan grave ya que aíslan a todo el mundo y pareciera que a nadie le importa el caos que provocan estos trabajadores. Si deben reclamar sus derechos que lo hagan ante quienes corresponda. Además no interviene la Justicia ni la policía. En una palabra, todos miran para otro lado y hacen oídos sordos ante este pedido de solución. Por favor, terminen con estas actitudes nocivas que no llevan a buen fin porque en cualquier momento el malestar provocado por las largas esperas de los que vienen de largas distancias llevarán a una situación de violencia que después será tarde para lamentar. ¿Qué esperan para terminar con estos atropellos que quitan la libertad de la libre circulación?Hemos llegado a un estado de impotencia total.
Marta Lizárraga
Juntas de clasificación
Quiero referirme al editorial “Entes del Estado que continúan intervenidos” (7/5) con el objeto de agregar al listado publicado allí las Juntas de Clasificación de Educación, intervenidas desde el año 2008. Es común escuchar, especialmente en épocas de tachas y designaciones para cubrir cargos vacantes, relatos de docentes donde describen situaciones, para ellos arbitrarias y poco claras, sobre el proceder de las autoridades de dichas juntas. Les informo a los interesados, porque parece que no lo saben, que tienen derecho, por Ley, a tener sus representantes ya que cada junta debe estar integrada por cuatro miembros nombrados por el Estado y tres elegidos por maestros y profesores mediante elecciones libres y transparentes. El cumplimiento de la Ley debería ser exigido por los gremios docentes, pero no lo hacen, a excepción del gremio UDT que llevó planteos ante la Justicia, que aún no fueron resueltos. Existen gremios afines al Gobierno a los que no les interesa el tema, ya que en definitiva sus dirigentes terminan siendo los miembros nombrados por el Estado en dichos entes intervenidos. ¡Señores docentes, exijan la normalización de las Juntas de Clasificación de Educación!
Héctor Juárez Coronel
Santiago del Estero 135
San Miguel de Tucumán
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