Por Fernando Stanich
08 Mayo 2017
¿A esta altura de la gestión no resulta descabellado concluir que el gobernador, Juan Manzur, está lejos de ser considerado un tiempista político. Porque justo en la semana en que tenía previsto darse un aventón peronista en su pulseada nacional, tropieza con una piedra que él mismo se puso en el camino.
El mandatario venía desde hace varios días diagramando esa cumbre con el cordobés Juan Schiaretti y apostaba, como quinceañera, a que ese día nada pudiera salirle mal. Sin embargo, el mensaje político nacional que podría haber significado ese encuentro acabó opacado por un hecho insólito: Manzur terminó la primera semana de mayo sentado a la derecha del macrismo. Y eso sí que es una novedad.
La designación del abogado Facundo Maggio como juez penal, pese a que aún debe ser ratificada por el Poder Legislativo, coloca a Manzur de nuevo en el útero de su concepción política. Porque la elección del letrado lleva marcado el ADN del alperovichismo, en el que lo conveniente pesa por más de que sea insostenible. ¿Cómo justifica el gobernador que eligió al segundo postulante de una terna y que se apartó del orden de mérito para escoger a un recurrente defensor de acusados por delitos de lesa humanidad? En especial, porque casi en paralelo a la firma de ese decreto, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, repudiaba junto a sus pares de otras provincias que la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgara el beneficio del dos por uno a un genocida. Y porque en Tucumán, el aspirante a juez bendecido por Manzur festejaba siendo el primero en este suelo en solicitar ese cómputo para un represor, tras el fallo de la Corte. La semana no podía terminar peor para el mandatario. Ya olfateando el rechazo de buena parte de la sociedad, desde Mendoza, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, alzó la voz macrista para exponer el rechazo del Gobierno -sincero o no- a ese beneficio. En síntesis, no hizo falta un Telebeam para detectar que el tucumano quedó fuera de juego.
Historia cíclica
En 2008, el gobernador José Alperovich había elegido a su amigo Francisco Sassi Colombres para cubrir una vacante en la Corte provincial. Pero pese a contar en aquella ocasión con un poder político sin precedentes en Tucumán, el ahora senador reculó a partir de un llamado. En aquel momento, las versiones dieron cuenta de un telefonazo de Néstor Kirchner para recordarle a Alperovich acerca del pasado de su “elegido” como funcionario durante la última dictadura militar. Aun con acuerdo legislativo ya obtenido, la presión obligó a Sassi Colombres a renunciar.
Nueve años más tarde, Manzur ha escogido ponerse en una situación similar a la de su padre político. Cómo explica que Maggio, su nombre para cubrir un despacho vacante desde 2012 por el fallecimiento de la jueza Emma de Nucci, haya dejado ese mismo año un cargo en la Fiscalía de Estado en medio de una polémica con organismos de derechos humanos. Esa vez, el abogado había asumido la defensa de algunos imputados por delitos de lesa humanidad en el megajuicio “Jefatura II-Arsenales II”, como el sacerdote José Eloy Mijalchyk y el ex militar Ernesto Alais. El revuelo lo llevó a dimitir, ya que el propio Gobierno –del que Manzur era vicegobernador, aunque haya estado de licencia- le soltó la mano. “Maggio no puede seguir perteneciendo a un Gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos”, había opinado Humberto Rava, secretario de Derechos Humanos, en un comunicado oficial.
Aún resta que el pliego de Maggio sea analizado en comisión por la Legislatura y, superada esa fase, votado en sesión. Por lo pronto, se avizora un tratamiento conflictivo en la Cámara y varias impugnaciones a su postulación. Al menos, ya se alzaron voces de repudio de legisladores del radicalismo, alarmados por la elección de Manzur. Por el lado del oficialismo, los legisladores más influyentes admiten que no les agrada tener que pagar el costo político de designarlo como magistrado, pero que tampoco tienen demasiado margen de maniobra. ¿Por qué? Maggio es abogado del Arzobispado y sobrino político de Edmundo Jiménez, el actual jefe de los fiscales penales del Poder Judicial tucumano. En la Casa de Gobierno, además, murmuran que esos antecedentes lo convirtieron en el más “confiable” de la terna. No está de más, entonces, recordar que Manzur compartió gabinete con Jiménez en los primeros años de alperovichismo, y que en los últimos meses el oficialismo impulsó leyes para reformar el Poder Judicial y otorgarle mayor autonomía al ministro fiscal. Incluso, enfrentándose a la Corte local con las causas por los gastos sociales deambulando de oficina en oficina.
Por lo que se ve, lo conveniente es siempre más importante para Manzur, por más de que sea absolutamente inoportuno.
El mandatario venía desde hace varios días diagramando esa cumbre con el cordobés Juan Schiaretti y apostaba, como quinceañera, a que ese día nada pudiera salirle mal. Sin embargo, el mensaje político nacional que podría haber significado ese encuentro acabó opacado por un hecho insólito: Manzur terminó la primera semana de mayo sentado a la derecha del macrismo. Y eso sí que es una novedad.
La designación del abogado Facundo Maggio como juez penal, pese a que aún debe ser ratificada por el Poder Legislativo, coloca a Manzur de nuevo en el útero de su concepción política. Porque la elección del letrado lleva marcado el ADN del alperovichismo, en el que lo conveniente pesa por más de que sea insostenible. ¿Cómo justifica el gobernador que eligió al segundo postulante de una terna y que se apartó del orden de mérito para escoger a un recurrente defensor de acusados por delitos de lesa humanidad? En especial, porque casi en paralelo a la firma de ese decreto, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, repudiaba junto a sus pares de otras provincias que la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgara el beneficio del dos por uno a un genocida. Y porque en Tucumán, el aspirante a juez bendecido por Manzur festejaba siendo el primero en este suelo en solicitar ese cómputo para un represor, tras el fallo de la Corte. La semana no podía terminar peor para el mandatario. Ya olfateando el rechazo de buena parte de la sociedad, desde Mendoza, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, alzó la voz macrista para exponer el rechazo del Gobierno -sincero o no- a ese beneficio. En síntesis, no hizo falta un Telebeam para detectar que el tucumano quedó fuera de juego.
Historia cíclica
En 2008, el gobernador José Alperovich había elegido a su amigo Francisco Sassi Colombres para cubrir una vacante en la Corte provincial. Pero pese a contar en aquella ocasión con un poder político sin precedentes en Tucumán, el ahora senador reculó a partir de un llamado. En aquel momento, las versiones dieron cuenta de un telefonazo de Néstor Kirchner para recordarle a Alperovich acerca del pasado de su “elegido” como funcionario durante la última dictadura militar. Aun con acuerdo legislativo ya obtenido, la presión obligó a Sassi Colombres a renunciar.
Nueve años más tarde, Manzur ha escogido ponerse en una situación similar a la de su padre político. Cómo explica que Maggio, su nombre para cubrir un despacho vacante desde 2012 por el fallecimiento de la jueza Emma de Nucci, haya dejado ese mismo año un cargo en la Fiscalía de Estado en medio de una polémica con organismos de derechos humanos. Esa vez, el abogado había asumido la defensa de algunos imputados por delitos de lesa humanidad en el megajuicio “Jefatura II-Arsenales II”, como el sacerdote José Eloy Mijalchyk y el ex militar Ernesto Alais. El revuelo lo llevó a dimitir, ya que el propio Gobierno –del que Manzur era vicegobernador, aunque haya estado de licencia- le soltó la mano. “Maggio no puede seguir perteneciendo a un Gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos”, había opinado Humberto Rava, secretario de Derechos Humanos, en un comunicado oficial.
Aún resta que el pliego de Maggio sea analizado en comisión por la Legislatura y, superada esa fase, votado en sesión. Por lo pronto, se avizora un tratamiento conflictivo en la Cámara y varias impugnaciones a su postulación. Al menos, ya se alzaron voces de repudio de legisladores del radicalismo, alarmados por la elección de Manzur. Por el lado del oficialismo, los legisladores más influyentes admiten que no les agrada tener que pagar el costo político de designarlo como magistrado, pero que tampoco tienen demasiado margen de maniobra. ¿Por qué? Maggio es abogado del Arzobispado y sobrino político de Edmundo Jiménez, el actual jefe de los fiscales penales del Poder Judicial tucumano. En la Casa de Gobierno, además, murmuran que esos antecedentes lo convirtieron en el más “confiable” de la terna. No está de más, entonces, recordar que Manzur compartió gabinete con Jiménez en los primeros años de alperovichismo, y que en los últimos meses el oficialismo impulsó leyes para reformar el Poder Judicial y otorgarle mayor autonomía al ministro fiscal. Incluso, enfrentándose a la Corte local con las causas por los gastos sociales deambulando de oficina en oficina.
Por lo que se ve, lo conveniente es siempre más importante para Manzur, por más de que sea absolutamente inoportuno.
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