Por LA GACETA
07 Mayo 2017
Cuando se prolonga a lo largo del tiempo, se convierte en un rasgo de autoritarismo, pero es mucho más lamentable si esta se manifiesta en una democracia. La intervención, que ha sido una herramienta tradicional de las dictaduras militares, también lo es de gobiernos elegidos por el pueblo, por lo menos, en Tucumán. Hay organismos del Estado cuyo mando permanece en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo desde hace años. Cada tanto, se lanza una promesa de que se revertirá en algún momento esta situación.
A comienzos de marzo pasado, el secretario general de la Gobernación dijo que el Ejecutivo iba a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para normalizar el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), más conocido como Subsidio de Salud, que se halla intervenido desde 1990. La obra social que cuenta con casi medio millón de afiliados, es uno de los cinco entes estatales autárquicos que están intervenidos desde hace décadas. La lista se completa con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).
El funcionario dijo en la ocasión que el actual interventor avanzaba en la iniciativa junto a su equipo, a los gremios y a representantes de los afiliados. “Se trata de una obra social moderna, con un 90% de prestaciones de salud y solo una pequeña parte destinada a lo previsional; con el proyecto se normalizará también en este sentido”, manifestó. Por otro lado, contó que se trabajaba en la elaboración de un texto similar para regularizar el Ipacym, que permanece intervenido desde hace 19 años.
Creado en 1969, el Subsidio es el primogénito de los entes intervenidos. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, mediante la ley N° 3910, el entonces gobernador Oscar Sarrulle transformó la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, el IPLA se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.
En octubre pasado, tras un año y medio de trámites en el juicio que había iniciado contra la Provincia, un legislador cuestionó al gobernador por incumplir “con su promesa” de regularizar el funcionamiento de tres de los entes autárquicos intervenidos: el IPLA), el Ipvdu y el Subsidio.
Conveniencia, comodidad, intereses políticos, son algunas de las causas por la que estos organismos continúan intervenidos. Esta situación le permite al gobernante nombrar a su gente de confianza al frente de estas reparticiones autárquicas para ejercer un control directo y de ese modo, evitar también posibles conflictos y desobediencias. Es lamentable que en plena democracia siga existiendo la intervención estatal que es propia de los gobiernos totalitarios.
A comienzos de marzo pasado, el secretario general de la Gobernación dijo que el Ejecutivo iba a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para normalizar el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), más conocido como Subsidio de Salud, que se halla intervenido desde 1990. La obra social que cuenta con casi medio millón de afiliados, es uno de los cinco entes estatales autárquicos que están intervenidos desde hace décadas. La lista se completa con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).
El funcionario dijo en la ocasión que el actual interventor avanzaba en la iniciativa junto a su equipo, a los gremios y a representantes de los afiliados. “Se trata de una obra social moderna, con un 90% de prestaciones de salud y solo una pequeña parte destinada a lo previsional; con el proyecto se normalizará también en este sentido”, manifestó. Por otro lado, contó que se trabajaba en la elaboración de un texto similar para regularizar el Ipacym, que permanece intervenido desde hace 19 años.
Creado en 1969, el Subsidio es el primogénito de los entes intervenidos. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, mediante la ley N° 3910, el entonces gobernador Oscar Sarrulle transformó la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, el IPLA se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.
En octubre pasado, tras un año y medio de trámites en el juicio que había iniciado contra la Provincia, un legislador cuestionó al gobernador por incumplir “con su promesa” de regularizar el funcionamiento de tres de los entes autárquicos intervenidos: el IPLA), el Ipvdu y el Subsidio.
Conveniencia, comodidad, intereses políticos, son algunas de las causas por la que estos organismos continúan intervenidos. Esta situación le permite al gobernante nombrar a su gente de confianza al frente de estas reparticiones autárquicas para ejercer un control directo y de ese modo, evitar también posibles conflictos y desobediencias. Es lamentable que en plena democracia siga existiendo la intervención estatal que es propia de los gobiernos totalitarios.
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