04 Mayo 2017
CONSIGNA. Con marchas, ONG piden políticas contra femicidios. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)
La Casa de Gobierno recibió un duro mensaje de una legisladora oficialista por la falta de impacto de las políticas públicas contra los femicidios.
Nancy Bulacio, secretaria del bloque Tucumán Crece-PJ, planteó un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo (PE) “a hacer efectivo el cumplimiento de la ley 8.981, que declara la Emergencia por Violencia contra la Mujer”.
La peronista solicitó en ese sentido que el PE efectúe “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para aplicar la norma, sancionada el 21 de diciembre de 2016 (es decir, hace más de cuatro meses). “(La ley 8.981) aún no se ha hecho efectiva. Deben aplicarse medidas urgentes desde el Poder Ejecutivo”, remarcó Bulacio en los fundamentos de la iniciativa elevada el martes.
A fines del año pasado, el Poder Legislativo sancionó por unanimidad la declaración de Emergencia en Violencia contra la Mujer. El estado de excepción por los femicidios y otros hechos graves tiene una duración prevista de dos años, prorrogables por otros 12 meses, y contempla medidas urgentes para “revertir el número de víctimas” en Tucumán.
El artículo 2°, incluso, califica como una prioridad para el Estado provincial el logro de una serie de “objetivos y principios”; entre ellos, “el diseño y ejecución de acciones y programas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, niña y mujer embarazada, y el fortalecimiento o intensificación de los (planes públicos) que estén en curso”.
La ley 8.981 fue promulgada el 7 de febrero pasado, pero todavía no fue reglamentada. Fuentes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad indicaron que se están analizando las cuestiones presupuestarias. Aclararon que por ahora no hay plazos ni una fecha estimada para la aplicación total de la norma.
Esta situación llevó a la legisladora Bulacio a plantear un proyecto de resolución en el que insiste al PE por la Emergencia en Violencia contra la Mujer. “La escena no parece haber cambiado (desde la sanción de la ley). En lo que va de este año, la provincia lleva múltiples denuncias de violencia, casos de violaciones y tres femicidios”, consignó la secretaria del bloque oficialista. Y mencionó en la iniciativa los crímenes de Laura Marcelina Balderrama, de 28 años, asesinada en febrero; de Ornella Dottori, una adolescente de 16, embarazada, cuyo cuerpo fue hallado en abril en un descampado; y de Silvia Morales, de 55, quien falleció apuñalada.
“Necesitamos agilizar los trámites para dar cumplimiento a la ley. No queremos lamentar víctimas, queremos que las mujeres tengan justicia”, indicó Bulacio. Y añadió: “(es clave) darles las herramientas judiciales, sociales y económicas acordadas (en la ley 8.981) para que denuncien y para que salgan de las condiciones de violencia en la que se encuentran; para evitar muerte segura en manos de los agresores; para que no haya más Lauras, ni Ornellas, ni Silvias que lamentar. La emergencia fue aprobada por unanimidad para actuar con celeridad”.
Nancy Bulacio, secretaria del bloque Tucumán Crece-PJ, planteó un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo (PE) “a hacer efectivo el cumplimiento de la ley 8.981, que declara la Emergencia por Violencia contra la Mujer”.
La peronista solicitó en ese sentido que el PE efectúe “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para aplicar la norma, sancionada el 21 de diciembre de 2016 (es decir, hace más de cuatro meses). “(La ley 8.981) aún no se ha hecho efectiva. Deben aplicarse medidas urgentes desde el Poder Ejecutivo”, remarcó Bulacio en los fundamentos de la iniciativa elevada el martes.
A fines del año pasado, el Poder Legislativo sancionó por unanimidad la declaración de Emergencia en Violencia contra la Mujer. El estado de excepción por los femicidios y otros hechos graves tiene una duración prevista de dos años, prorrogables por otros 12 meses, y contempla medidas urgentes para “revertir el número de víctimas” en Tucumán.
El artículo 2°, incluso, califica como una prioridad para el Estado provincial el logro de una serie de “objetivos y principios”; entre ellos, “el diseño y ejecución de acciones y programas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, niña y mujer embarazada, y el fortalecimiento o intensificación de los (planes públicos) que estén en curso”.
La ley 8.981 fue promulgada el 7 de febrero pasado, pero todavía no fue reglamentada. Fuentes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad indicaron que se están analizando las cuestiones presupuestarias. Aclararon que por ahora no hay plazos ni una fecha estimada para la aplicación total de la norma.
Esta situación llevó a la legisladora Bulacio a plantear un proyecto de resolución en el que insiste al PE por la Emergencia en Violencia contra la Mujer. “La escena no parece haber cambiado (desde la sanción de la ley). En lo que va de este año, la provincia lleva múltiples denuncias de violencia, casos de violaciones y tres femicidios”, consignó la secretaria del bloque oficialista. Y mencionó en la iniciativa los crímenes de Laura Marcelina Balderrama, de 28 años, asesinada en febrero; de Ornella Dottori, una adolescente de 16, embarazada, cuyo cuerpo fue hallado en abril en un descampado; y de Silvia Morales, de 55, quien falleció apuñalada.
“Necesitamos agilizar los trámites para dar cumplimiento a la ley. No queremos lamentar víctimas, queremos que las mujeres tengan justicia”, indicó Bulacio. Y añadió: “(es clave) darles las herramientas judiciales, sociales y económicas acordadas (en la ley 8.981) para que denuncien y para que salgan de las condiciones de violencia en la que se encuentran; para evitar muerte segura en manos de los agresores; para que no haya más Lauras, ni Ornellas, ni Silvias que lamentar. La emergencia fue aprobada por unanimidad para actuar con celeridad”.
Lo más popular
