Por Roberto Delgado
29 Abril 2017
Tucumán ha entrado en una estadística oscura. No se recuerda, en los tiempos recientes, un primer cuatrimestre con 48 homicidios dolosos en la provincia, lo cual indica una escalada preocupante. En 2016 fueron 38 hasta fines de abril. Ambas cifras surgen de la información publicada en LA GACETA; podrían ser más, si se registraran en algún momento casos que no llegaron a conocimiento de la prensa, tarea que deberían hacer grupos ad hoc, como el equipo de monitoreo preventivo de la conflictividad violenta, que trabaja desde 2014 en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Este cuatrimestre ultraviolento contrasta fuertemente con el mensaje falsamente esperanzador del gobernador Juan Manzur el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, en el que dijo que, de acuerdo a ese mismo monitoreo de la Corte Suprema, habían bajado un 30% los homicidios en ocasión de robo entre 2015 y 2016, y que, de acuerdo a un informe de la Nación, habían bajado un 7% todos los índices delictivos en ese período.
Se trata de una suma de problemas serios que tenemos los tucumanos -y también los argentinos- con respecto a la forma en que las autoridades registran la violencia y cómo usan esos datos según su conveniencia. Cuando asumió el actual gobierno nacional, ya funcionaba el centro de monitoreo que, por primera vez, parecía tener una intención seria de recabar informaciones sobre violencia y procesarla. Así se iban a poder elaborar mapas de conflictividad y delinear estrategias de pacificación en las zonas “duras”. Como en gran parte del mundo, se eligió como parámetro de estudio los homicidios, porque casi todos se registran y permiten establecer un panorama sobre la violencia en la sociedad, sus causas y sus lugares de ocurrencia.
Fragilidad revelada
El primer informe, presentado a fines de 2014 sobre los homicidios de 2013, fue revelador. En primer lugar, porque surgía luego del “apagón” estadístico que había generado el kirchnerismo desde 2007, cuando decidió dejar de medir muchos índices y cambió las reglas de juego en el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec). En segundo lugar, hizo ver la fragilidad de las mediciones en Tucumán. Hasta entonces, se estimaba, de acuerdo con informes de la Policía, que había un promedio de 60 homicidios por año en esta provincia. El informe judicial, tomado de actas policiales y comparado con cifras de las distintas fiscalías penales, determinó que en 2013 hubo 112 homicidios. El doble del promedio estimado. Al año siguiente, en diciembre de 2015, se presentó el segundo informe, correspondiente a las cifras de 2014: 109 homicidios. Esto indicaba un nuevo promedio y acaso el comienzo de una tarea más completa, porque se podía comenzar a hacer comparaciones a partir de relevamientos serios, no sometidos a presiones e intereses del poder. Además, a fines de 2015 las flamantes autoridades nacionales y provinciales podían sincerarse con respecto a las cifras para mostrar el panorama heredado e iniciar una agenda nueva.
Pero ya en 2016 el gobierno nacional hizo borrón y cuenta nueva: primero se publicó un informe sobre crimen y se reconoció que el relevamiento de datos era muy pobre e incompleto en el país. “Es obligación del Estado brindar estadísticas oficiales. Antes había una idea de reportar menos para hacer creer que el delito no existía”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril de 2016. Sin embargo, poco después anunció que el sistema de relevamiento funcionaba y que ya había cifras de 2015 y de 2016, y que comenzaba a registrarse una disminución de los índices delictivos. Pero en ese relevamiento se dio cuenta de sólo 86 homicidios en Tucumán para 2015, siendo que, solamente en LA GACETA, se habían publicado 96 casos. ¿De dónde habían salido los datos? Aparentemente, de informes policiales, aunque no se ha podido saber: para mayo de 2016, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, hizo firmar un acuerdo de confidencialidad a todos los integrantes del equipo de monitoreo preventivo y el estudio sobre los homicidios de 2015 jamás se dio a conocer. No se lo presentó formalmente, como se había hecho con los relevamientos de 2013 y 2014, y la oscuridad volvió a reinar. De allí es que Manzur pudo afirmar, el 1 de marzo, que habían descendido un 30% las cifras de homicidios en ocasión de robo. ¿El informe nacional se hizo con datos enviados por la policía tucumana? ¿Quién los ha chequeado? ¿Y cómo?
El regreso de la discrecionalidad
Y con la oscuridad volvieron las elucubraciones: una fuente policial hizo saber hace dos meses que en 2015 habían sido 123 los homicidios, y que en 2016 habían sido 119, lo cual confirmaba la tendencia en alza. Pero nadie en la Corte Suprema levantó la mano para revelar una cifra que estuviese sustentada en un trabajo responsable. La oscuridad ayuda a tirar datos discrecionales que no pueden ser contrastados.
Ahora bien, esto sólo deja interrogantes sobre lo que se está haciendo, si se analiza que la tendencia de 48 asesinatos hasta abril (12 por mes) daría un promedio de 144 para este año. También deja interrogantes acerca de qué quiere decir el Gobernador cuando asume el mensaje policial que diferencia los homicidios “en ocasión de robo”, cuando en el mundo la medición de la violencia se hace sobre la cantidad de homicidios dolosos, sin discriminar. La idea de “en ocasión de robo” parece ser un intento por demostrar que la situación no es tan grave y que los otros casos -asesinatos surgidos por riñas vecinales o entre conocidos, o por violencia doméstica- no son de incumbencia del Estado porque muchos ocurren -como dijo un fiscal el año pasado- dentro de las cuatro paredes de una vivienda, “donde no puede entrar la Policía a hacer prevención”.
Pero esta idea fatua deja fuera de análisis esos otros problemas, como la violencia de género. Y al estar fuera de estudio, son minimizados y las respuestas también. Así lo reclaman los grupos feministas cuando denuncian que las iniciativas contra la violencia doméstica y para evitar femicidios son lábiles y que pese a que se ha dictado la emergencia no se han previsto fondos para ponerla en práctica. En lo que va del año, hubo seis homicidios de mujeres (tres considerados femicidios, entre ellos el triste caso de Ornella Dottori) y dos muertes más en duda. O sea, un 12,5% de los 48 homicidios.
También se dejan de analizar otros datos, como el hecho de que en seis de los incidentes intervinieron agentes de las fuerzas de seguridad: desde la ejecución de los agricultores Moreno en enero en El Mollar, muertos por balas policiales, hasta el lamentable episodio del ladrón adolescente Braian Jerez, muerto anteayer en el sur de la ciudad por un balazo del gendarme Federico Armentini, quien lloró al ver que se moría el chico que le había quitado el celular y lo había amenazado con un arma de juguete. Otro caso fue el del ex policía Julio Olivera, que asesinó a su ex esposa, Silvia Morales, en el barrio Crucero Belgrano el domingo pasado.
Droga y prejuicio
Por otra parte, este escamoteo del análisis de la violencia permite que se justifiquen con prejuicios los casos que no se pueden entender. Ahora está en boga explicar por la droga todos los hechos violentos: el adolescente Jerez fue calificado como un adicto (por un vecino del gendarme que le disparó) y en el caso del automovilista Juan Marcelo Gallardo, que fue baleado el 8 de abril en Alderetes cuando trató de perseguir a dos asaltantes, se dijo que uno de los ladrones estaba “evidentemente” bajo los efectos de las drogas, debido a que hirió a su víctima a pesar de que esta le había entregado sin resistencia el celular.
Ahora bien ¿eso explica las causas de la violencia? La mayoría de los homicidios sucedieron en lugares donde siempre ocurren. Por caso,´en “La Bombilla”, donde hace 20 años había asesinatos como ahora; en aquel tiempo se justificaba la violencia con el Poxirán, porque entonces no había “paco”. ¿Si dejara de comercializarse el “paco” en “La Bombilla”, se pacificaría el barrio?
¿Quién va a estudiar lo que pasa? En Nueva York, ciudad emblemática en la que se ha logrado bajar los índices delictivos (en 2014 hubo 333 homicidios en una población de 8,4 millones de personas) un informe del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York explicó el descenso de todos los índices en cuatro causas: 1) el aumento del ingreso 2) el envejecimiento de la población 3) la disminución del consumo de alcohol y, sobre todo, 4) la técnica de administración policial llamada Comstat, que se basa en el análisis de datos para reunir información sobre patrones delictivos, hacer mapas del crimen y ayudar a los jefes policiales a diseñar una respuesta rápida para romper esos patrones (La Nación, 9/3/15).
En Tucumán está declarada la emergencia en seguridad desde octubre pasado. Se ha formado una comisión legislativa multidisciplinaria en la que se han hecho reuniones para elaborar estadísticas serias y hacer diagnósticos, pero cada sector está aferrado a sus problemas y no terminan de llegar a conclusiones claras. Sigue, eso sí, la búsqueda de salidas: para dentro de dos semanas se espera la visita de dos policías de Los Ángeles, que vienen a contar cómo es la experiencia en esa ciudad.
Mientras tanto, las cifras se van oscureciendo, al mismo tiempo que las palabras de los funcionarios hablan de transparencia y de elogio de la estadística. Acaso con este sofisma los funcionarios puedan discriminar a su antojo y decir que bajan los índices según su conveniencia. Pero el discurso se va distanciando de la realidad y no hace descender la violencia. La ética desaparece detrás de las palabras que dicen una cosa y los hechos que muestran otra, insegura y tenebrosa.
Se trata de una suma de problemas serios que tenemos los tucumanos -y también los argentinos- con respecto a la forma en que las autoridades registran la violencia y cómo usan esos datos según su conveniencia. Cuando asumió el actual gobierno nacional, ya funcionaba el centro de monitoreo que, por primera vez, parecía tener una intención seria de recabar informaciones sobre violencia y procesarla. Así se iban a poder elaborar mapas de conflictividad y delinear estrategias de pacificación en las zonas “duras”. Como en gran parte del mundo, se eligió como parámetro de estudio los homicidios, porque casi todos se registran y permiten establecer un panorama sobre la violencia en la sociedad, sus causas y sus lugares de ocurrencia.
Fragilidad revelada
El primer informe, presentado a fines de 2014 sobre los homicidios de 2013, fue revelador. En primer lugar, porque surgía luego del “apagón” estadístico que había generado el kirchnerismo desde 2007, cuando decidió dejar de medir muchos índices y cambió las reglas de juego en el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec). En segundo lugar, hizo ver la fragilidad de las mediciones en Tucumán. Hasta entonces, se estimaba, de acuerdo con informes de la Policía, que había un promedio de 60 homicidios por año en esta provincia. El informe judicial, tomado de actas policiales y comparado con cifras de las distintas fiscalías penales, determinó que en 2013 hubo 112 homicidios. El doble del promedio estimado. Al año siguiente, en diciembre de 2015, se presentó el segundo informe, correspondiente a las cifras de 2014: 109 homicidios. Esto indicaba un nuevo promedio y acaso el comienzo de una tarea más completa, porque se podía comenzar a hacer comparaciones a partir de relevamientos serios, no sometidos a presiones e intereses del poder. Además, a fines de 2015 las flamantes autoridades nacionales y provinciales podían sincerarse con respecto a las cifras para mostrar el panorama heredado e iniciar una agenda nueva.
Pero ya en 2016 el gobierno nacional hizo borrón y cuenta nueva: primero se publicó un informe sobre crimen y se reconoció que el relevamiento de datos era muy pobre e incompleto en el país. “Es obligación del Estado brindar estadísticas oficiales. Antes había una idea de reportar menos para hacer creer que el delito no existía”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril de 2016. Sin embargo, poco después anunció que el sistema de relevamiento funcionaba y que ya había cifras de 2015 y de 2016, y que comenzaba a registrarse una disminución de los índices delictivos. Pero en ese relevamiento se dio cuenta de sólo 86 homicidios en Tucumán para 2015, siendo que, solamente en LA GACETA, se habían publicado 96 casos. ¿De dónde habían salido los datos? Aparentemente, de informes policiales, aunque no se ha podido saber: para mayo de 2016, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, hizo firmar un acuerdo de confidencialidad a todos los integrantes del equipo de monitoreo preventivo y el estudio sobre los homicidios de 2015 jamás se dio a conocer. No se lo presentó formalmente, como se había hecho con los relevamientos de 2013 y 2014, y la oscuridad volvió a reinar. De allí es que Manzur pudo afirmar, el 1 de marzo, que habían descendido un 30% las cifras de homicidios en ocasión de robo. ¿El informe nacional se hizo con datos enviados por la policía tucumana? ¿Quién los ha chequeado? ¿Y cómo?
El regreso de la discrecionalidad
Y con la oscuridad volvieron las elucubraciones: una fuente policial hizo saber hace dos meses que en 2015 habían sido 123 los homicidios, y que en 2016 habían sido 119, lo cual confirmaba la tendencia en alza. Pero nadie en la Corte Suprema levantó la mano para revelar una cifra que estuviese sustentada en un trabajo responsable. La oscuridad ayuda a tirar datos discrecionales que no pueden ser contrastados.
Ahora bien, esto sólo deja interrogantes sobre lo que se está haciendo, si se analiza que la tendencia de 48 asesinatos hasta abril (12 por mes) daría un promedio de 144 para este año. También deja interrogantes acerca de qué quiere decir el Gobernador cuando asume el mensaje policial que diferencia los homicidios “en ocasión de robo”, cuando en el mundo la medición de la violencia se hace sobre la cantidad de homicidios dolosos, sin discriminar. La idea de “en ocasión de robo” parece ser un intento por demostrar que la situación no es tan grave y que los otros casos -asesinatos surgidos por riñas vecinales o entre conocidos, o por violencia doméstica- no son de incumbencia del Estado porque muchos ocurren -como dijo un fiscal el año pasado- dentro de las cuatro paredes de una vivienda, “donde no puede entrar la Policía a hacer prevención”.
Pero esta idea fatua deja fuera de análisis esos otros problemas, como la violencia de género. Y al estar fuera de estudio, son minimizados y las respuestas también. Así lo reclaman los grupos feministas cuando denuncian que las iniciativas contra la violencia doméstica y para evitar femicidios son lábiles y que pese a que se ha dictado la emergencia no se han previsto fondos para ponerla en práctica. En lo que va del año, hubo seis homicidios de mujeres (tres considerados femicidios, entre ellos el triste caso de Ornella Dottori) y dos muertes más en duda. O sea, un 12,5% de los 48 homicidios.
También se dejan de analizar otros datos, como el hecho de que en seis de los incidentes intervinieron agentes de las fuerzas de seguridad: desde la ejecución de los agricultores Moreno en enero en El Mollar, muertos por balas policiales, hasta el lamentable episodio del ladrón adolescente Braian Jerez, muerto anteayer en el sur de la ciudad por un balazo del gendarme Federico Armentini, quien lloró al ver que se moría el chico que le había quitado el celular y lo había amenazado con un arma de juguete. Otro caso fue el del ex policía Julio Olivera, que asesinó a su ex esposa, Silvia Morales, en el barrio Crucero Belgrano el domingo pasado.
Droga y prejuicio
Por otra parte, este escamoteo del análisis de la violencia permite que se justifiquen con prejuicios los casos que no se pueden entender. Ahora está en boga explicar por la droga todos los hechos violentos: el adolescente Jerez fue calificado como un adicto (por un vecino del gendarme que le disparó) y en el caso del automovilista Juan Marcelo Gallardo, que fue baleado el 8 de abril en Alderetes cuando trató de perseguir a dos asaltantes, se dijo que uno de los ladrones estaba “evidentemente” bajo los efectos de las drogas, debido a que hirió a su víctima a pesar de que esta le había entregado sin resistencia el celular.
Ahora bien ¿eso explica las causas de la violencia? La mayoría de los homicidios sucedieron en lugares donde siempre ocurren. Por caso,´en “La Bombilla”, donde hace 20 años había asesinatos como ahora; en aquel tiempo se justificaba la violencia con el Poxirán, porque entonces no había “paco”. ¿Si dejara de comercializarse el “paco” en “La Bombilla”, se pacificaría el barrio?
¿Quién va a estudiar lo que pasa? En Nueva York, ciudad emblemática en la que se ha logrado bajar los índices delictivos (en 2014 hubo 333 homicidios en una población de 8,4 millones de personas) un informe del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York explicó el descenso de todos los índices en cuatro causas: 1) el aumento del ingreso 2) el envejecimiento de la población 3) la disminución del consumo de alcohol y, sobre todo, 4) la técnica de administración policial llamada Comstat, que se basa en el análisis de datos para reunir información sobre patrones delictivos, hacer mapas del crimen y ayudar a los jefes policiales a diseñar una respuesta rápida para romper esos patrones (La Nación, 9/3/15).
En Tucumán está declarada la emergencia en seguridad desde octubre pasado. Se ha formado una comisión legislativa multidisciplinaria en la que se han hecho reuniones para elaborar estadísticas serias y hacer diagnósticos, pero cada sector está aferrado a sus problemas y no terminan de llegar a conclusiones claras. Sigue, eso sí, la búsqueda de salidas: para dentro de dos semanas se espera la visita de dos policías de Los Ángeles, que vienen a contar cómo es la experiencia en esa ciudad.
Mientras tanto, las cifras se van oscureciendo, al mismo tiempo que las palabras de los funcionarios hablan de transparencia y de elogio de la estadística. Acaso con este sofisma los funcionarios puedan discriminar a su antojo y decir que bajan los índices según su conveniencia. Pero el discurso se va distanciando de la realidad y no hace descender la violencia. La ética desaparece detrás de las palabras que dicen una cosa y los hechos que muestran otra, insegura y tenebrosa.
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