Por LA GACETA
29 Abril 2017
Es la vedette de la ciudad. Miles de tucumanos la han elegido para trasladarse porque es económica y además se la puede adquirir en cómodas cuotas. Así como brinda satisfacciones también es protagonista de infortunios que se reflejan en los accidentes diarios que se producen y que se cobran muchas veces víctimas mortales. Pero también da dolores de cabeza a la Policía por la gran cantidad de motos secuestradas a causa de infracciones a la Ley de Tránsito o porque se emplearon para cometer un delito.
En el predio de la Jefatura de Policía, en la calle en Italia al 3.000, yacen 3.475 motocicletas, muchas de ellas en estado deplorable. Como ya no tenían espacio donde seguir amontonando vehículos, se habilitó un galpón techado, ubicado en Italia al 2.800, donde están guardadas otras 2.400 motocicletas. Se estima que diario se secuestran 50 motos pero solamente se rescatan unas 15. Algunos vehículos llevan incautados seis años.
En nuestra amplia crónica publicada en nuestra edición del jueves, se indica que la Policía Vial eleva un expediente al Ministerio de Seguridad para que resuelva el pase a compactación de los vehículos, previamente debe obtener la autorización de la Dirección de Transporte de la Provincia. La demora en el trámite ocasiona una acumulación de 20 vehículos por día, algunos quedan estacionados al frente y en las adyacencias de las comisarías. El secretario provincial de Seguridad dijo que esta situación también les resulta problemática a ellos. La Policía Vial dispone de 200 agentes y varios están afectados las 24 horas a la custodia de las motos. “Preferimos disponer de ese personal y esas unidades para otras actividades de prevención”, afirmó. Agregó que es la Justicia la que debe disponer de un predio propio para los vehículos secuestrados.
En junio de 2014, la Legislatura decidió ocuparse de estos vehículos secuestrados en los depósitos provinciales y modificaron la Ley 8.502. Se acordó que los infractores dispondrían de 60 días corridos para realizar los trámites de recuperación sus vehículos, en caso contrario, saldrían a remate. El objetivo era descongestionar los corralones que estaban abarrotados de motos que nadie reclamaba. La norma establecía que si el interesado no reclamaba el vehículo secuestrado en el plazo de 180 días corridos, este podía ser subastado. El secretario provincial de Seguridad anunció en la oportunidad que alrededor de 7.000 motos de las 12 mil que estaban incautadas, iban ser compactadas para luego ser vendidas como chatarra. Añadió que los vehículos que se hallaran en buenas condiciones serían derivados a todas aquellas entidades públicas que requirieran movilidad. En septiembre de 2015, se informó que en los primeros nueve meses de ese año ascendían a 8.700 los vehículos confiscados. La subdirectora provincial de Transporte dijo entonces que tenían en el corralón rodados que habían sido secuestrados en 2011. Una de las causas de que no los retiraran se debía a que la deuda por la infracción cometida se incrementaba diariamente en el depósito, es decir que en 60 días la multa había crecido considerablemente.
Por lo visto, la situación no es nueva y al parecer, está aún lejos de encontrar una solución, menos de parte de la Justicia. Tal vez, en esta oportunidad, en lugar de destruirlos, se podría donar los vehículos en buen estado a localidades lejanas, donde la movilidad fuera mínima o quizás a damnificados por las inundaciones. Por otro lado, si las infracciones de tránsito o la carencia de documentos son las causas principales de los secuestros, indica que la educación vial de los conductores es mala. De manera que las autoridades deberían preguntarse qué es lo que están haciendo mal. Bien se sabe que a mayor educación menor transgresión y más civilidad.
En el predio de la Jefatura de Policía, en la calle en Italia al 3.000, yacen 3.475 motocicletas, muchas de ellas en estado deplorable. Como ya no tenían espacio donde seguir amontonando vehículos, se habilitó un galpón techado, ubicado en Italia al 2.800, donde están guardadas otras 2.400 motocicletas. Se estima que diario se secuestran 50 motos pero solamente se rescatan unas 15. Algunos vehículos llevan incautados seis años.
En nuestra amplia crónica publicada en nuestra edición del jueves, se indica que la Policía Vial eleva un expediente al Ministerio de Seguridad para que resuelva el pase a compactación de los vehículos, previamente debe obtener la autorización de la Dirección de Transporte de la Provincia. La demora en el trámite ocasiona una acumulación de 20 vehículos por día, algunos quedan estacionados al frente y en las adyacencias de las comisarías. El secretario provincial de Seguridad dijo que esta situación también les resulta problemática a ellos. La Policía Vial dispone de 200 agentes y varios están afectados las 24 horas a la custodia de las motos. “Preferimos disponer de ese personal y esas unidades para otras actividades de prevención”, afirmó. Agregó que es la Justicia la que debe disponer de un predio propio para los vehículos secuestrados.
En junio de 2014, la Legislatura decidió ocuparse de estos vehículos secuestrados en los depósitos provinciales y modificaron la Ley 8.502. Se acordó que los infractores dispondrían de 60 días corridos para realizar los trámites de recuperación sus vehículos, en caso contrario, saldrían a remate. El objetivo era descongestionar los corralones que estaban abarrotados de motos que nadie reclamaba. La norma establecía que si el interesado no reclamaba el vehículo secuestrado en el plazo de 180 días corridos, este podía ser subastado. El secretario provincial de Seguridad anunció en la oportunidad que alrededor de 7.000 motos de las 12 mil que estaban incautadas, iban ser compactadas para luego ser vendidas como chatarra. Añadió que los vehículos que se hallaran en buenas condiciones serían derivados a todas aquellas entidades públicas que requirieran movilidad. En septiembre de 2015, se informó que en los primeros nueve meses de ese año ascendían a 8.700 los vehículos confiscados. La subdirectora provincial de Transporte dijo entonces que tenían en el corralón rodados que habían sido secuestrados en 2011. Una de las causas de que no los retiraran se debía a que la deuda por la infracción cometida se incrementaba diariamente en el depósito, es decir que en 60 días la multa había crecido considerablemente.
Por lo visto, la situación no es nueva y al parecer, está aún lejos de encontrar una solución, menos de parte de la Justicia. Tal vez, en esta oportunidad, en lugar de destruirlos, se podría donar los vehículos en buen estado a localidades lejanas, donde la movilidad fuera mínima o quizás a damnificados por las inundaciones. Por otro lado, si las infracciones de tránsito o la carencia de documentos son las causas principales de los secuestros, indica que la educación vial de los conductores es mala. De manera que las autoridades deberían preguntarse qué es lo que están haciendo mal. Bien se sabe que a mayor educación menor transgresión y más civilidad.
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