Cartas de lectores

Catástrofes ambientales

El deterioro y agotamiento de los recursos naturales renovables y no renovables es uno de los problemas más graves que acosan a nuestro país y muy especialmente a las provincias montañosas como la nuestra. Prueba de ello la constituyen los torrentes, aluviones y aludes cada vez más frecuentes y graves que destruyen puentes, caminos y sus alcantarillas, llenan de sedimentos los embalses y los lechos de los ríos, provocando los consabidos desbordes y consecuentes inundaciones de pueblos y ciudades, campos, con destrucción de cultivos, maquinarias agrícolas, mortandad de fauna y ganado, y pérdida de vidas humanas. Son el producto de la destrucción de la vegetación boscosa y pastizales de las zonas montañosas por sobrepastoreo de haciendas o de fuegos intencionales, y la total falta de aplicación de prácticas de conservación de suelos en general. Estas acciones provocan la escorrentía de las aguas pluviales, las que comienzan a remover y transportar las partículas sólidas del mismo, evitando a la vez que esas aguas sean aprovechada por las plantas y que se infiltren en el perfil de suelo recargando los acuíferos artesianos y freáticos, que a la vez son, vertientes de por medio, los que generan el flujo base de los ríos, regularizando su caudal todo el año. Cuando se explotan bosques de montaña o se cultivan suelos en forma irracional comienza su deterioro, pero tan pronto como se supera su capacidad de recuperación, la desertización posterior, aunque haya cesado la acción desertizarte, suele ser rápida, catastrófica y normalmente irreversible. Ejemplo patético lo constituyen los valles Calchaquíes, antes cubiertos de algarrobales y profusos pastizales. Prevenir el deterioro de los recursos naturales según las normas legales imperantes es más fácil y económico que corregirlos una vez producidos. Desgraciadamente, ni las autoridades específicas responsables, ni los particulares, propietarios de bosques o agricultores en general, se han preocupado en hacer cumplir o cumplir estas normas. Históricamente, los gobernantes miran las catástrofes ambientales, por interés o ignorancia, como si fueran naturales, y sólo consideran los efectos inmediatos y tratan de solucionarlos, en la medida que no puedan dejarlo para el día siguiente, pero nunca reconocen vincular los mismo con sus gestiones. Otro elemento que conspira contra la preocupación de los políticos sobre el medio ambiente es que los trabajos y dineros invertidos en él no se verán a corto plazo, si es que se ven. Nadie se dará cuenta de que un río regularizó su caudal, no produciendo grandes torrentes durante las tormentas estivales, o que se está recuperando la vegetación en las montañas de la cuenca, o que se está recuperando la fauna autóctona. O sea, no producen votos. En el Protocolo Ambiental del Mercosur, suscripto por nuestro País, se sentencia “La paz y el desarrollo son interdependiente e inseparable de la protección del medio ambiente”. También nuestra Constitución Nacional consagra nuestros derechos a tener un ambiente sano y equilibrado, obligando a las autoridades a preservarlo, preocupación que también expresa nuestra Constitución Provincial. En su Carta Encíclica Laudato si, el Papa Francisco menciona, muy preocupado, el deterioro ambiental de nuestro país. Considerando la posibilidad de solucionar el problema de las inundaciones de la ciudad de La Madrid mudándola a otro sitio, es de una desprolijidad asombrosa, la muden adonde la muden, la ciudad estará insegura, ya que el deterioro ambiental sigue avanzando sin que el Gobierno haga nada para detenerlo, porque los torrentes serán cada vez más caudalosos, invadiendo tierras que antes no se inundaban. A los torrentes no se los embalsa ni se los canaliza; se los combate para que no se produzcan, con “Corrección de Torrentes”. Obviamente, un embalse o un canal de desagüe solo se realizan en condiciones extremas. Alberdi decía que un buen gobierno no es aquél que soluciona los problemas sino que es aquél que evita que estos se produzcan. Innumerables congresos e informes de expertos claman para que se solucionen los problemas ambientales de la provincia, clamores que fueron y son desoídos. Nuestro Gobierno no está obligado a mudar de lugar a una ciudad ni a hacer una defensa; sí está obligado a hacer que no haya torrentes o al menos de la magnitud incontrolable de los que hoy se presentan. Las leyes provinciales 6.253 de Medio Ambiente, 6.290 de Conservación de Suelos, 6.292 de Bosques y ley nacional 25.675 de Medio Ambiente, obligan al Poder Ejecutivo a preservar el suelo, los bosques, el agua, la fauna, obligación que es incumplida, conforme lo demuestran las catástrofes ambientales recientemente acaecidas en nuestra Provincia. No habiendo reacción oficial al respecto, y haciendo uso de las facultades que me otorga la ley nacional, antes citada, en su artículo 19 (Participación Ciudadana ), considero que tienen la palabra el Poder Judicial Provincial en lo que atañe a las Leyes Provinciales o al Poder Judicial Nacional en lo que atañe a la ley nacional y/o al Poder Ejecutivo nacional.

Rolando Raúl Riera
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Ingresos brutos

El sistema tributario sirve para el sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de los ciudadanos, siendo este el principio que debe guiar la estructura de nuestro sistema tributario. Caso contrario, los procedimientos fiscales potencian una evidente finalidad recaudatoria. Esa política requiere de recursos que el Estado obtiene de las empresas y trabajadores con una mayor carga tributaria. El impuesto sobre los Ingresos Brutos es el de mayor peso en la recaudación provincial, con una incidencia del 79% del total recaudado de impuestos. El saqueo impositivo ha dejado anémicas a las economías nacionales y regionales; hay escasa demanda laboral, salarios reales que caen por la inflación y la presión tributaria sigue en alza. El impuesto sobre los Ingresos Brutos alcanza al ejercicio habitual del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste. En el ejercicio 2017 aumenta el mínimo mensual que llega, en algunos casos, al 50% de los importes vigentes. El valor mensual mínimo de Ingresos Brutos pasará de $ 150 a $ 225 a partir del nuevo período fiscal. Es importante aclarar que existe un principio tributario, el de legalidad, que establece que “no hay tributo sin ley”. En consecuencia, todo tributo surge de una ley y el que no lo paga está violando la ley. Ingresos Brutos corresponde a las actividades autónomas, actos u operaciones que consisten en la aplicación de un porcentaje sobre la facturación de un negocio, independientemente de su ganancia. Esta “contribución” de impuestos, además de constituir un acto de violencia y agresión a los contribuyentes no sólo ataca y agrede al sujeto pasivo del mismo, sino que asalta y violenta a la sociedad toda en su conjunto. El editorial LA GACETA del 28 de enero de 2013 expresa: “El abuso conduce, de un lado, a la exacción ilegal y la recaudación espuria y del otro, a la rebelión fiscal y la evasión”. Esos excesos han de ser prevenidos con el ejercicio responsable de la potestad tributaria y procurando que su resultado, la recaudación, sea una manifestación efectiva y razonable de la capacidad contributiva. La potestad tributaria requiere de normas dotadas de un armazón de constitucionalidad: leyes y reglamentaciones administrativas que puedan “defenderse” a sí mismas en los Tribunales.

Julio Argentino Gómez
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La factura de EDET

Dentro de unos días se cumplirán tres meses de la lectura de la factura de febrero de EDET con un “error” sobrefacturado del 100% y hasta la fecha (a pesar de presentaciones ante ERSEPT, ( dos), Defensor del Pueblo hace unos días, y Carta al Director previa, no consigo que la Distribuidora eléctrica cumpla con su obligación de enviarme la factura corregida y me permita pagar como a cualquier usuario en las boca de cobro habilitadas, discriminándome en el ejercicio de éste derecho provocado por un error de ellos. EDET está sometiendo a esta ilegal situación, no sólo a mi, sino a miles de usuarios que no saben que la Empresa viola convenio de Concesión al obligarlos a ir a sus oficinas a retirar y pagar facturas con errores por ellos cometidos, para “ahorrarse” gastos de envíos y comisión de locales de cobro, sumando así dinero (que obligan a gastar a los Usuarios al mentirles que deben ir a sus oficinas), a las multimillonarias ganancias que están teniendo con las super incrementadas tarifas. Sólo me quedarán las acciones judiciales a las que invitaré a sumarse a toda aquella persona que se haya visto obligada a ir a las oficinas de EDET para pagar facturas con errores de la empresa para que devuelva el dinero de los usuarios obligados a gastos de tiempo y plata para beneficios de ellos. Solicito a cualquier Autoridad que pueda hacer algo para que la Empresa cese en su irregular proceder y proceda a informar en todos sus locales y medios de difusión de su obligación de enviar las facturas cuando cometen un error y que se pueda pagar en cualquier lugar de igual modo que reciben y pagan los demás usuario las boletas que no tuvieron “errores”.

Carlos Brepe
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Día del Animal

Vendrá el día en el que la matanza de un animal será considerada un crimen, tanto como el asesinato de un hombre (Leonardo da Vinci). Somos todos criaturas de Dios. ¿ Por qué excluir a los animales de protección, de compasión y de piedad?

Cristina Alonso
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Atlético Tucumán

Me dirijo al señor Mario Leito para compartir la siguiente reflexión: en los últimos partidos jugados en el Monumental observé y viví en carne propia el maltrato del personal de seguridad sobre madres y padres de niños. En mi caso, me tocó experimentar ese mal trago con mi nieto de cuatro años, por no tener el seguro para ingresar. Insólita exigencia, ya que no existe tal seguro. Sólo venden “menores” en partidos de AFA y por la Libertadores sólo venden “General”. Tengo entendido que los únicos privilegiados son los niños, señor presidente de Atlético. Pero esto en Atlético no existe; dejaron llorando a madres que no podían explicarles a sus hijos porqué no podían ingresar, por la violencia verbal y hasta física de estos personajes que debían “comunicar” esta disposición. Le pido que tome cartas en el asunto e implemente un seguro para menores de 12 años; para que así puedan disfrutar muchos niños que ahora no pueden hacerlo, y para evitar que se repitan situaciones como las que vivimos últimamente.

Sergio Daniel Ricci
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