Por LA GACETA
28 Abril 2017
Existe desde tiempos remotos. Estaba asociada con el asalto de embarcaciones o de lugares costeros. La literatura la vistió de aventura. Los ropajes fueron cambiando sobre todo en las últimas décadas. Actualmente, la piratería es también un delito contra la propiedad física o intelectual, robo, contrabando. Esta modalidad del latrocinio que atenta contra la propiedad intelectual, se palpa a diario, por ejemplo, en el microcentro y otros espacios públicos de San Miguel de Tucumán y de la provincia.
Una recorrida por las peatonales locales, luego de las 21.30 o 22 de cualquier día, permitirá constatar la abundante oferta de música y películas que han sido “truchadas”. Esta exhibición también se realiza a plena luz del día a la vista de todos. En las ferias, en las afueras de los estadios, se venden productos ilegales. Desde hace varios lustros, las fotocopias de libros se realizan con total naturalidad.
El 26 de abril se recordó el Día Mundial de la Propiedad Intelectual por una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas tomada en el año 2000. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se ocupa de estos asuntos, informa que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos empleados en el comercio. Distingue dos categorías: la industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras artísticas: novelas, poemarios y obras de teatro y musicales, películas, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre programas de radio y TV.
En mayo pasado, la Business Software Alliance, entidad internacional que agrupa a empresas que desarrollan programas de computación, señaló que en la Argentina el 70% del software era de origen ilegal o pirata. Según el informe de la BSA, en el caso argentino, el porcentaje de software sin licencia permanecía en niveles elevados, y advirtió que en el último año, el 50% de las computadoras vendidas en el país no tenían marca o se comercializaron en las denominadas “cajas blancas”.
A través de internet, el pillaje informático se generalizó y llevó prácticamente a la bancarrota a la industria musical y cinematográfica, que ha encontrado algunas alternativas para proteger los derechos. El fotocopiado íntegro de obras de diversos géneros y temáticas se ha convertido en nuestra sociedad en algo normal. En otra oportunidad, señalamos que el ciudadano y el comerciante perjudican de esta manera no sólo al mercado editorial, sino también al mismo autor, cuya obra es la materia prima, sin él, ningún negocio del tipo sería posible. Paradójicamente, en la cadena de comercialización, el creador es el que menos cobra, en particular, en nuestro país.
La realidad cotidiana muestra que las autoridades ignoran la ley nacional N° 11.723 que penaliza este delito y de ese modo, se convierten en cómplices de quien lo comete, así como aquel individuo que adquiere un producto “trucho”.
Una recorrida por las peatonales locales, luego de las 21.30 o 22 de cualquier día, permitirá constatar la abundante oferta de música y películas que han sido “truchadas”. Esta exhibición también se realiza a plena luz del día a la vista de todos. En las ferias, en las afueras de los estadios, se venden productos ilegales. Desde hace varios lustros, las fotocopias de libros se realizan con total naturalidad.
El 26 de abril se recordó el Día Mundial de la Propiedad Intelectual por una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas tomada en el año 2000. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se ocupa de estos asuntos, informa que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos empleados en el comercio. Distingue dos categorías: la industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras artísticas: novelas, poemarios y obras de teatro y musicales, películas, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre programas de radio y TV.
En mayo pasado, la Business Software Alliance, entidad internacional que agrupa a empresas que desarrollan programas de computación, señaló que en la Argentina el 70% del software era de origen ilegal o pirata. Según el informe de la BSA, en el caso argentino, el porcentaje de software sin licencia permanecía en niveles elevados, y advirtió que en el último año, el 50% de las computadoras vendidas en el país no tenían marca o se comercializaron en las denominadas “cajas blancas”.
A través de internet, el pillaje informático se generalizó y llevó prácticamente a la bancarrota a la industria musical y cinematográfica, que ha encontrado algunas alternativas para proteger los derechos. El fotocopiado íntegro de obras de diversos géneros y temáticas se ha convertido en nuestra sociedad en algo normal. En otra oportunidad, señalamos que el ciudadano y el comerciante perjudican de esta manera no sólo al mercado editorial, sino también al mismo autor, cuya obra es la materia prima, sin él, ningún negocio del tipo sería posible. Paradójicamente, en la cadena de comercialización, el creador es el que menos cobra, en particular, en nuestro país.
La realidad cotidiana muestra que las autoridades ignoran la ley nacional N° 11.723 que penaliza este delito y de ese modo, se convierten en cómplices de quien lo comete, así como aquel individuo que adquiere un producto “trucho”.
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