Por Gustavo Rodríguez
25 Abril 2017
El ministro Regino Amado rendirá hoy por la tarde un examen en la Legislatura. Varios pronostican que será más duro que el de las paritarias que mantuvo con los distintos sectores de la administración pública. De allí salió airoso, sin sobresaltos, pero de este encuentro nadie se atreve a afirmar qué pasará. Deberá informarles a los integrantes de la comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad lo que hizo el Gobierno en todo este tiempo para disminuir los índices delictivos.
Se sabe que su exposición no será oral sino que presentará un escrito, que hasta ayer al mediodía se mantenía en secreto. Lo más probable es que en ese informe aparezcan muchos números e interpretaciones. Por ejemplo, que se incrementaron las detenciones y el secuestro de drogas. Dirá que en tiempo récord se construyó el Pabellón Nº 10 del penal de Villa Urquiza, un paliativo para la crisis carcelaria. Orgulloso, señalará que avanza la construcción del destacamento de Gendarmería Nacional en Capitán Cáceres, obra que Amado considera clave para la lucha contra el contrabando en la provincia. Aunque la Secretaría de Seguridad de la Nación recién lo oficializará dentro de unas semanas, es muy probable que en los papeles que muestre también explique que, por segundo año consecutivo, en el informe estadístico la provincia redujo la mayoría de los índices delictivos.
Amado se complicará cuando intente demostrar que al PE sí le interesa la seguridad. El presupuesto para el área es de casi $ 3.000 milones (se ajustó por inflación al anterior) y el 98% se destina al pago de los sueldos. El 2% restante, unos $ 60 millones, debe ser utilizado para la adquisición de móviles y equipos que supuestamente sirven para modernizar a la fuerza. Por ese motivo, los funcionarios del área caminan los pasillos de Casa de Gobierno buscando partidas especiales que les permitan poder cumplir con todos los planes. Desde que Juan Manzur asumió como gobernador, la Policía no recibió ningún vehículo para reemplazar los que ya están pidiendo a gritos ser retirados de las calles. En la vida hay algunos gestos que marcan conductas e intereses. El Gobernador no asistió a la inauguración del nuevo pabellón, la obra más importante que se realizó en el sistema carcelario en la última década. “Para luchar contra la inseguridad se necesita plata, pero aquí no la ponen”, dice en off un legislador oficialista que está disconforme con la inacción del PE.
Silencios
En un salón de la Legislatura habrá varias personas como público. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Gandur, será uno de los que espere ansioso las palabras del ministro. Él no dirá ni una palabra de que el fuero penal está a un paso de colapsar. En estos momentos, la fiscala Adriana Reinoso Cuello está atendiendo tres fiscalías (I, V y VI, que está de turno), su par Adriana Giannoni estuvo al frente de otras durante dos turnos consecutivos (VIII y IX) y María del Carmen Reuter también dirige dos oficinas (III y X). Además, tres jueces de instrucción están haciendo el trabajo de cinco juzgados. Por eso no sorprende un alarmante dato estadístico: de cada 100 causas, sólo tres llegan a juicio en un año.
El camarista federal Ricardo Sanjuán y el juez Fernando Poviña tampoco tendrán la oportunidad de explicar los padecimientos del fuero federal. Están preocupados porque observan que se incrementan las detenciones por venta de droga y de contrabando, pero no tienen un lugar para alojar a los apresados. Saben que de un momento a otro los tendrán que liberar por falta de espacio. Desde hace más de un año reclaman la construcción de una Alcaldía Federal, pero la Nación mira para otro lado. Se espantan con la posibilidad de que más gendarmes sean llevados a Buenos Aires desprotegiendo aún más la frontera con Bolivia, donde la cocaína y fundamentalmente la ropa pasan sin problemas. Para ellos también es una quimera la creación de una Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar), como pretende la senadora Silvia Elías de Pérez, como una herramienta para luchar con mayor fuerza contra los narcos.
Entre los legisladores las opiniones están divididas. Se sabe que los opositores buscarán con lápiz en mano marcar todos los puntos débiles para castigar a una gestión que no tiene como tema prioritario la lucha contra la inseguridad. Los oficialistas están dispuestos a bancar la parada hasta un punto porque no quieren inmolarse políticamente. Mientras tanto, seguirán dándole la espalda a la sociedad. Después de semanas de intenso debate, el tratamiento de la llamada “Ley de Motochorros” pasó al olvido, no se discutió más. Ahora sí están dispuestos a crear una norma para proteger a los profesionales de la salud que son agredidos por familiares de pacientes. Para ello, dos proyectos estipulan que sean detenidos por contravención, norma que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En esta provincia no hacen faltan más leyes, sino que se las hagan cumplir”, dijo una fiscala al opinar sobre el tema.
Está claro que en Tucumán reina la ley del “Antón Pirulero”, donde cada poder atiende su juego. Todavía no entendieron que para luchar contra la inseguridad se necesita un plan integral donde los tres poderes proyecten y debatan proyectos para cosechar a mediano y a largo plazo. No hay que engañarse. La inseguridad no se resuelve de un día para el otro. Tampoco se la combate con medidas espasmódicas y, menos aún, ocultando los verdaderos problemas que transforman a la provincia en insegura.
Se sabe que su exposición no será oral sino que presentará un escrito, que hasta ayer al mediodía se mantenía en secreto. Lo más probable es que en ese informe aparezcan muchos números e interpretaciones. Por ejemplo, que se incrementaron las detenciones y el secuestro de drogas. Dirá que en tiempo récord se construyó el Pabellón Nº 10 del penal de Villa Urquiza, un paliativo para la crisis carcelaria. Orgulloso, señalará que avanza la construcción del destacamento de Gendarmería Nacional en Capitán Cáceres, obra que Amado considera clave para la lucha contra el contrabando en la provincia. Aunque la Secretaría de Seguridad de la Nación recién lo oficializará dentro de unas semanas, es muy probable que en los papeles que muestre también explique que, por segundo año consecutivo, en el informe estadístico la provincia redujo la mayoría de los índices delictivos.
Amado se complicará cuando intente demostrar que al PE sí le interesa la seguridad. El presupuesto para el área es de casi $ 3.000 milones (se ajustó por inflación al anterior) y el 98% se destina al pago de los sueldos. El 2% restante, unos $ 60 millones, debe ser utilizado para la adquisición de móviles y equipos que supuestamente sirven para modernizar a la fuerza. Por ese motivo, los funcionarios del área caminan los pasillos de Casa de Gobierno buscando partidas especiales que les permitan poder cumplir con todos los planes. Desde que Juan Manzur asumió como gobernador, la Policía no recibió ningún vehículo para reemplazar los que ya están pidiendo a gritos ser retirados de las calles. En la vida hay algunos gestos que marcan conductas e intereses. El Gobernador no asistió a la inauguración del nuevo pabellón, la obra más importante que se realizó en el sistema carcelario en la última década. “Para luchar contra la inseguridad se necesita plata, pero aquí no la ponen”, dice en off un legislador oficialista que está disconforme con la inacción del PE.
Silencios
En un salón de la Legislatura habrá varias personas como público. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Gandur, será uno de los que espere ansioso las palabras del ministro. Él no dirá ni una palabra de que el fuero penal está a un paso de colapsar. En estos momentos, la fiscala Adriana Reinoso Cuello está atendiendo tres fiscalías (I, V y VI, que está de turno), su par Adriana Giannoni estuvo al frente de otras durante dos turnos consecutivos (VIII y IX) y María del Carmen Reuter también dirige dos oficinas (III y X). Además, tres jueces de instrucción están haciendo el trabajo de cinco juzgados. Por eso no sorprende un alarmante dato estadístico: de cada 100 causas, sólo tres llegan a juicio en un año.
El camarista federal Ricardo Sanjuán y el juez Fernando Poviña tampoco tendrán la oportunidad de explicar los padecimientos del fuero federal. Están preocupados porque observan que se incrementan las detenciones por venta de droga y de contrabando, pero no tienen un lugar para alojar a los apresados. Saben que de un momento a otro los tendrán que liberar por falta de espacio. Desde hace más de un año reclaman la construcción de una Alcaldía Federal, pero la Nación mira para otro lado. Se espantan con la posibilidad de que más gendarmes sean llevados a Buenos Aires desprotegiendo aún más la frontera con Bolivia, donde la cocaína y fundamentalmente la ropa pasan sin problemas. Para ellos también es una quimera la creación de una Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar), como pretende la senadora Silvia Elías de Pérez, como una herramienta para luchar con mayor fuerza contra los narcos.
Entre los legisladores las opiniones están divididas. Se sabe que los opositores buscarán con lápiz en mano marcar todos los puntos débiles para castigar a una gestión que no tiene como tema prioritario la lucha contra la inseguridad. Los oficialistas están dispuestos a bancar la parada hasta un punto porque no quieren inmolarse políticamente. Mientras tanto, seguirán dándole la espalda a la sociedad. Después de semanas de intenso debate, el tratamiento de la llamada “Ley de Motochorros” pasó al olvido, no se discutió más. Ahora sí están dispuestos a crear una norma para proteger a los profesionales de la salud que son agredidos por familiares de pacientes. Para ello, dos proyectos estipulan que sean detenidos por contravención, norma que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En esta provincia no hacen faltan más leyes, sino que se las hagan cumplir”, dijo una fiscala al opinar sobre el tema.
Está claro que en Tucumán reina la ley del “Antón Pirulero”, donde cada poder atiende su juego. Todavía no entendieron que para luchar contra la inseguridad se necesita un plan integral donde los tres poderes proyecten y debatan proyectos para cosechar a mediano y a largo plazo. No hay que engañarse. La inseguridad no se resuelve de un día para el otro. Tampoco se la combate con medidas espasmódicas y, menos aún, ocultando los verdaderos problemas que transforman a la provincia en insegura.
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