Por LA GACETA
23 Abril 2017
El análisis de datos de la vida en una comunidad sirve para definir el rumbo de la administración y el devenir de esa comunidad. Es un concepto claro que permite entender las razones y la necesidad, tanto de las medidas que implementan las autoridades como los pedidos y reclamos de los miembros de la sociedad. En ese sentido, cuando asumieron tanto el gobernador, Juan Manzur, como el presidente, Mauricio Macri, expusieron como pilares de sus políticas de gobierno la transparencia de los actos públicos y la recopilación de datos en aras de la formulación de políticas de desarrollo y de mejora de la vida social.
En el año y medio que ha pasado desde el comienzo de ambos gobiernos, algunas medidas han sido anunciadas en el marco de debates contra la corrupción y en medio de fuertes reclamos contra el anterior Gobierno nacional respecto de la “herencia recibida”. En especial en lo que hace a lo que se ha llamado el “apagón estadístico” en que cayó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde 2007, cuando desde las más altas esferas se presionó para cambiar algunos modos de recopilar y analizar los datos. Eso generó una tormenta política que se mantuvo hasta 2016, cuando el nuevo Gobierno nacional anunció mayores certezas y transparencia en el Indec y se trató con más serenidad las cifras que recopila el Estado. A nivel nacional, se ha hablado del acceso a la información (se sancionó una ley que no está aún reglamentada) y también de datos abiertos en internet (se creó por decreto el portal de datos www.datos.gob.ar, pero según el sitio Chequeado, sólo se publican 28 datasets de ministerios y no tienen cifras actualizadas). A nivel provincial se anunció en diciembre el portal web del Sistema Provincial de Estadísticas (http://sep.tucuman.gov.ar/) con el objetivo de “transparentar y sistematizar la información del Estado”, con una primera etapa en la que sólo 20 organismos entregaban informes y con la expectativa de que otras 30 oficinas se sumen este año al proyecto. El secretario de Gestión Pública y Planeamiento informó en ese momento que el desarrollo de este programa “permitirá al público acceder a información estadística de las áreas de salud, productiva, educativa, poblacional, de seguridad, pobreza, demografía; datos de la provincia y desagregados por municipio”. La iniciativa, que fue recibida con grandes expectativas, depende de la voluntad de los responsables de las diferentes áreas para que se transforme en una tarea sistemática de recopilación y análisis de datos.
Lo que la realidad nos está mostrando, hasta ahora, es que el funcionamiento del Estado se ha regido por políticas en las que los datos y las cifras han sido mantenidas ocultas o han sido reveladas parcialmente, con el objetivo de mostrar partes de la realidad y dirigir el barco comunitario en determinadas direcciones. Pero a lo largo del tiempo se termina comprobando que muchos de esos problemas que estaban en camino de ser solucionados con las medidas adoptadas, en realidad, se han mantenido o se han agravado. Un tremendo ejemplo de esto es el reciente informe sobre los resultados del operativo Aprender en cuanto a la educación argentina. Al respecto hay que señalar que en la difusión de ese informe se ha puesto el índice en cifras generales pero aún no se dieron a conocer los datos correspondientes a nuestra provincia y los desagregados por las distintas regiones de nuestro territorio.
Se trata de una cuestión compleja, difícil de implementar y que suele estar siempre limitada por las necesidades políticas del momento y por la falta de preparación adecuada para ponerlas en práctica. Por caso, en la provincia ha vuelto a ponerse bajo la luz pública el debate sobre la ley de ética pública, que organismos no gubernamentales reclaman que sea reglamentada ya que esta tarea lleva un atraso de varios meses.
El Estado se halla en mora en esta cuestión y muchos de sus integrantes no parecen muy convencidos de la necesidad de transparentar los datos y de recopilarlos con metodologías adecuadas y no sujetas a los intereses políticos del momento. Por ello están en riesgo las pocas iniciativas llevadas a cabo, a pesar de que las expresiones transparencia y recopilación estadística rigurosa siempre están a mano de los funcionarios. Sería oportuno reflexionar sobre esta carencia y actuar en consecuencia, tanto a nivel nacional como provincial, en beneficio de la sociedad toda.
En el año y medio que ha pasado desde el comienzo de ambos gobiernos, algunas medidas han sido anunciadas en el marco de debates contra la corrupción y en medio de fuertes reclamos contra el anterior Gobierno nacional respecto de la “herencia recibida”. En especial en lo que hace a lo que se ha llamado el “apagón estadístico” en que cayó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde 2007, cuando desde las más altas esferas se presionó para cambiar algunos modos de recopilar y analizar los datos. Eso generó una tormenta política que se mantuvo hasta 2016, cuando el nuevo Gobierno nacional anunció mayores certezas y transparencia en el Indec y se trató con más serenidad las cifras que recopila el Estado. A nivel nacional, se ha hablado del acceso a la información (se sancionó una ley que no está aún reglamentada) y también de datos abiertos en internet (se creó por decreto el portal de datos www.datos.gob.ar, pero según el sitio Chequeado, sólo se publican 28 datasets de ministerios y no tienen cifras actualizadas). A nivel provincial se anunció en diciembre el portal web del Sistema Provincial de Estadísticas (http://sep.tucuman.gov.ar/) con el objetivo de “transparentar y sistematizar la información del Estado”, con una primera etapa en la que sólo 20 organismos entregaban informes y con la expectativa de que otras 30 oficinas se sumen este año al proyecto. El secretario de Gestión Pública y Planeamiento informó en ese momento que el desarrollo de este programa “permitirá al público acceder a información estadística de las áreas de salud, productiva, educativa, poblacional, de seguridad, pobreza, demografía; datos de la provincia y desagregados por municipio”. La iniciativa, que fue recibida con grandes expectativas, depende de la voluntad de los responsables de las diferentes áreas para que se transforme en una tarea sistemática de recopilación y análisis de datos.
Lo que la realidad nos está mostrando, hasta ahora, es que el funcionamiento del Estado se ha regido por políticas en las que los datos y las cifras han sido mantenidas ocultas o han sido reveladas parcialmente, con el objetivo de mostrar partes de la realidad y dirigir el barco comunitario en determinadas direcciones. Pero a lo largo del tiempo se termina comprobando que muchos de esos problemas que estaban en camino de ser solucionados con las medidas adoptadas, en realidad, se han mantenido o se han agravado. Un tremendo ejemplo de esto es el reciente informe sobre los resultados del operativo Aprender en cuanto a la educación argentina. Al respecto hay que señalar que en la difusión de ese informe se ha puesto el índice en cifras generales pero aún no se dieron a conocer los datos correspondientes a nuestra provincia y los desagregados por las distintas regiones de nuestro territorio.
Se trata de una cuestión compleja, difícil de implementar y que suele estar siempre limitada por las necesidades políticas del momento y por la falta de preparación adecuada para ponerlas en práctica. Por caso, en la provincia ha vuelto a ponerse bajo la luz pública el debate sobre la ley de ética pública, que organismos no gubernamentales reclaman que sea reglamentada ya que esta tarea lleva un atraso de varios meses.
El Estado se halla en mora en esta cuestión y muchos de sus integrantes no parecen muy convencidos de la necesidad de transparentar los datos y de recopilarlos con metodologías adecuadas y no sujetas a los intereses políticos del momento. Por ello están en riesgo las pocas iniciativas llevadas a cabo, a pesar de que las expresiones transparencia y recopilación estadística rigurosa siempre están a mano de los funcionarios. Sería oportuno reflexionar sobre esta carencia y actuar en consecuencia, tanto a nivel nacional como provincial, en beneficio de la sociedad toda.
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